Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La Procuraduría Agraria, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) formalizaron un convenio de colaboración entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Registro Agrario Nacional (RAN).
Este acuerdo interinstitucional tiene el objetivo de fortalecer la protección de los recursos naturales y frenar la deforestación en la Península de Yucatán, además de coordinar acciones estratégicas para prevenir el cambio de uso de suelo ilegal, así como fortalecer la vigilancia y el ordenamiento territorial en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, considerados zonas prioritarias por su riqueza ambiental y la presión que enfrentan sus ecosistemas.
En el acto protocolario participaron el procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera; la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell; y el director en jefe del Registro Agrario Nacional, Luis Cruz Nieva, quienes destacaron la importancia de la coordinación institucional para enfrentar problemáticas complejas como la deforestación.
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En el sur de Quintana Roo la expansión agrícola de comunidades menonitas ha provocado una deforestación alarmante que, según registros de la Federación, supera las 50 mil hectáreas del macizo forestal en el municipio de Bacalar.
Autoridades ambientales federales y estatales han identificado que en los últimos años el ritmo de desmontes ha aumentado significativamente debido al uso de maquinaria pesada para abrir nuevas áreas de cultivo, principalmente destinadas a la siembra de soya, maíz y sorgo. Estas prácticas han generado graves impactos en los ecosistemas locales, afectando la fauna, la recarga de mantos acuíferos y la calidad del suelo.
El problema ha llegado a tal punto que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe) del Gobierno del Estado ofreció a las comunidades menonitas un esquema de apoyo institucional con el propósito de frenar la deforestación y transitar hacia modelos de producción más sostenibles.
Sin embargo, organizaciones ambientales han advertido que las acciones gubernamentales son insuficientes frente al ritmo de pérdida forestal. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Bacalar y sus alrededores han perdido más del 30% de su cobertura arbórea original en los últimos veinte años, gran parte de ella atribuida a prácticas agrícolas mecanizadas.
Los ambientalistas también han denunciado que muchas de las zonas deforestadas no cuentan con permisos de cambio de uso de suelo forestal, lo que implica posibles violaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. En varias ocasiones, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha realizado operativos y decomisos de maquinaria, pero las sanciones no han logrado detener completamente el fenómeno.
En tanto, las comunidades menonitas argumentan que su expansión responde a la necesidad de garantizar su sustento y desarrollo económico, y que en algunos casos han intentado cooperar con las autoridades para regular sus actividades.
