
Agencias
CANCÚN. – Jorge Alberto “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva, acusado de intentar asesinar con ácido a una mujer en Cancún, en un ataque que ha causado indignación social y reavivado la exigencia de justicia para las víctimas de violencia ácida.
Los hechos ocurrieron la mañana del 12 de junio, cuando la víctima se dirigía a su lugar de trabajo.
Según la Fiscalía General del Estado (FGE), el agresor la interceptó en la avenida Tulum, la jaló del cabello y le arrojó ácido muriático en el rostro y la espalda mientras le gritaba: “Ahora sí te voy a desfigurar la cara”. Luego del ataque, el sujeto huyó del lugar.
La mujer fue trasladada de emergencia a un hospital, donde actualmente se reporta fuera de peligro, aunque con lesiones graves.
Desde el primer momento ha contado con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Mujer y el Centro de Justicia para las Mujeres.
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Las investigaciones revelaron que el agresor había acosado a la víctima desde noviembre de 2024, cuando coincidieron en un empleo.
A pesar del rechazo constante de la mujer, él insistía en llevarla a su casa y la amenazaba con dañar a su familia.
Tras renunciar a su trabajo e irse a vivir a Chiapas, la víctima regresó a Cancún en febrero.
Un mes después, Jorge Alberto fue contratado en la misma obra de construcción donde ella trabajaba, en el complejo Puerto Cancún. Allí, se hacía pasar por su esposo ante los compañeros.
La mañana del ataque, al ver que ella no accedía a subir a su motocicleta, el hombre la amenazó con quemar su casa con su familia dentro.
La siguió hasta su destino y consumó la agresión frente a una testigo.
Elementos de la Policía de Investigación lo detuvieron horas más tarde en las avenidas Kabah y Niños Héroes.
Se determinó que compró el ácido en una tienda de abarrotes de la Supermanzana 234 y lo llevaba consigo en una mochila con la clara intención de usarlo.
Con base en las pruebas presentadas, un juez de control lo vinculó a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y dictó prisión preventiva por dos años o lo que dure el juicio.
Este caso se suma a una preocupante ola de violencia de género que persiste en el estado, y que ha llevado a colectivos feministas a exigir mayores sanciones para agresores y reformas legales para tipificar con mayor severidad los ataques con sustancias corrosivas.
Red Informativa del Sureste