La inseguridad escaló a un punto crítico que obligó a la Cruz Roja a detener operaciones en Altata, municipio de Navolato, Sinaloa. La decisión surge tras el asesinato de un paramédico, un hecho que pone de manifiesto el riesgo constante que enfrenta el personal humanitario en la región. Este incidente revive la preocupación sobre las garantías de seguridad para quienes, como Obed Jair, dedican su labor a salvar vidas en entornos volátiles.
Suspensión del servicio en Altata tras homicidio
Elementos de la Cruz Roja en Altata decidieron suspender labores de forma indefinida hasta que se les garantice la seguridad necesaria. La medida fue visualizada con una lona colocada en la entrada del edificio, portando el mensaje: “Sin socorristas, no hay Cruz Roja”.
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El paro de actividades en el Centro de Atención Medica de Altata es una respuesta directa al asesinato de Obed Jair, un compañero socorrista de 25 años. Obed Jair fue encontrado sin vida tras ser privado de la libertad el viernes por la tarde noche, presentando disparos de bala. La noticia de una posible suspensión circuló desde el mismo sábado, pero fue este día, 13 de julio de 2025, cuando se oficializó con la colocación de la lona.
Antecedente en Culiacán y respuesta oficial
Esta suspensión en Navolato no es un hecho aislado. A finales del mes de enero, la Cruz Roja también había suspendido el servicio en Culiacán, específicamente para los traslados de heridos de bala. El servicio se reactivó posteriormente solo al establecerse protocolos de seguridad que dictaminaban el acompañamiento de patrullas de seguridad en caso de traslados de personas heridas.
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Ante la situación crítica, el secretario de gobierno, Feliciano Castro, confirmó una medida para dar soporte a la institución. Indicó que la Cruz Roja delegación Sinaloa contaría con acompañamiento permanente de la Secretaría de Seguridad Pública. El objetivo declarado es garantizar la seguridad de paramédicos y voluntarios frente a cualquier incidente que pudiera presentarse.
La recurrencia de estos eventos y la necesidad de protección armada para el personal de asistencia médica plantea una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto la inseguridad limita la acción humanitaria esencial en Sinaloa?
