Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, intentó detener legalmente su reclusión en México tras ser deportado desde Estados Unidos. Un Tribunal Federal ya le cerró esa vía.
Yarrington y su caída: un caso que se sigue escribiendo
La historia del exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba es, ante todo, una muestra de cómo el poder político en México puede entrelazarse con estructuras criminales.
Luego de varios años prófugo y una deportación desde Estados Unidos, su batalla legal por evitar la cárcel en territorio mexicano ha sido contundentemente rechazada.
El más reciente revés ocurrió cuando un Tribunal Colegiado federal del Estado de México declaró infundado el recurso de queja que presentó para evitar su detención.
Este episodio representa un punto crítico dentro de un proceso judicial complejo que involucra vínculos con el narcotráfico, acusaciones por delitos graves y un proceso de extradición que mantuvo la atención pública durante años.
El revés judicial: un amparo infundado
El recurso que no prosperó
El recurso de queja fue promovido contra la negativa del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, encabezado por el juez Juan Pablo Cortés Torres, quien previamente le había negado la suspensión provisional para evitar ser detenido tras su deportación.
La defensa de Yarrington argumentaba que el artículo 128 de la Ley de Amparo debería haberle permitido una protección mínima que impidiera su aprehensión inmediata.
Sin embargo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en el Estado de México fue claro: su petición no tenía sustento jurídico suficiente.
¿Qué dijo el Tribunal?
Los magistrados Ricardo Garduño Pasten, Gigliola Taide Bernal Rosales y Germán Montes Rodríguez resolvieron que la suspensión no puede utilizarse para frenar la justicia penal cuando se trata de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, como los que enfrenta Yarrington.
Subrayaron que el juicio de amparo no puede ser una herramienta para impedir la continuación del proceso penal.
¿Por qué está preso Tomás Yarrington?
Los delitos que enfrenta
El exgobernador, quien estuvo al frente del gobierno de Tamaulipas entre 1999 y 2004, permanece actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, una de las cárceles de máxima seguridad más conocidas del país.
La semana pasada, el Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con sede en Matamoros, dictó auto de formal prisión en su contra.
Los delitos que se le imputan están relacionados con delitos contra la salud, en la modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico. En particular, se le relaciona con operaciones de los cárteles del Golfo y Los Zetas, organizaciones criminales que han sembrado violencia en el norte del país durante décadas.
Deportación desde Estados Unidos
Yarrington fue deportado a México después de enfrentar procesos legales en Estados Unidos, donde fue acusado de lavado de dinero y corrupción. Su regreso al país fue interpretado como una oportunidad para que las autoridades mexicanas avanzaran en los casos pendientes en su contra.
El marco legal: ¿qué es la suspensión provisional?
Amparo y prisión preventiva oficiosa
La figura del amparo en México permite que cualquier persona proteja sus derechos frente a actos de autoridad que considere violatorios. En este caso, la defensa de Yarrington buscaba que se le concediera una suspensión provisional de la orden de aprehensión mientras se resolvía el fondo del juicio de amparo.
No obstante, los delitos que enfrenta Yarrington están clasificados como de prisión preventiva oficiosa conforme al artículo 19 constitucional.
Esto significa que, aún si el amparo procediera, no se le puede conceder libertad mientras enfrenta el proceso, dado que el Estado considera que su libertad representa un riesgo para la justicia o la sociedad.
La importancia del caso Yarrington en el contexto político
Corrupción, narcotráfico y gobernadores en la mira
El caso de Tomás Yarrington no es aislado. Forma parte de una serie de escándalos que han involucrado a exgobernadores mexicanos en delitos graves.
Desde Javier Duarte en Veracruz hasta César Duarte en Chihuahua, la lista de exmandatarios estatales investigados o encarcelados por corrupción y vínculos con el crimen organizado sigue creciendo.
Esto refleja una crisis estructural en el federalismo mexicano, donde algunos gobiernos estatales operaron como cómplices o facilitadores del narcotráfico. En el caso de Tamaulipas, esta realidad ha tenido consecuencias especialmente trágicas, como desapariciones, desplazamientos y violencia persistente.
¿Un precedente para futuras detenciones?
Este fallo puede sentar un precedente para otros casos similares en los que políticos de alto perfil intenten frenar sus procesos penales mediante recursos legales. La postura firme del Tribunal indica una línea clara: los recursos de amparo no pueden ser usados como escudo cuando los delitos implican una amenaza para la seguridad nacional.
Lo que sigue para Yarrington
Aunque este recurso fue rechazado, su defensa legal podría continuar promoviendo otros medios para intentar modificar su situación jurídica. No obstante, con un auto de formal prisión ya dictado, y con antecedentes en dos países, sus posibilidades de recuperar la libertad en el corto plazo son prácticamente nulas.
Además, la presión pública y el enfoque de medios nacionales e internacionales sobre su caso obligan a que las autoridades actúen con transparencia y firmeza.
Un caso que pone a prueba al sistema judicial
El caso de Tomás Yarrington sigue siendo un termómetro del combate a la corrupción y la impunidad en México. Su intento fallido de evadir la detención muestra los límites del sistema legal para proteger a figuras del poder.
Más allá de la anécdota jurídica, el caso interpela directamente a la justicia mexicana: ¿puede el sistema mantener la coherencia en otros procesos similares? ¿Se logrará cerrar el ciclo de protección política a actores ligados al crimen organizado?
Los próximos pasos judiciales serán clave no solo para el destino de Yarrington, sino como señal del rumbo que toma el país frente a sus deudas históricas en materia de justicia.
