Redacción/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El diputado de la XVIII Legislatura de Quintana Roo José Luis Pech anunció su voto en contra de la reforma a la Ley de Movilidad enviada por la Gobernadora, al advertir que las modificaciones podrían comprometer las finanzas municipales y estatales por periodos de hasta 30 años, además de concentrar facultades de transporte público en el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo).
Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que, aunque comparte el objetivo de mejorar el transporte público, existen riesgos en el diseño de la iniciativa.
“Estoy totalmente de acuerdo en que los quintanarroenses deben recibir un sistema de transporte público eficiente, económico, incluyente y confortable, pero no en que se modifiquen las leyes para comprometer las finanzas de las futuras administraciones”, expresó.
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El legislador cuestionó el proceso legislativo con el que se analizó la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal, al señalar que el proyecto fue presentado la semana pasada, leído el lunes en el Congreso, discutido el martes en comisiones y programado para votación este miércoles.
En su posicionamiento, también reprochó que otras iniciativas presentadas previamente —como la propuesta para eliminar la llamada “ley chaleco” aplicada a motociclistas y otra para establecer la licencia permanente de conducir— permanezcan sin dictaminar en la comisión legislativa correspondiente.
Cuestionamientos al modelo de movilidad
El diputado enumeró varios elementos que, a su juicio, generan dudas sobre el fondo de la reforma. Entre ellos mencionó cambios legales realizados previamente para permitir que una persona sin vecindad en el estado pudiera dirigir el Imoveqroo, así como el posterior nombramiento de un funcionario que anteriormente encabezó el sistema de transporte de Yucatán.
También señaló similitudes entre la iniciativa en discusión y el modelo aplicado en Mérida con el sistema “Va-y-Ven”, el cual —según dijo— implicó subsidios significativos para el gobierno estatal yucateco.
De acuerdo con su argumentación, la reforma contempla que los municipios cedan facultades para otorgar concesiones de transporte público a un organismo estatal y puedan firmar convenios con compromisos financieros de largo plazo.
Según el legislador, los acuerdos podrían extenderse entre 10 y 30 años, lo que implicaría comprometer recursos de futuras administraciones municipales sin la necesidad de ratificaciones periódicas por parte de los cabildos o del propio Congreso.
Asimismo, advirtió que otra modificación establece que el presupuesto destinado a movilidad no sea inferior al del ejercicio fiscal anterior, lo que, en su opinión, garantizaría recursos permanentes para el sistema.
Posicionamiento final
En su intervención, el legislador reiteró que respalda la necesidad de mejorar el transporte público en Quintana Roo, pero consideró que el mecanismo propuesto podría trasladar costos financieros a futuras administraciones.
“Estoy a favor de mejorar el transporte público, pero en contra de que se comprometan las finanzas públicas para beneficiar intereses particulares”, sostuvo al concluir su participación.
La reforma a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, junto con cambios a la Ley de los Municipios y a la Ley de Seguridad Ciudadana, fue programada para votación en el pleno de la XVIII Legislatura durante la sesión de este miércoles.
