Agencias
BACALAR.- El afectado de robo a casa habitación Luis Carrión, manifestó su desacuerdo con la decisión de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa —obligatoria para delitos graves como el robo a casa habitación— y dejar en libertad a los acusados, imponiéndoles solo firma periódica, prohibición de salir del país y brazalete electrónico.
Y es que, de acuerdo con la audiencia celebrada en días pasados, el juez no fundamentó ni motivó su fallo y basó su criterio en razonamientos confusos, sin estudio jurídico ni soporte constitucional. En palabras simples: actuó sin sustento y fuera del marco de la ley.
“El artículo 19 de la Constitución es claro: ciertos delitos deben mantener la prisión preventiva de manera oficiosa. No se interpreta, no se negocia. Sin embargo, el juzgador decidió ignorarlo, abriendo una puerta peligrosa. Si se toleran decisiones como esta, mañana podrían salir violadores, secuestradores o delincuentes de alto riesgo con los mismos argumentos”, detalla el afectado.
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La Dirección de Medidas Cautelares (Umecas) ha informado desde diciembre de 2024, por distintos medios oficiales, que no cuenta con brazaletes electrónicos disponibles. En otras palabras, los jueces están ordenando libertades condicionadas a dispositivos que no existen.
Incluso, la propia Umecas ha advertido que ya no se deberían conceder salidas bajo esa modalidad, porque no pueden garantizar el monitoreo de los liberados. Aun así, el juzgado hace caso omiso. Sabe que los brazaletes no están operando y aun así autorizó la salida de imputados que pueden sustraerse de la acción de la justicia, no pagar los daños a las víctimas y evadir su responsabilidad.
Este es el caso que ocupa la controversia entre Luis Carrión Cuellar como víctima y los imputados Samuel Jaime Acuña Jenkins y Viktoriya Ankudinova, en el posible delito de “fraude y robo a casa habitación”, pero el juez Eduardo Utrilla López determinó cambiar la medida cautelar.
SIM
