Por José Marcos Morales
CANCÚN.- Celia Ivette Torres, víctima de violencia familiar, acompañada de miembros de diversos colectivos, denunciaron presuntas negligencias por parte de personal de la Fiscalía Especializada para la Mujer, así como de jueces del Poder Judicial de Quintana Roo, quienes con sus decisiones y acciones favorecen a su exesposo Héctor “N”.
“En 2025 en mayo de este año, lo denuncié por agresiones físicas. La verdad tuve mucho miedo. Tuve miedo de faltarle a mis hijas, tuve miedo de perder mi vida y qué iba a pasar con mis tres hijas y a mí, pero corrí a pedir auxilio, Él logró ir de mi domicilio y ese mismo día lo denuncié de nueva cuenta. El procedimiento ha sido muy largo, muy tedioso, con demasiadas anomalías”, narró en conferencia de prensa.
Aseguró que, desde que interpuso la denuncia, Héctor “N”, quien asegura es empresario, no ha dejado de amenazar, amedrentar y hostigar a ella ni a sus tres hijas (una adolescente de 16 años, y dos menores de cinco y dos años de edad). Incluso, dijo que estas acciones se han realizado en plena vía pública.
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“En el último hecho, él se me cierra en una avenida principal, tengo pruebas en video (…) Venía con mis dos hijas menores y él trata de quitarme el vehículo donde yo transporto a mis hijas todos los días (…) Él se baja a quererme quitar el vehículo, me choca el vehículo porque se cierra el paso. La avenida está muy transitada, entonces decidió irse”, narró.
Añadió que sus hijas también han sufrido episodios de violencia con el acusado, muestra de ello son los exámenes periciales presentados a las autoridades, en donde se da cuenta de presuntas amenazas y violencia vicaria realizadas contra sus hijas.
Celia Ivette Torres aseguró que ya había denunciado a Héctor “N” en 2019 por violencia, lo que ocasionó que disminuyeran sus agresiones pero persistieron las humillaciones en su contra. Sin embargo, acudió a las autoridades en mayo pasado, debido a que la atacó, le clavó un cuchillo en el hombro, la arrastró del cabello y la comenzó a estrangular, mientras ella le rogaba que no la matara, que pensara en sus hijas.
Por ello, en mayo entabló una demanda de divorcio y una denuncia penal por violencia familiar, por lo que tanto ella como sus hijas obtuvieron una orden de restricción como medida cautelar, la cual posteriormente le fue retirada por el juez penal Guillermo Baca González Pliego, pese a los dictámenes periciales y psicológicos que avalaban los presuntos abusos que presuntamente recibían de parte de Héctor “N”.
“Ello, pese a la existencia de una denuncia interpuesta en contra del presunto agresor, y pese a existir dos dictámenes psicológicos en los que las menores manifiestan tener miedo de convivir con su padre, quien les dijo que metería en la cárcel a su madre”, comentó la abogada Ariadne Song, quien además resaltó que la audiencia fue al poco tiempo de ser ingresada la petición, mientras que la demanda de divorcio ingresada por la víctima sigue estancada.
Incluso, refirió que, días después, la jueza de lo familiar, Marcela de Pilar Campos, sostuvo su propia audiencia, para obligar a la convivencia de las menores con su padre, a quien le tienen miedo después de dichos episodios de violencia.
Celia Ivette Torres aseguró que todas estas decisiones son causadas por un presunto tráfico de influencias, a través de la magistrada Rosario Cervantes García, quien es la esposa del abogado contratado por su presunto agresor.
“Después de que yo denuncié me contactó la esposa de su abogado, que es la magistrada de Rosario M, tratando de disuadirme de mi decisión de separarme de él. Tratando de que yo volviera con mi agresor, a una vida que no es vida, a donde yo temía por llegar a mi casa sola. Y bueno, él abiertamente me ha amenazado que con el apoyo de ella me va a quitar mi casa, mi vehículo, que no me va a dar nada para las niñas”, añadió.
Las irregularidades no solo se han dado en los juzgados, sino en la misma Fiscalía, pues Daniel Alejandro Chuc Chac, encargado del caso, pese a que recibió fotos y videos probatorios de las presuntas agresiones, así como de dictámenes psicológicos, la carpeta de investigación sigue estancada.
“El fiscal parece estar esperando a que maten a mi cliente”, comentó Song, quien dijo que Héctor “N” debería ser procesado por feminicidio en grado de tentativa.
Mientras que la abogada anunció que denunciarán a los jueces ante denunciar ante el Tribunal de Justicia Administrativa, Celia Ivette Torres aseguró que teme por su seguridad y el de sus hijas, por lo que pidió el apoyo de las autoridades y de la gobernadora Mara Lezama para parar la espiral de violencia que sufre de parte de Héctor “N”, quien al casarse con ella le prometió respetarla y amarla.
