Una nueva escalada de tensión sacude el Caribe. El presidente Donald Trump declaró unilateralmente que el espacio aéreo de Venezuela está «cerrado en su totalidad», intensificando la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Este movimiento, justificado por la lucha contra el narcotráfico, llega en medio de una crisis aérea que afecta a 15,000 pasajeros semanales.
La advertencia de Trump y la soberanía aérea
El sábado 29 de noviembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una amplia directiva a través de su cuenta de Truth Social, advirtiendo severamente a la comunidad internacional. En su mensaje literal, el mandatario escribió:
> “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención a este asunto! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP.”
Esta advertencia, también citada en X, se da en el marco de una escalada militar en la región y la intensificación de las tensiones verbales con el gobierno del mandatario izquierdista Nicolás Maduro.
Sin embargo, el alcance práctico del anuncio no quedó inmediatamente claro, especialmente bajo el derecho internacional. El Convenio de Chicago de 1944, base del sistema de aviación civil global, recoge que «cada Estado tiene soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo encima de su territorio».
Contexto militar y el espectro de la acción terrestre
La declaración aérea se suma a las amenazas previas emitidas por Trump. El jueves anterior, el presidente estadounidense sugirió que Washington se estaba preparando para tomar nuevas medidas contra las presuntas redes de narcotráfico en Venezuela.
El presidente afirmó que los ataques terrestres comenzarían «muy pronto», señalando que la acción por tierra es más fácil. “Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer entregas por mar, y comenzaremos a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto”, dijo Trump.
El despliegue de fuerza en el Caribe ha sido notable desde inicios de septiembre de 2025. El gobierno de Trump incrementó la presión con un importante aumento militar en la zona, que incluye la presencia del mayor portaaviones del mundo.
Mientras Washington afirma que su objetivo principal es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, Caracas asegura que el verdadero propósito de la campaña militar es lograr un cambio de régimen. Los datos sobre la confrontación son contundentes:
- Tras el despliegue de la flota militar, las fuerzas estadounidenses han reportado la muerte de al menos 83 personas.
- Los decesos ocurrieron en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el este del Pacífico.
- Washington, hasta la fecha de publicación, no ha aportado ninguna evidencia de que esas embarcaciones fueran utilizadas para transportar narcóticos o representaran una amenaza directa para Estados Unidos.
El colapso de la conectividad: La respuesta de Venezuela
La crisis aérea se gestó hace poco más de una semana, cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y, por separado, el gobierno de España, emitieron alertas de seguridad. La FAA instó a las aerolíneas comerciales a «extremar precauciones» o «actuar con precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, citando una «situación potencialmente peligrosa» y la «actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela».
Ante la tensión, varias aerolíneas internacionales suspendieron temporalmente sus vuelos hacia Venezuela, priorizando la protección de sus pasajeros y tripulaciones.
La revocación de licencias y el derecho de admisión
El gobierno venezolano, liderado por el presidente Nicolás Maduro, reaccionó dando un plazo de 48 horas para que las aerolíneas retomaran sus operaciones. Al no cumplirse este plazo, Venezuela revocó la concesión de vuelos a seis aerolíneas internacionales:
- Iberia
- TAP (línea estatal de Portugal)
- Avianca
- Latam Colombia
- Turkish Airlines
- Gol (línea de Brasil)
El gobierno acusó a estas compañías de «sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos». Además, se advirtió que Air Europa y Plus Ultra podrían perder sus licencias si tampoco reanudan sus vuelos. El gobierno luso, por su parte, advirtió que no se doblegará ante amenazas.
Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela, defendió la medida en una decisión soberana. El ministro aseguró que el Gobierno del país es quien “decide quién vuela y quién no” y “se reserva el derecho de admisión”.
> “El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema”, declaró Cabello.
Latam Colombia dijo a CNN en un comunicado que la suspensión buscaba «la protección de sus colaboradores y de todos sus pasajeros» y seguiría las indicaciones de la FAA. Iberia, siguiendo las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Aérea de España, manifestó que confía en retomar sus actividades tan pronto existan condiciones de seguridad para pasajeros y tripulantes.
El llamado de la IATA
Ante la severidad de la crisis de conectividad, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), con sede en el cantón de Ginebra, Suiza, urgió a las autoridades venezolanas a reconsiderar la revocación.
Peter Cerdá, vicepresidente de IATA, advirtió en entrevista con CNN que la suspensión de vuelos está afectando a 15,000 pasajeros cada semana.
La IATA subrayó que las compañías aéreas reafirman su compromiso con el país, pero han priorizado la protección de los pasajeros y de sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado. El organismo reiteró su voluntad de promover la cooperación y el trabajo conjunto para encontrar soluciones que aseguren la seguridad aérea y, al mismo tiempo, preserven la conectividad de Venezuela con el resto del mundo. Igualmente, instó al gobierno de Nicolás Maduro a brindar una aclaración oportuna sobre las condiciones comunicadas que derivaron en la suspensión temporal de los servicios.
La confrontación entre Washington y Caracas ha trascendido el ámbito diplomático y militar, impactando directamente en la movilidad civil de miles de personas. La directiva de Trump, aunque potencialmente simbólica ante el derecho internacional, es un claro indicador de que la política de máxima presión continuará intensificándose. ¿Será este cierre aéreo un preludio forzado a la acción terrestre anunciada por la Casa Blanca, o simplemente otra jugada en la compleja guerra psicológica que define las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela?
