Ciudad de México. El caso de Ximena Pichel, conocida como ‘Lady Racista’, marca un precedente en la lucha contra la discriminación. Un juez de control la ha vinculado a proceso por el delito de discriminación contra un elemento de la policía capitalina, imponiendo una serie de medidas cautelares y demostrando un compromiso con la justicia.
El proceso legal contra Ximena Pichel
El 28 de julio de 2025, en la Ciudad de México, un juez de control resolvió vincular a proceso a Ximena Pichel, quien ganó notoriedad pública bajo el apodo de ‘Lady Racista’. La acusación formal se centra en el delito de discriminación, perpetrado contra un integrante de la policía capitalina. Esta vinculación representa un paso firme en el esclarecimiento de los hechos.
Medidas cautelares y audiencia clave
A la imputada se le concedió una suspensión provisional del proceso, condicionada al cumplimiento de una serie de medidas rigurosas. La audiencia de continuación, que se extendió por tres horas en las salas orales de Doctor Lavista, fue crucial para establecer dichas condiciones. El juzgador impuso las siguientes medidas cautelares:
- Acudir a firmar durante seis meses.
- Dejar de frecuentar el lugar donde ocurrieron los hechos.
- Prestar servicio social.
- Someterse a tratamiento y participar en pláticas en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred).
- Ofrecer disculpas a la víctima, el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) agredido.
Estas condiciones buscan no solo la reparación del daño, sino también un cambio en la conducta de la imputada, quien es ciudadana argentina.
Reacción pública y las implicaciones del caso
El desenlace del proceso judicial de Ximena Pichel no pasó desapercibido. Ciudadanos se congregaron a las afueras de los juzgados, a la espera de su salida. Ante la expectación, ‘Lady Racista’ debió utilizar una puerta alternativa para evitar confrontaciones directas o posibles agresiones. Este hecho subraya la indignación social que el caso generó y la demanda de justicia ante actos de discriminación. La decisión judicial reafirma la importancia de combatir este tipo de conductas en el ámbito público y privado.
