Ciudad de México. 16 de octubre de 2025. El coordinador general de política y gobierno de la presidencia de la república, Arturo Zaldívar, denunció la existencia de una campaña coordinada de desinformación enfocada en desacreditar los ajustes a la reforma a la ley de amparo. Zaldívar aseguró que esta arremetida busca hacer creer que las modificaciones son regresivas y que limitan la defensa de las personas, lo que es “absolutamente falso”.
La campaña orquestada: Intereses económicos y el viejo sistema
Arturo Zaldívar sostuvo que las críticas contra la reforma a la ley de amparo responden a intereses específicos y son impulsadas por actores que se han visto afectados por los esfuerzos de modernización judicial y el cobro de adeudos fiscales.
Actores señalados por la presidencia
El funcionario presidencial señaló directamente a los promotores de esta desinformación, mencionando que se trata de grupos específicos que tienen motivaciones ocultas para obstaculizar los cambios:
- Jueces o magistrados “que se vieron afectados con la reforma judicial”.
- “Empleados o abogados de deudores fiscales muy conocidos”.
- Comentócratas “aliados al viejo sistema”.
Zaldívar afirmó que a los opositores “se les hace muy fácil simplemente descalificar… mienten deliberadamente”. Para ejemplificar el abuso del sistema previo, señaló que uno de los magistrados que ahora critica la reforma “se dedicó a otorgar suspensiones generales, favoreciendo a empresas extranjeras en materia energética, violando la ley y generando muchos daños al país”.
Subrayó que “quizás deberíamos ver a qué intereses responden quienes hoy critican esta reforma, que lo único que busca es hacer un juicio de amparo más ágil, más cercano, más claro y corregir algunos excesos”.
El argumento legal: Desmintiendo la retroactividad
Una de las principales críticas técnicas que ha recibido la reforma es la supuesta aplicación retroactiva de la ley. Al respecto, Zaldívar fue enfático en la mañanera del pueblo al subrayar que en la reforma no existe la retroactividad, y que por ende, no se afecta ningún derecho de los justiciables.
Explicó con precisión cómo se aplicará la nueva legislación a los casos en curso: “todas las etapas de los juicios de amparo en trámite que hayan concluido, es decir, la admisión de la demanda, la suspensión, la resolución de algún recurso ya no se pueden tocar”.
Sin embargo, aclaró que “las etapas futuras se regirán por las reformas a la ley de amparo; aquí no hay ninguna retroactividad y no se afecta ningún derecho de los justiciables”.
Los objetivos de la reforma: Agilidad y combate al abuso
El coordinador general de política y gobierno defendió que la nueva ley busca evitar que “ciertas personas utilicen una institución tan noble para fines ilícitos o al menos socialmente censurables”.
Afirmó que un gobierno que proviene de una historia de defensa de la democracia y de los derechos humanos “no podría proponer reformas regresivas en materia de derechos humanos”. El objetivo central es que el amparo ahora sea más expedito, ágil y moderno, con un enfoque particular en el cobro de créditos fiscales y el combate al crimen organizado.
El amparo contra el crimen organizado y deudores fiscales
La reforma busca ser una herramienta efectiva contra prácticas ilegales. Zaldívar detalló las áreas clave donde el ajuste legal tendrá un impacto directo:
- Combate al lavado de dinero: Con la reforma “se evita el abuso que se estaba haciendo con suspensiones para dificultar y obstaculizar el combate a lavado de dinero”.
- Delincuencia organizada: El amparo “no puede servir para defender y proteger a gente que se dedica a lavar dinero y ser parte de la delincuencia organizada”.
- Cobro de créditos fiscales: Se acortan los procedimientos que duraron años, generando “un daño enorme a la colectividad, a la sociedad, al pueblo de méxico”.
En el caso específico de los créditos fiscales, el proceso se modificó para que, ante un crédito firme, “las diferentes etapas del procedimiento de cobro no se pueden impugnar; se impugnará la resolución final”. Zaldívar aseguró que esta modificación no afecta la defensa de los particulares ni de los deudores, ya que “al final del procedimiento, podrán hacer valer todas las defensas que quieran”. Si la autoridad se equivocó, el amparo se otorgará, pero si no, tendrán que pagar y el procedimiento se acorta durante varios años.
La contundencia de la respuesta oficial subraya una verdad ineludible: la oposición a la reforma no es meramente técnica, sino que se enraíza en los profundos intereses económicos que dependen de la lentitud o la ambigüedad del sistema de justicia. El desafío de la presidencia será demostrar, con hechos, que la agilidad procesal prometida no sacrificará los derechos fundamentales en aras de la eficiencia recaudatoria.
