“No está muy violable que digamos“, soltó sin pudor el exgobernador priista Manuel Cavazos Lerma. Lo dijo en defensa del exfutbolista y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, hoy acusado de agresión sexual.
La frase no solo exhibe una mentalidad anclada en la misoginia, sino que revela un pacto no escrito entre fuerzas políticas que, en público, se dicen progresistas. En privado, protegen agresores.
La cultura de la impunidad: cuando el Congreso protege agresores
El blindaje institucional del machismo político
El Congreso de la Unión, supuestamente plural, se convirtió en un búnker de impunidad. El 27 de marzo de 2025, la mayoría de Morena y el PRI votaron en contra del desafuero de Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación por una extrabajadora del gobierno estatal. Lo hicieron en bloque, entre silencios y discursos ambiguos que priorizaron la “presunción de inocencia” del agresor, ignorando por completo la voz de la víctima.
“No está muy violable”: la frase que marcó un retroceso
La declaración de Cavazos Lerma no fue un error. Fue un síntoma. Expresa una forma de ver a las mujeres como cuerpos a clasificar, como objetos. Esa mentalidad es la misma que permite que, cuando una mujer denuncia violencia sexual, se dude primero de ella, se busque proteger al hombre poderoso, y se negocie justicia en clave partidista.
Cuauhtémoc Blanco: de ídolo nacional a símbolo del pacto patriarcal
Denuncias, amparos y blindaje político
Cuauhtémoc Blanco ya no es solo el carismático ídolo del futbol mexicano. Su carrera política ha estado marcada por escándalos: presuntos vínculos con el crimen organizado, desvío de recursos y ahora, una denuncia por violación. La Fiscalía de Morelos intentó llevar el caso al Congreso para retirarle el fuero, pero Morena y el PRI se aliaron para bloquearlo.
“Se negó el desafuero no por falta de pruebas, sino por cálculo político”, explica una fuente legislativa consultada por Caribe Peninsular.
El voto en el Congreso: nombres y silencios
En la votación, legisladores clave del bloque oficialista evitaron fijar postura. Algunas diputadas de Morena, que antes han marchado por los derechos de las mujeres, guardaron silencio. El PRI, por su parte, operó para blindar a su aliado coyuntural. La alianza entre Cuauhtémoc Blanco y Alejandro Moreno —ambos señalados por prácticas patriarcales— reveló que el poder puede más que cualquier agenda de género.
Patriarcado de Estado: ¿cuál 4T?
¿Y la agenda feminista de la Cuarta Transformación?
Desde 2018, el gobierno federal ha impulsado una narrativa de transformación. Se han creado programas para mujeres, y se presume una visión paritaria en el gabinete. Sin embargo, casos como el de Cuauhtémoc Blanco evidencian la disonancia entre el discurso y los hechos.
“No se puede hablar de una transformación cuando se protege a presuntos violadores desde el poder”, dijo en entrevista la activista morelense Andrea Campos, del colectivo Ni Una Más.
La presidenta y las “pruebas” que pidió
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió “pruebas” antes de pronunciarse sobre el caso. No pidió escuchar a la víctima, no exigió justicia, no se pronunció contra el pacto de impunidad. Esa tibieza institucional revela que incluso la figura más alta del Ejecutivo sigue condicionada por los equilibrios partidistas.
La impunidad tiene nombre: “Alito”, Blanco y el fuero
Alejandro Moreno y la doble moral del fuero
Como gobernador de Campeche, Alejandro “Alito” Moreno impulsó la eliminación del fuero. Hoy, como senador y figura clave del PRI, lo utiliza como escudo. Su alianza con Cuauhtémoc Blanco confirma que el fuero no es un derecho, sino una moneda de cambio para negociar impunidades.
Morena, PRI y el nuevo viejo pacto
La negativa al desafuero no fue un acto aislado. Fue el resultado de una negociación mayor entre dos partidos que, supuestamente, representan proyectos opuestos. Mientras uno gobierna y el otro simula oposición, ambos coinciden en proteger a los suyos. Y esa coincidencia pasa por encima de las mujeres.
¿Y las diputadas? Feminismo selectivo en el Congreso
La ausencia de sororidad institucional
En la votación para proteger a Cuauhtémoc Blanco, muchas diputadas se abstuvieron o votaron en contra del desafuero. Algunas de ellas han encabezado campañas feministas o pertenecen a comisiones de igualdad. Pero cuando el agresor es parte de su partido, el discurso cambia.
“La sororidad no puede ser selectiva. Si callas frente al poder, eres cómplice”, reclamó públicamente la diputada independiente Beatriz Rosas.
Morena y el PRI: ¿cuántas veces más?
Este no es el primer caso. En los últimos cinco años, legisladores de ambos partidos han sido denunciados por violencia de género, y en la mayoría de los casos, han sido protegidos. La impunidad no solo se mantiene, se institucionaliza.
Una mujer denuncia, el sistema la revictimiza
El costo de hablar
La denunciante de Cuauhtémoc Blanco no solo tuvo que enfrentar al exgobernador. También al aparato político, judicial y mediático que cuestiona su versión, expone su identidad y pone en duda su integridad. Ha recibido amenazas y ha sido desacreditada por funcionarios.
El caso en Morelos: un reflejo nacional
Lo que ocurre en Morelos no es aislado. De norte a sur del país, las mujeres que denuncian violencia por parte de políticos son minimizadas o criminalizadas. La Fiscalía General de la República ha recibido al menos 76 denuncias por violencia sexual contra funcionarios públicos entre 2020 y 2024, según datos obtenidos vía transparencia.
El costo de no romper el pacto
La negativa del Congreso a desaforar a Cuauhtémoc Blanco no solo perpetúa la impunidad. También lanza un mensaje devastador: en México, una denuncia de violación puede ser menos importante que un acuerdo político. Los partidos que se dicen distintos terminan siendo iguales cuando se trata de proteger a los suyos.
Es necesario preguntarse: ¿hasta cuándo el poder protegerá agresores? ¿Cuándo se romperá, de verdad, el pacto patriarcal?.
