El abogado y activista Miguel Alfonso Meza, director de Defensorxs, enfrenta una denuncia por violencia política de género. La acusación proviene de Silvia Delgado García, abogada de Joaquín El Chapo Guzmán y ahora jueza en Chihuahua, a raíz de una investigación de Meza que señalaba la candidatura de la letrada como “riesgosa”.
La denuncia: ¿Censura o protección?
Hace solo unos días, Miguel Alfonso Meza se enteró de la denuncia de la abogada Delgado García. Esta acusación, que se extiende a 14 medios de comunicación nacionales que publicaron la investigación, comprende un expediente de unas 800 páginas. En dicho documento, Delgado García solicita sanciones contra todos los implicados. Meza, con más de una década de experiencia en periodismo de investigación, argumenta que su equipo nunca estigmatizó o discriminó a la abogada por ser mujer, ni cuestionó su capacidad. “Simplemente que era un riesgo el vínculo que tenía con el Chapo”, asegura.
Según Meza, los criterios para calificar la candidatura de Delgado García como “riesgosa” en su portal incluyeron que la jueza electa ha hecho de su relación con el Chapo “un tema de imagen”, que parece sentir orgullo por haberlo representado y que sigue defendiendo al narcotraficante, al asegurar que no cree posible que haya cometido todos los crímenes que se le imputan. Estas características, sumadas a la falta de una revisión profunda por parte de las autoridades sobre su vínculo con el Cártel de Sinaloa, son, a su juicio, lo que la convierte en una candidata riesgosa. El riesgo, puntualiza, radica en la profundidad del vínculo y la ausencia de escrutinio oficial.
El marcaje personal al Poder Judicial
Meza ha dedicado varios años a lo que describe como un “marcaje personal” al Poder Judicial. Su trabajo incluye la interposición de amparos contra decisiones que considera “a modo”, supuestamente influenciadas por magistrados y políticos.
Por ejemplo, durante su colaboración con Mexicanos contra la Corrupción, su equipo legal intentó revisar información pública sobre nepotismo en la institución en la Ciudad de México. Meza relata que, tras varias solicitudes, se percataron de que los datos de la capital no habían sido entregados, pues “la persona que entregó todo, pues, digamos, arrancó esa parte para que no fuera revelada”.
En 2024, también denunció al ministro Arturo Zaldívar por presionar a jueces para fallar amparos a su favor. Recordó que la denuncia se presentó después de que el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionara públicamente que Zaldívar colaboraba en la resolución de amparos delicados con ciertos jueces.
Investigación sobre candidatos judiciales: Nexos peligrosos
Antes de la elección judicial, Meza y su equipo interpusieron amparos para invalidar el proceso. Sin embargo, al ver que la elección era inminente, enfocaron sus esfuerzos en “mitigar los riesgos y los daños”. Con el apoyo de la sociedad civil, iniciaron una investigación para identificar perfiles de candidatos que pudieran representar un riesgo debido a vínculos con el crimen organizado, corrupción u otros escándalos.
“En total publicamos 25 perfiles de personas que están relacionadas con el crimen organizado”, explica Meza. Entre ellos, además de la abogada de El Chapo, se identificó al abogado del Z-40, un abogado sentenciado a cinco años de prisión en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina, y Hernán Vega Burgos, alias El Padrote de Progreso, Michoacán, quien fue detenido por supuestamente proteger una red de trata de personas en Yucatán cuando era delegado del Instituto Nacional de Migración. También se mencionaron personas vinculadas con la Iglesia de La Luz del Mundo.
El Instituto Electoral de Chihuahua y la información personal
Miguel Alfonso Meza ha denunciado que, además de iniciar una investigación en su contra, el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua (IEEC) solicitó sus datos personales al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a Meta, a TikTok y a su compañía telefónica. Estos datos, afirma, fueron entregados a la denunciante. “El SAT y mi compañía de teléfono se negaron a entregar esa información porque, según su respuesta, es confidencial y el Instituto Electoral no puede requerirla. Sin embargo, Meta sí dio mi celular y correo personales y el IEEC se los entregó a varios particulares, incluida la abogada del Chapo”, aseguró Meza.
La violencia política de género como herramienta de censura
El abogado considera que la figura de violencia política en razón de género está siendo instrumentalizada para fines de censura y persecución. Esta situación, advierte, es vista por políticos como una herramienta eficaz para silenciar críticas, y se agrava por la omisión de las autoridades electorales. “El uso de la violencia política de género fue como un brote epidémico, por decirlo de alguna forma, de ataques a la libertad de expresión, porque sí que tiene un efecto de contagio. Cuando un político denuncia y le es efectivo, pues entonces otros se ven motivados a utilizar las mismas herramientas”, reflexiona.
La denuncia de la abogada Delgado García solicita que Meza sea inscrito en el padrón de violentadores por un año, lo que le impediría ocupar un cargo público, además de imponerle sanciones económicas. Sin embargo, Meza mantiene la esperanza de que el contrapeso más importante contra estas estrategias de censura reside en la sociedad misma. “No fueron las autoridades electorales las que pusieron límites para que la violencia política de género no fuera utilizada abusivamente, sino la reacción social que hace más costoso utilizarla”, concluye. ¿Está la sociedad mexicana preparada para defender la libertad de expresión frente a estas nuevas formas de censura?
