Redacción/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.— Con Carlos Joaquín González —hoy en el ojo del huracán—, la violencia en Quintana Roo se disparó, aunque no fue un fenómeno repentino. Las condiciones se gestaron desde administraciones anteriores, pero la tendencia de criminalidad persiste y ha rebasado las coyunturas políticas.
El “borgismo” no puede lavarse las manos, y es posible establecer una corresponsabilidad entre dos grupos políticos que, aunque fueron rivales, hoy se disputan el nada honroso lugar de haber sido el peor gobierno en la historia reciente de Quintana Roo.
Un análisis revela un dramático aumento del 264% en víctimas, impulsado por el deterioro institucional de un sexenio y una reconfiguración brutal del crimen organizado que transformaron el estado.
La administración Borge (2011-2016): una fundación de corrupción y violencia latente
El sexenio de Roberto Borge Angulo, si bien no alcanzó los niveles explosivos de violencia homicida de su sucesor, fue fundamental para crear las condiciones que la harían posible. Este período se caracterizó por un desmantelamiento deliberado y sistemático de la integridad institucional y la consolidación de un orden político-criminal. Lejos de ser una era de paz, fue una de violencia latente, donde la corrupción erosionó los cimientos del estado de derecho, dejando a Quintana Roo indefenso ante la tormenta que se avecinaba.
El gobernador y el estado: diseñando un «paquete de impunidad»
Roberto Borge Angulo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernó Quintana Roo desde el 5 de abril de 2011 hasta el 24 de septiembre de 2016. Su mandato se convirtió rápidamente en un sinónimo de corrupción a gran escala, enriquecimiento ilícito y el saqueo de los activos del estado. Tras su gobierno, Borge fue arrestado en Panamá en 2017 y posteriormente procesado en México por múltiples delitos, incluyendo lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada, lo que subraya la naturaleza criminal de su gestión.
La corrupción durante este período no fue un acto de individuos aislados, sino una política de estado. Investigaciones periodísticas, como las que destaparon el caso de los «Piratas de Borge», revelaron un *modus operandi* complejo que utilizaba las juntas de conciliación y arbitraje para fabricar juicios laborales fraudulentos. A través de este mecanismo, se despojaba a empresarios y propietarios de terrenos y hoteles de alto valor, especialmente en los codiciados corredores turísticos. Este esquema demuestra una fusión perversa entre el poder estatal y la empresa criminal, donde los aparatos de justicia eran instrumentalizados para el despojo.
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Hacia el final de su mandato, en un intento por asegurar su legado de impunidad, la administración de Borge impulsó un controvertido «paquete de impunidad». Este conjunto de reformas legislativas buscaba proteger al gobernador y a sus funcionarios de futuras investigaciones. Entre las medidas se incluía la reducción de penas para delitos como el peculado, que dejaba de ser considerado grave, permitiendo a los acusados enfrentar sus procesos en libertad bajo fianza, y el nombramiento de figuras leales en puestos clave de fiscalización y auditoría. Aunque este blindaje fue finalmente impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su mero intento evidencia un esfuerzo consciente y calculado por subvertir el estado de derecho y garantizar que las actividades ilícitas del sexenio quedaran sin castigo.
El estado de la seguridad pública: un sistema en declive
La administración Borge heredó un aparato de seguridad con debilidades estructurales, las cuales no solo ignoró, sino que profundizó a través de la negligencia y la priorización de sus intereses políticos y económicos. La «Evaluación de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, Ejercicio 2011» ofrece una radiografía crítica de la situación al inicio del sexenio. El informe diagnosticaba un modelo de seguridad pública «agotado», con asimetrías en el desarrollo policial, falta de profesionalización, un subejercicio crónico de los presupuestos de seguridad y deficiencias críticas en el sistema penitenciario. De manera alarmante, los centros penitenciarios del estado ya sufrían de sobrepoblación y habían sido calificados en el puesto 30 de 32 entidades por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Este diagnóstico inicial demandaba una reforma urgente, pero la administración Borge optó por la inacción. Las recomendaciones clave del informe de 2011 —como la implementación de un servicio profesional de carrera policial, el aumento de la inversión y una reforma penitenciaria integral— fueron en gran medida desatendidas. El enfoque del gobierno estaba en la consolidación del poder político y el enriquecimiento personal, no en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Esta negligencia deliberada permitió que las debilidades institucionales preexistentes se agravaran, dejando a las fuerzas del orden sin capacidad, sin moral y sin la confianza de la ciudadanía.
El clima de intimidación y control se extendió también a la libertad de expresión. La organización de defensa de periodistas Article 19 advirtió ya en 2014 sobre el ambiente adverso para la prensa en el estado, señalando que, de no atenderse, la violencia contra los comunicadores se agudizaría. Esta predicción resultó trágicamente precisa en los años siguientes, cuando las agresiones, a menudo vinculadas al crimen organizado que deseaba operar sin escrutinio, se dispararon. La supresión de la disidencia y la transparencia es una condición que beneficia directamente a las operaciones criminales, y fue una característica definitoria de la era Borge.
Dinámica de homicidios (2011-2016): la calma antes de la tormenta
Desde una perspectiva puramente estadística, el sexenio de Borge no fue el más violento en la historia reciente de Quintana Roo. Sin embargo, las cifras de homicidios, aunque comparativamente bajas, mostraban una tendencia general al alza y ocultaban una realidad subyacente de creciente tensión criminal. Este período puede entenderse como una «pax mafiosa», un equilibrio criminal inestable que estaba a punto de romperse.
Durante estos años, los actores criminales dominantes en el estado eran principalmente facciones de Los Zetas y el Cártel del Golfo. Estos grupos controlaban el narcomenudeo local y las redes de extorsión, especialmente en los centros turísticos. El Cártel de Sinaloa también mantenía una presencia operativa en la región. La relativa estabilidad en los niveles de violencia letal sugiere la existencia de un equilibrio de poder, probablemente sostenido por pactos de protección con altas esferas del gobierno estatal. Mientras estos pactos funcionaron, la violencia se mantuvo contenida, aunque siempre presente.
El análisis de los datos cuantitativos de este período es crucial para establecer una línea de base objetiva que permita dimensionar la magnitud de la crisis posterior.
Tabla 1: Estadísticas de homicidios y datos de población, Quintana Roo (administración Borge, 2011-2016)
| Año | Población Estimada (Interpolación CONAPO) | Víctimas de Homicidio (INEGI) | Tasa de Homicidios (por 100,000 hab.) |
| 2011 | 1,395,721 | 152 | 10.9 |
| 2012 | 1,440,497 | 189 | 13.1 |
| 2013 | 1,485,273 | 211 | 14.2 |
| 2014 | 1,530,049 | 162 | 10.6 |
| 2015 | 1,574,824 | 152 | 9.7 |
| 2016 | 1,619,580 | 189 | 11.7 |
Fuentes: Población calculada a partir de proyecciones de CONAPO. Víctimas de homicidio según datos del INEGI.
Los datos muestran que, si bien las tasas de homicidio se mantuvieron en un rango relativamente bajo para el contexto nacional de la época, no eran insignificantes y mostraban fluctuaciones que apuntaban a una violencia subyacente. La «paz» de la era Borge no era una paz genuina, sino la calma frágil que precede a una guerra. La corrupción sistémica había carcomido la capacidad del estado para actuar como árbitro, y con la salida de Borge del poder, los pactos que mantenían este precario equilibrio se disolverían, dejando el campo abierto para una confrontación violenta por el control de uno de los territorios más valiosos de México.
La administración Joaquín (2016-2022): la erupción de la guerra abierta
El sexenio de Carlos Joaquín González marcó un punto de inflexión violento para Quintana Roo. La violencia latente del período anterior estalló en una guerra abierta entre organizaciones criminales. Esta escalada no puede entenderse sin considerar la confluencia de dos factores: el vacío institucional y los pactos rotos heredados de la administración Borge, y una reconfiguración a nivel nacional del panorama del crimen organizado, cuya batalla por el control territorial encontró en Quintana Roo su escenario más sangriento.
Un estado en crisis: la herencia de carlos joaquín
Carlos Joaquín González, postulado por una coalición opositora (PAN-PRD), asumió el cargo el 25 de septiembre de 2016 y concluyó su mandato el 24 de septiembre de 2022. Su llegada representó la primera alternancia política en la historia moderna del estado, rompiendo con décadas de gobiernos del PRI. Una de sus primeras y más publicitadas acciones fue iniciar un proceso de rendición de cuentas contra su predecesor. A las pocas semanas de tomar posesión, su gobierno interpuso denuncias penales contra Roberto Borge, destapando la magnitud de la corrupción heredada.
El nuevo gobierno se encontró con un estado en ruinas. La herencia de Borge no era solo un conjunto de acusaciones de corrupción, sino un aparato estatal financieramente quebrado y con instituciones de seguridad y justicia profundamente comprometidas y disfuncionales. Este contexto es fundamental para comprender la dinámica del sexenio: la administración Joaquín se vio obligada a librar una batalla simultánea en dos frentes. Por un lado, una lucha política y legal contra la red de corrupción del régimen anterior; por otro, una crisis de seguridad que escalaba a una velocidad vertiginosa, superando rápidamente la capacidad de respuesta de un estado debilitado.
El cambiante panorama de los cárteles: la batalla por la Riviera Maya
El catalizador principal de la explosión de violencia fue la irrupción y expansión agresiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este grupo, que se había separado del Cártel de Sinaloa entre 2010 y 2014, se encontraba en una fase de rápida expansión nacional y vio en Quintana Roo una oportunidad estratégica. A partir de 2017, el CJNG comenzó a disputar de manera abierta y violenta el control del territorio a los grupos criminales que lo dominaban históricamente.
El conflicto que se desató en Quintana Roo fue una guerra multifacética y caótica. No se trató de una simple disputa entre dos bandos. El CJNG se enfrentó a los remanentes de Los Zetas y del Cártel del Golfo, los antiguos amos del territorio. Al mismo tiempo, diversas facciones del poderoso Cártel de Sinaloa, aprovechando el vacío de poder dejado por el debilitamiento de sus rivales y la transición política, también buscaron expandir su influencia. Esta fragmentación del poder criminal creó un entorno de competencia extrema, donde la violencia se convirtió en la principal herramienta para ganar y mantener el control.
El epicentro de esta guerra fue el corredor turístico de la Riviera Maya. La violencia se concentró en municipios clave como Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Tulum, porque el gran premio en disputa era el control de las economías ilícitas locales. Estas incluían, de manera destacada, la venta de drogas al por menor (narcomenudeo) a la masiva población flotante de turistas y la extorsión sistemática a negocios como bares, restaurantes, hoteles y centros nocturnos.
Este cambio de enfoque criminal, de simplemente usar el estado como ruta de trasiego a explotar su mercado local, tuvo una consecuencia devastadora: la violencia dejó de estar oculta. Incidentes como el tiroteo en el festival de música electrónica en el club Blue Parrot de Playa del Carmen en enero de 2017, que dejó cinco muertos, o los posteriores enfrentamientos armados en playas de hoteles de Cancún en 2021, marcaron una nueva y aterradora fase. La guerra de cárteles se desarrollaba ahora a la vista de todos, amenazando directamente el motor económico del estado y la seguridad de residentes y visitantes por igual.
La respuesta del gobierno: mando único, C5 y militarización
Ante una crisis de seguridad que superaba la capacidad de las policías locales, muchas de ellas infiltradas o simplemente rebasadas, la administración de Carlos Joaquín implementó una estrategia basada en la centralización, la tecnología y el apoyo federal. Una de las primeras medidas fue la implementación del «Mando Único Policial», un esquema mediante el cual la Secretaría de Seguridad Pública estatal asumía el control operativo de las policías municipales, con el objetivo de unificar criterios y depurar las fuerzas.
La piedra angular de la estrategia de seguridad del sexenio fue una inversión tecnológica masiva. El proyecto «Quintana Roo seguro», con un costo reportado de más de 2,200 millones de pesos, incluyó la construcción del Complejo de Seguridad C5 en Cancún, considerado uno de los más modernos de América Latina. Este proyecto contempló la instalación de más de 2,100 cámaras de videovigilancia, arcos de control vehicular con lectores de matrículas y cientos de botones de pánico en puntos estratégicos. Esta apuesta por la tecnología y la vigilancia centralizada buscaba mejorar la capacidad de reacción y generar inteligencia policial.
Sin embargo, a medida que la crisis de violencia se profundizaba, el gobierno estatal dependió cada vez más de la intervención de fuerzas federales y militares. Esta tendencia, reflejo de una estrategia de seguridad nacional, se materializó en Quintana Roo con el despliegue de 600 elementos del ejército en 2017. La militarización de la seguridad en las zonas turísticas se consolidó en 2021 con la creación de un «Batallón de Seguridad Turística» permanente, compuesto por más de 1,000 efectivos de la Guardia Nacional, cuya misión era patrullar playas, bares y centros nocturnos. Esta creciente presencia militar en las calles de los destinos turísticos más importantes de México se convirtió en la imagen más visible de la lucha del estado contra la violencia.
Dinámica de homicidios (2016-2022): un aumento sin precedentes
Los datos de homicidios dolosos durante el sexenio de Carlos Joaquín reflejan una explosión de violencia de una magnitud nunca antes vista en la entidad. Las cifras anuales de víctimas y las tasas por cada 100,000 habitantes se multiplicaron varias veces en comparación con el período de Borge, evidenciando la intensidad de la guerra entre cárteles. El fuerte incremento que comienza en 2017 y alcanza su punto álgido entre 2018 y 2019 se correlaciona directamente con la intensificación del conflicto entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa por el control del territorio, tras el colapso del antiguo orden criminal. Los niveles de violencia, aunque con ligeras fluctuaciones, se mantuvieron alarmantemente altos durante el resto del sexenio, lo que indica un conflicto crónico y no resuelto.
Tabla 2: Estadísticas de homicidios y datos de población, Quintana Roo (administración Joaquín, 2017-2022)
| Año | Población Estimada (Interpolación CONAPO) | Víctimas de Homicidio (INEGI) | Tasa de Homicidios (por 100,000 hab.) |
| 2017 | 1,664,336 | 359 | 21.6 |
| 2018 | 1,709,092 | 763 | 44.6 |
| 2019 | 1,753,848 | 784 | 44.7 |
| 2020 | 1,798,603 | 684 | 38.0 |
| 2021 | 1,843,359 | 702 | 38.1 |
| 2022 | 1,888,115 | 800 | 42.4 |
Fuentes: Población calculada a partir de proyecciones de CONAPO. Víctimas de homicidio según datos del INEGI.
El análisis de estas cifras demuestra que la estrategia de seguridad del gobierno de Joaquín, a pesar de las cuantiosas inversiones, no logró contener la marea de violencia. La tecnología y la militarización resultaron ser herramientas paliativas que podían desplazar la violencia de las zonas más vigiladas, pero no podían erradicar sus causas profundas: la rentabilidad del mercado de drogas local, la debilidad de las policías civiles y la corrupción endémica que facilitaba las operaciones criminales. El «paraíso» se había convertido en un campo de batalla.
Análisis comparativo: deconstruyendo la escalada
La abismal diferencia en los niveles de violencia entre las administraciones de Roberto Borge y Carlos Joaquín no puede explicarse como un simple fracaso de un gobierno frente al éxito de otro. Más bien, representa una secuencia causal: la corrupción sistémica y el debilitamiento institucional del primer período crearon las condiciones fértiles para la explosión de violencia del segundo. Este análisis comparativo desglosa cuantitativa y cualitativamente esta transición de la corrupción a la guerra abierta.
Una historia de dos sexenios: una disección cuantitativa
La comparación directa de las cifras de homicidios dolosos entre ambas administraciones revela una escalada de violencia de proporciones catastróficas. Para realizar una comparación equitativa, se analizan los cinco años completos de cada mandato: 2012-2016 para Borge y 2017-2021 para Joaquín.
Durante el quinquenio de Borge, Quintana Roo registró un total de 903 víctimas de homicidio, con un promedio de 181 asesinatos por año. La tasa de homicidios promedio fue de 11.9 por cada 100,000 habitantes, alcanzando un pico de 14.2 en 2013. En contraste, durante los cinco años comparables de la administración Joaquín, el número total de víctimas se disparó a 3,292, con un promedio anual de 658 asesinatos. La tasa promedio se triplicó, llegando a 37.4 por cada 100,000 habitantes, con un máximo de 44.7 en 2019.
Este análisis cuantitativo se resume en la siguiente tabla, que ilustra la magnitud del deterioro en la seguridad.
Tabla 3: Análisis comparativo de homicidios: administraciones Borge vs. Joaquín (períodos de 5 años)
| Métrica | Administración Borge (2012-2016) | Administración Joaquín (2017-2021) | Cambio Porcentual |
| Víctimas Totales de Homicidio | 903 | 3,292 | +264.6% |
| Promedio Anual de Víctimas | 181 | 658 | +263.5% |
| Tasa de Homicidio Promedio | 11.9 | 37.4 | +214.5% |
| Tasa de Homicidio Máxima | 14.2 (en 2013) | 44.7 (en 2019) | +214.8% |
Fuente: A partir de datos del INEGI y proyecciones de CONAPO.
El aumento de más del 260% en el número de víctimas de homicidio es la evidencia más contundente de la transformación de Quintana Roo. Pasó de ser un estado con niveles de violencia contenidos, aunque problemáticos, a uno de los más peligrosos del país, con tasas de homicidio comparables a las de zonas en conflicto armado.
De la corrupción sistémica a la violencia sistémica: conectando los puntos
El nexo causal entre la corrupción de la era Borge y la violencia de la era Joaquín es el argumento central de este análisis. La corrupción no fue un simple problema financiero, sino un factor que demolió la seguridad del estado desde sus cimientos. Las acciones del gobierno de Borge, como el despojo de propiedades a través de juicios amañados y el intento de legislar su propia impunidad, enviaron una señal inequívoca al mundo criminal: en Quintana Roo, el estado no era un árbitro neutral de la ley, sino una herramienta que podía ser capturada y utilizada para fines ilícitos.
Esta captura del estado creó un doble vacío de poder con la transición política de 2016. Primero, un vacío político, ya que los pactos de protección que mantenían el equilibrio entre los cárteles establecidos (Zetas y Golfo) y el gobierno se rompieron abruptamente. Segundo, un vacío institucional, producto de años de negligencia, corrupción y falta de inversión en las fuerzas policiales y el sistema de justicia. Fue en este doble vacío donde se encendió la mecha de la guerra de cárteles. La llegada de un actor expansionista y extremadamente violento como el CJNG en este preciso momento de debilidad estatal fue la chispa que provocó el incendio. El CJNG no tuvo que construir una red de corrupción desde cero; simplemente explotó la que ya existía y desafió a los grupos que habían perdido su protección política.
Este fenómeno revela una dinámica crucial: la alternancia democrática, un evento que teóricamente debería fortalecer el estado de derecho, paradójicamente actuó como detonante de la crisis de seguridad. Al remover al PRI del poder, la elección de Carlos Joaquín desestabilizó los arreglos político-criminales que, aunque corruptos, mantenían un cierto orden. La nueva administración, al iniciar procesos legales contra la anterior, señaló una ruptura con esos pactos, creando una incertidumbre que los cárteles más ambiciosos explotaron para lanzar una ofensiva violenta y apoderarse de un territorio que consideraban «abierto».
Además, la crisis de Quintana Roo no puede entenderse como un fenómeno puramente local. Fue un teatro de operaciones en una guerra de alcance nacional. La escalada de violencia en el estado a partir de 2017 coincide perfectamente con la expansión nacional del CJNG y la intensificación de su conflicto con el Cártel de Sinaloa, especialmente tras la captura y extradición de su líder, Joaquín «El Chapo» Guzmán. Ambos cárteles identificaron Quintana Roo, con sus instituciones débiles y su boyante economía turística, como un premio estratégico clave. Por lo tanto, la violencia que asoló la Riviera Maya fue una manifestación local de una lucha de poder nacional, y la tasa de homicidios del estado se convirtió en un termómetro de este conflicto mayor.
La eficacia de las estrategias de seguridad: una historia de dos fracasos
Al comparar las estrategias de seguridad de ambas administraciones, se observan dos tipos de fracaso distintos pero complementarios.
El fracaso de la administración Borge fue uno de omisión y complicidad. Su «estrategia» no consistió en combatir la inseguridad, sino en administrar un equilibrio criminal corrupto que le era funcional. Al descuidar deliberadamente y corromper las instituciones de seguridad, no solo no resolvió los problemas existentes, sino que eliminó cualquier capacidad de resiliencia del estado frente a futuras crisis. Dejó un cascarón institucional hueco, incapaz de soportar la presión de un conflicto criminal a gran escala.
Por su parte, el fracaso de la administración Joaquín fue uno de reacción. Enfrentado a una crisis explosiva que no había previsto en su totalidad, recurrió a soluciones costosas y de arriba hacia abajo, como la tecnología de vigilancia masiva (C5) y la militarización. Este enfoque, común en todo México, aborda los síntomas más visibles de la violencia —los tiroteos públicos— pero no sus causas raíz. No se implementó una estrategia paralela y de largo plazo para reconstruir desde cero la capacidad de la policía local, sanear el sistema judicial o abordar los factores socioeconómicos que alimentan el crimen. La persistencia de tasas de homicidio extremadamente altas a lo largo de todo su mandato es la prueba de las limitaciones de esta estrategia reactiva.
Tormenta perfecta
El análisis comparativo de las administraciones de Roberto Borge (2011-2016) y Carlos Joaquín (2016-2022) demuestra que la catastrófica escalada de la violencia homicida en Quintana Roo fue el resultado de una «tormenta perfecta». No se trató de un simple fracaso de la segunda administración, sino del resultado predecible de la colisión de dos fuerzas: por un lado, la profunda putrefacción institucional, la corrupción sistémica y la cultura de la impunidad cultivadas durante el sexenio de Borge; por otro, una violenta reconfiguración del crimen organizado a nivel nacional que encontró en Quintana Roo un campo de batalla ideal.
La administración Borge legó un estado con instituciones de seguridad y justicia huecas, incapaces de hacer cumplir la ley y vulnerables a la captura criminal. La transición política de 2016 rompió los pactos de protección que mantenían un frágil equilibrio criminal, creando un vacío de poder. La irrupción del Cártel Jalisco Nueva Generación y su guerra con el Cártel de Sinaloa y otros grupos por el control del lucrativo mercado local de drogas y extorsión llenó ese vacío con una violencia sin precedentes. La respuesta de la administración Joaquín, centrada en la tecnología de vigilancia y la militarización, fue una estrategia reactiva que pudo contener la violencia en ciertos puntos turísticos, pero que resultó insuficiente para abordar las causas estructurales de la crisis.
