La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su ofensiva contra los cárteles latinoamericanos, a los que Estados Unidos ha designado como «organizaciones terroristas» globales, generando una tensión diplomática con México que descarta cualquier intervención militar en su territorio. Esta estrategia busca proteger a Estados Unidos del narcotráfico, especialmente el fentanilo.
La ofensiva de Trump contra el crimen organizado transnacional
Desde su regreso al poder en enero, el presidente republicano Donald Trump ha librado una guerra declarada contra los cárteles, con el objetivo primordial de frenar el tráfico de fentanilo, un opioide sintético letal. En febrero, su administración designó a ocho grupos del crimen organizado de América Latina como «organizaciones terroristas globales». Entre estos se incluyen el cártel de Sinaloa de México, el venezolano Tren de Aragua y la pandilla MS-13. En julio, la lista se amplió para incluir al Cártel de los Soles, el cual, según Washington, es liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro.
«Latinoamérica tiene muchos cárteles, tienen mucho tráfico de drogas así que, ya saben, queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo», declaró Trump en la Casa Blanca al ser cuestionado sobre la posible implicación militar. El mandatario reiteró: «Amamos a este país como ellos aman a sus países. Tenemos que protegerlo», durante un acto con dirigentes de Azerbaiyán y Armenia, sin ofrecer más detalles, solo añadiendo: «Estamos jugando un partido difícil, pero pronto tendremos más que decir al respecto».
Implicaciones y reportes sobre la acción militar estadounidense
Medios estadunidenses aseguran que Trump ha firmado un decreto en secreto para implicar al ejército en esta lucha. El New York Times, citando a fuentes anónimas, afirmó que el presidente ordenó al Pentágono el uso de fuerza militar contra los cárteles designados como terroristas. Por su parte, el Wall Street Journal, citando a un funcionario no identificado, indicó que, por el momento, Trump solo ha solicitado al Departamento de Defensa que prepare opciones, una de las cuales incluiría el uso de fuerzas especiales y unidades de inteligencia, siempre en coordinación con los países involucrados.
A finales de febrero, la Casa Blanca ya había amenazado con «abrir las puertas del infierno» contra los cárteles para garantizar la seguridad en la frontera con México.
México rechaza categóricamente la intervención militar
Frente a la posibilidad de una intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática: «‘No va a haber invasión'». Este viernes, en su habitual rueda de prensa matutina, Sheinbaum declaró: «Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o ninguna institución en nuestro territorio». La mandataria mexicana subrayó que «Estados Unidos no va a venir a México con los militares; cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado y, además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, no está permitido, ni es parte de ningún acuerdo». La presidenta mexicana aseguró que las agencias de Estados Unidos con presencia en México «están muy reguladas».
Justificación de Washington y presión republicana
La designación de organizaciones como «terroristas globales» permite a Estados Unidos emplear «elementos del poder estadunidense, como las agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, etc., para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad», explicó el jueves el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en una entrevista con EWTN. Para Rubio, «tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico», ya que «ya no es un asunto de aplicación de la ley. Se convierte en un tema de seguridad nacional».
Varios congresistas republicanos han presionado desde hace tiempo para aplicar mano dura al narcotráfico y la violencia. Como parte de esta escalada, la administración Trump aumentó el jueves a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, acusado formalmente en 2020 de «narcoterrorismo». La fiscal general Pam Bondi afirmó que el líder chavista utiliza «organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cartel de) Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia» en Estados Unidos, una acusación que Caracas ha calificado como «cortina de humo».
¿Cómo equilibrarán Washington y Ciudad de México la necesidad de combatir el crimen organizado con el respeto a la soberanía, en un escenario de creciente tensión y la posibilidad de una implicación militar estadounidense en la región?
