Redacción/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- La empresa Ultramar acusó a Héctor Alejandro Matey Espadas de presunta administración fraudulenta y extorsión durante el periodo en que se desempeñó como administrador de la naviera.
En conferencia de prensa, Marco Antonio de la Rosa, abogado de la empresa, afirmó que el imputado habría generado un daño patrimonial mediante mil 769 operaciones sospechosas relacionadas con pagos a por lo menos 18 empresas presuntamente fantasma, localizadas en Yucatán, Nuevo León y Coahuila.
“Esto da indicios razonables de que estamos ante una red de personas que estaban coludidas para realizar esta malversación de fondos. El daño patrimonial a Ultramar ha sido muy grande”, señaló.
Explicó que las irregularidades fueron detectadas durante auditorías internas, luego de que se solicitara información contable y, según dijo, existiera resistencia para entregar documentación requerida.
Detalló que una revisión posterior permitió identificar movimientos financieros sin respaldo documental, fuera de los manuales internos de pago de la empresa, incluyendo transferencias realizadas en días distintos a los autorizados y sin facturas, órdenes de pago ni soporte administrativo.
Según el abogado, al solicitar explicaciones, Héctor Alejandro señaló que actuaba bajo instrucciones de una tercera persona, mencionando incluso a otros integrantes de la empresa, cuyos nombres no fueron revelados.
Además del presunto fraude, Ultramar sostiene una acusación por extorsión. De la Rosa afirmó que durante la auditoría directivos y socios recibieron llamadas intimidatorias para exigir que se suspendiera la investigación.
Indicó que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo integró elementos que, según la empresa, vincularían al imputado con esas llamadas.
También aseguró que existen indicios patrimoniales que consideran inconsistentes con su ingreso declarado, al referir la posesión de un yate, vehículos de lujo, ganado, caballos y propiedades en Mérida e Isla Dorada.
El litigante sostuvo que ambas carpetas de investigación ya fueron judicializadas y que Héctor Alejandro permanece en prisión preventiva por determinación judicial.
La empresa descartó que el proceso tenga motivaciones políticas y sostuvo que se trata de un conflicto estrictamente entre particulares
