El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto su mira en un sector tradicionalmente considerado exento de auditorías intensivas: los jubilados y pensionados. La confirmación de que el SAT implementará visitas domiciliarias para verificar las obligaciones fiscales de beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), marca un giro en la estrategia de supervisión.
El programa de supervisión fiscal ampliado
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha confirmado oficialmente una nueva y estricta directriz que afecta directamente a miles de ciudadanos: la implementación de visitas domiciliarias dirigidas específicamente a jubilados y pensionados.
Esta acción de fiscalización tiene como objetivo principal a los beneficiarios tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
- Verificación casa por casa: La autoridad tributaria indicó que las inspecciones se llevarán a cabo en los domicilios para verificar que estos contribuyentes cumplan cabalmente con sus deberes fiscales.
La estrategia detrás de la verificación
La medida implementada por el SAT no es un hecho aislado. Según la información confirmada por la entidad, forma parte integral de un programa de supervisión más amplio diseñado para optimizar la recaudación y la transparencia fiscal a nivel nacional.
El enfoque de este programa está claramente definido en dos ejes centrales:
- Verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales de jubilados y pensionados.
- Garantizar la correcta declaración de ingresos entre los contribuyentes.
Este último punto subraya que el interés del fisco se centra en asegurar la adecuada declaración de ingresos entre los contribuyentes pertenecientes a la tercera edad, un segmento que históricamente había tenido menos escrutinio directo de esta naturaleza. El objetivo es verificar el cumplimiento de *sus* obligaciones fiscales.
La decisión del SAT de intensificar la fiscalización sobre los jubilados y pensionados, un sector de por sí vulnerable y que depende de ingresos fijos, plantea serias dudas sobre la proporcionalidad de estas medidas. ¿Es esta la vía más eficiente para combatir la evasión, o representa una presión indebida sobre quienes menos recursos y capacidad de defensa legal poseen?
