Por Francisco J. Rosado May
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Coincidiendo con el covid19, las noticias en las últimas cinco semanas han informado sobre incendios en Quintana Roo y otros lugares en México. Destacan tres aspectos; uno se relaciona con la caza furtiva, otro sobre la práctica de presionar para el cambio del uso del suelo después del incendio. Otro más da cuenta de intenciones dirigidas a legislar para impedir el uso de la quema en actividades agrícolas, para castigar a quienes provocan incendios para cazar o para cambiar el uso del suelo, pero ¿es suficiente para entender y atender a fondo el problema?
Con innumerables reportes en medios sociales, también se puede decir que el robo se ha incrementado en forma alarmante en todas partes. En el ejido Calderitas, por ejemplo, personas ajenas no solo roban cosas, cosechas o madera, sino que extraen suelo de monte. Se habla de robo organizado. Grave.
Si bien no se justifican las acciones ilegales, ni la inacción de la justicia, lo anterior sucede en un contexto complejo. En el documento “La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-COV-2 (COVID-19) en México” recién publicado por el CONEVAL, señala que el número de personas en condición de pobreza puede aumentar hasta en 10 millones y los de extrema pobreza hasta casi 11millones; muchos de ellos, demasiados, indígenas. Por otro lado, el número de muertes de personas defensoras de recursos naturales, también ha aumentado (NYT del 31-01-2020, Adán Vez Lira en Veracruz o Eugui Roy en Oaxaca).
La presión por retomar el crecimiento económico después de la emergencia, será fuerte. En este sentido, puede aumentar el abuso a los recursos naturales, los robos y la inseguridad ciudadana. Recientemente, la Agencia de Protección al Ambiente, en Estados Unidos, suspendió temporalmente la supervisión del cumplimiento de la ley ambiental; el 15 de mayo un diario local reportó ecocidio por dejadez de PROFEPA.
Los indígenas, que tienen alrededor del 80% de las áreas naturales protegidas en Latinoamérica (FAO), han elevado su voz ante la situación antes descrita. Ahí está el sentir de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú, del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, y The Indigenous Partnership, entre otros, apelando a gobiernos para: a) Respetar todos los Derechos de los Pueblos Indígenas; b) Diseñar nuevas estrategias inclusivas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y otros acuerdos internacionales; c) Insertar conocimiento y representación indígena en todos los niveles de toma de decisiones sobre política pública y en el crecimiento económico; d) Construir un verdadero sistema intercultural de gobernanza de los territorios; e) Respetar la autonomía de los pueblos que así lo decidan; f) ACCESO A SERVICIOS DE CALIDAD, en materia de educación, salud, infraestructura y d) Eliminar las diferentes formas de discriminación e impunidad, así como fomentar la transparencia y rendición de cuentas.
Debemos prepararnos para el post covid19, sí, pero hacerlo incluyente. La gente de bien, indígenas o no, quienes con el sudor de su frente y el de su familia han trabajado arduamente para construir su futuro y ansían contribuir al nuevo crecimiento económico del país, quieren hacerlo sin inseguridad, personal y ambiental. Por lo tanto, las decisiones y acciones que tome el gobierno en el combate a la delincuencia afectarán el propósito del crecimiento económico. Esperemos que sean en la dirección correcta.
