• Son 129 iniciativas aprobados y un presupuesto de 530 mdp; cada decreto cuesta a los quintanarroenses 4.1 mdp.
• El gran legislador es el Ejecutivo, con 84% de iniciativas aprobadas en periodos extraordinarios.
Redacción/CARIBE PENINSULAR CHETUMAL
Con 129 decretos aprobados y publicados, la 18ª Legislatura del Congreso de Quintana Roo refrenda su papel de baja productividad y uno de los presupuestos más altos del país, concluye el Observatorio Legislativo de la entidad en su edición número 274 que comenzó a circular este 1° de julio.
Con un presupuesto de 530 millones de pesos en 2025 dividido entre los 129 decretos, resulta un costo por cada decreto de 4 millones 108 mil pesos, un de los más caros del país, según el reporte de la organización ciudadana.
El análisis parte del 30 de mayo, cuando terminó el segundo periodo del primer año de sesiones de la 18ª Legislatura, al considerar que entre los dos periodos ordinarios se celebraron cinco periodos de sesiones extraordinarias, en las cuales solo se pueden convocar con objetivos precisos para su atención y aprobación.
En el primer periodo se aprobaron 73 decretos, en los cinco periodos extraordinarios otros 25 y en el segundo periodo ordinario 31 decretos, siendo éste el menos productivo. En total suman 129 decretos en los mencionados periodos.
En cuanto al origen de los proyectos, destaca en los cinco periodos extraordinarios un total de 25 iniciativas, de las cuales 21 (84%) fueron enviadas por el ejecutivo. En periodos extraordinarios, el gran legislador es el Poder Ejecutivo con el 84% de las iniciativas, se desprende del documento.
En el segundo periodo ordinario se presentaron solo 31 iniciativas, de las cuales solo dos fueron enviadas por el Ejecutivo, que representan apenas el 6.4%. Esto quiere decir que los periodos extraordinarios se convocan para presentar iniciativas del Ejecutivo en su gran mayoría.
LEYES IMPUGNADAS
En el aspecto cualitativo del presente análisis, el Observatorio Legislativo señala que diversas propuestas de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, “han sido impugnadas y controvertidas, especialmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por encontrar excesos, o que infringen las normas constitucionales, por lo que se han tenido que modificar, como es los casos de la Ley de Movilidad, la Ley de Expropiación, entre otras 13 reformas a leyes impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el Congreso las dejo pasar sin observaciones, una muestra de su trabajo legislativo, que no le observa ni una coma a las iniciativas presentadas por el poder ejecutivo”.
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
Observamos que los 31 decretos en este periodo fueron enfocados a los siguientes temas: Reforma a leyes 15 decretos; aprobación de las reformas constitucionales enviadas por el Congreso de la Unión cinco; conceptos conmemorativos o culturales otras cinco; reformas al Código Penal, cinco; y reformas a la Constitución del Estado, tres.
En cuanto al origen de los promoventes de los decretos “podemos observar que cinco de ellos fueron enviados por el Congreso de la Unión, como parte de la aprobación de los congresos locales para las reformas constitucionales; otros cinco de parte de los municipios del estado; dos por temas pendientes de dictaminación de la 17ª Legislatura; dos enviados por el Poder Ejecutivo; uno por parte de la XVIII Legislatura (nombramientos); seis del grupo parlamentario de Morena y 10 de diversos legisladores en lo individual”.
En este último apartado de 10 iniciativas, “debemos mencionar que cinco de ellas no tienen una relevancia, son por ejemplo: cambio de nombres de comisiones (3); cambio de fechas del parlamento infantil y refrendo de entrega de medalla al mérito (2); otras dos del diputado Jorge Sanén Cervantes, quien promovió se incorporara el concepto de “Justicia Social” en la Ley de Cultura de la Legalidad con el objetivo de tener ¨una sociedad más justa e inclusiva mediante la distribución equitativa de los recursos, oportunidades y beneficios –no dice como se hará esa distribución- y la propuesta de establecer una semana del mes de febrero como la “semana de la Justicia social”.
Finalmente, tres iniciativas del diputado Hugo Alday Nieto, son las que observamos como destacables por su contenido. De los grupos parlamentarios de los demás partidos, ninguna aportación.
