Una sacudida en el ámbito político-financiero se registró en la Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 22 empresas y sujetos, incluyendo a la diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo. Esta acción, detonada por una designación de Estados Unidos, revela la tensión y el compromiso de México en la lucha contra el crimen organizado.
La OFAC señala, la UIF responde: Un bloqueo preventivo
El 18 de septiembre de 2025, a las 09:07, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó el bloqueo de cuentas de las 22 empresas y personas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Entre los designados se encuentra la legisladora morenista Hilda Araceli Brown Figueredo.
La UIF, bajo la dirección de Omar Reyes Colmenares, agregó que realizará un análisis exhaustivo de la información financiera de estas personas y, de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales correspondientes.
Los sujetos del escrutinio internacional
La designación de la OFAC identificó a siete personas y 15 empresas con presuntos vínculos con «Los Mayos», una facción del cártel de Sinaloa. Esta lista de 22 entidades ahora enfrenta bloqueos administrativos en territorio mexicano, destacando la presencia de una figura política en activo.
Cronología de una reacción oficial
La respuesta de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se produjo más de una hora después de la publicación realizada por sus pares estadunidenses. Este movimiento de la autoridad mexicana se dio en el marco de la visita a México de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
En un comunicado, que la Secretaría de Hacienda puntualizó como una respuesta, y no un acto simultáneo, al del Tesoro, se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera «instruyó un bloqueo administrativo» conforme a los «mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo».
El marco legal y la cooperación binacional
La unidad de Hacienda enfatizó que «los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano». Esta coordinación es vital para el combate a los flujos ilícitos, ya que «la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional».
El camino a seguir: Análisis y presunción de inocencia
Las autoridades mexicanas subrayaron en el mismo comunicado que la UIF «realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados y, en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la FGR para los efectos legales conducentes».
Es crucial destacar que la integración a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva. Esto no implica automáticamente que una persona sea culpable de una conducta ilícita o de alguna responsabilidad penal si antes no existen elementos que lo prueben, respetando así el principio de presunción de inocencia. La acción de la UIF representa un paso firme en la colaboración binacional contra el crimen, pero el escrutinio legal apenas comienza.
