Redacción
UMÁN. – Pobladoras y pobladores mayas de la comunidad de Xcucul Sur, en el municipio de Umán, interpusieron una demanda de amparo contra diversas autoridades federales y estatales, señalando la omisión en sus deberes de proteger los derechos al medio ambiente sano, la salud y la vivienda.
La demanda fue dirigida contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como el Gobierno del Estado de Yucatán, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y Protección Civil.
La comunidad denunció que, a menos de 100 metros de sus viviendas, opera un banco de materiales que realiza extracción de piedra mediante detonaciones con dinamita, actividad que ha generado graves afectaciones a su salud, sus hogares y el entorno natural.
El Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán, a cargo de la jueza Mercedes del Sol Hernández Cetina, admitió la demanda y otorgó una suspensión provisional que ordena el cese inmediato de las actividades del banco de materiales. En su resolución, la jueza consideró que la operación del sitio “podría causar un daño inminente e irreparable a la salud, la vivienda y el medio ambiente sano”, debido a que se encuentra en una zona habitada.
Asimismo, destacó que este tipo de actividades están fuertemente reguladas, dado el riesgo social que implican. Con base en las pruebas presentadas, el juzgado determinó que existen indicios de que la operación del banco es ilegal. Por ello, responsabilizó a SEMARNAT, PROFEPA, SEDENA, y a las autoridades estatales involucradas de garantizar que la empresa minera suspenda sus actividades.
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El caso de Xcucul Sur ilustra el modo en que la explotación de bancos de materiales -una forma de minería se lleva a cabo en una zona gris entre la legalidad y la ilegalidad. Estas actividades involucran una red compleja de empresas constructoras, autoridades locales y marcos regulatorios permisivos, a menudo en detrimento de comunidades afectadas.
Este patrón no es un hecho aislado. Es una expresión local de un modelo extractivo más amplio que, bajo el discurso del desarrollo, reproduce dinámicas de despojo, deterioro ambiental y vulneración de derechos colectivos en toda la península de Yucatán.
La minería de materiales pétreos no es nueva en la región, pero ha crecido de forma acelerada debido a la alta demanda de insumos por megaproyectos como el Tren Maya y el desarrollo inmobiliario, lo que deja de manifiesto la falta de planeación y regulación sobre el crecimiento urbano, intensificando el impacto sobre comunidades y ecosistemas.
Este 26 de septiembre de 2025 está programada una audiencia clave, en la que se espera que el Juzgado Tercero de Distrito ratifique la suspensión de actividades mientras se resuelve el juicio de fondo.
El pueblo maya de Xcucul Sur exige el respeto a sus derechos colectivos, el fin de la criminalización que enfrentan por defender su territorio y la cancelación definitiva de este proyecto extractivo, que amenaza su vida, salud y forma de vida.
Con información de LectorMx/Comunicado
