Trump amenaza remesas: ¿cómo afectará a los migrantes y a México?
Un nuevo frente se abre en la política migratoria de Estados Unidos. Donald Trump, a través de un nuevo proyecto de ley fiscal, propone gravar con un impuesto del 5% los envíos de dinero que realicen los inmigrantes sin estatus legal. Esta medida, de aprobarse, golpearía directamente a millones de familias en México, especialmente en zonas con fuerte dependencia de las remesas como el sureste y el Caribe Mexicano.
Un impuesto directo al corazón migrante
La propuesta de reforma fiscal, que será presentada este martes 13 de mayo por congresistas republicanos, incluye un apartado altamente polémico: un impuesto especial del 5% sobre las remesas enviadas por inmigrantes ilegales. Aunque aún está en etapa legislativa, la iniciativa se enmarca en la narrativa que Trump ha sostenido desde 2017, donde mezcla recortes fiscales internos con medidas punitivas contra migrantes y países extranjeros.
¿Qué dice exactamente la propuesta?
Según el documento fiscal republicano, el impuesto sería cobrado directamente al remitente al momento de enviar el dinero. Los proveedores de servicios de transferencia tendrían la obligación de recaudar este impuesto y reportarlo trimestralmente al Departamento del Tesoro estadounidense. Incluso, el proyecto contempla que estos proveedores sean responsables subsidiarios si no cumplen con dicha obligación.
México: el más golpeado si se aprueba el impuesto
México es el principal receptor de remesas del mundo, con más de 63 mil millones de dólares recibidos en 2023. Gran parte de este dinero proviene de migrantes en Estados Unidos, incluyendo aquellos sin documentación legal. Para estados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, estas transferencias representan un sustento económico fundamental.
¿Qué impacto tendría este impuesto?
- Reducción en el monto neto recibido por las familias mexicanas.
- Mayor uso de canales informales para evitar el gravamen.
- Aumento de la precariedad económica en comunidades rurales y urbanas.
- Riesgo de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos.
Una estrategia fiscal con tinte electoral
La propuesta fiscal también incluye otras medidas destinadas a ganar popularidad entre votantes de clase media estadounidense:
- No se gravarán las propinas ni las horas extra.
- Se ofrecerán beneficios fiscales a adultos mayores y pequeñas empresas.
- Se buscará eliminar “subsidios” a inmigrantes ilegales y al comercio con China.
En ese contexto, el impuesto a las remesas aparece como un gesto simbólico y político más que como una solución económica real. Sin embargo, su aprobación tendría consecuencias reales para miles de familias binacionales.
¿Quién pagará el costo político?
Aunque el proyecto dice enfocarse solo en migrantes “ilegales”, la aplicación de este impuesto podría abrir un precedente peligroso, donde cualquier envío de dinero sea potencialmente gravado bajo criterios arbitrarios de estatus migratorio. Además, se corre el riesgo de estigmatizar aún más a comunidades migrantes, muchas de las cuales ya enfrentan discriminación, explotación laboral y barreras legales.
Lo que no dice el proyecto (pero preocupa)
Hay aspectos del plan que aún no están claramente definidos:
- ¿Cómo se determinará el estatus migratorio del remitente?
- ¿Podrían los proveedores de remesas retener información confidencial?
- ¿Se afectarán también las remesas digitales y criptomonedas?
- ¿Habrá represalias económicas o legales para quienes intenten evadir el impuesto?
Estas preguntas generan incertidumbre y alimentan una creciente inquietud entre la comunidad migrante y sus familias en México.
Una amenaza al lazo vital entre migrantes y sus comunidades
La propuesta de Donald Trump para gravar las remesas de inmigrantes ilegales representa mucho más que una estrategia fiscal: es una declaración política que pone en la mira a los migrantes y a las familias que dependen de ellos. De concretarse, esta medida podría deteriorar aún más la relación bilateral entre México y Estados Unidos, además de generar un impacto directo en la economía de los hogares más vulnerables.
El Caribe Mexicano, con su creciente comunidad migrante en EE.UU., no es ajeno a esta problemática. Las autoridades mexicanas y las organizaciones de defensa de derechos humanos deberán estar atentas a esta evolución legislativa y prepararse para responder, tanto a nivel diplomático como en apoyo a los afectados.
