El presidente estadunidense, Donald Trump, aceptó revisar la posibilidad de reducir el número de agentes federales de control migratorio desplegados en Minesota, según confirmó el gobernador Tim Walz este lunes. Esta consideración se dio luego de una llamada telefónica sostenida el 26 de enero de 2026, después del segundo tiroteo fatal de un residente a manos de fuerzas federales ocurrido en Mineápolis. La Casa Blanca y el gobierno estatal buscan bajar la intensidad de la crisis de seguridad y las protestas masivas que siguieron a los incidentes.
Walz planteó a Trump la necesidad de ejecutar investigaciones imparciales sobre los tiroteos y disminuir la presencia federal en Minesota, que ha provocado una fuerte reacción popular. El mandatario se comprometió a dialogar con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para autorizar una investigación independiente a cargo de las autoridades estatales.
La «sintonía» entre Trump y Walz tras la tensión
Tras la conversación, Donald Trump utilizó Truth Social para calificar el intercambio con Walz como una “muy buena conversación”, señalando que ambos parecían estar “en una sintonía similar”, según reportó USA Today.
Trump detalló que fue el gobernador Walz quien inició el contacto para solicitar un trabajo conjunto ante la situación en Minesota. El presidente adelantó que tanto él como el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, mantendrían un diálogo próximo con el gobernador. Aunque el mandatario sostuvo que la delincuencia había disminuido, enfatizó que ambos líderes buscaban mejorar las condiciones de seguridad en la región.
Cronología y contexto del conflicto en Mineápolis
Las negociaciones se desarrollaron en medio de fuertes repercusiones por los dos tiroteos mortales ocurridos durante el mes de enero en Mineápolis, ambos con participación directa de agentes de inmigración.
El punto de mayor tensión se alcanzó con el asesinato a tiros del enfermero Alex Pretti, ocurrido el 25 de enero de 2026 a manos de agentes federales. En paralelo al diálogo entre Walz y Trump, se dejaron flores en un monumento improvisado en la zona donde Pretti fue abatido.
El impacto político fue inmediato y polarizado:
- Legisladores republicanos: Exigieron investigaciones exhaustivas por la muerte de Pretti.
- Legisladores demócratas: Se negaron a aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un riesgo que puso en peligro un cierre gubernamental.
- Protestas ciudadanas: Miles de manifestantes se movilizaron en rechazo a la intervención federal y demandaron el retiro inmediato de los agentes.
Los padres de Alex Pretti calificaron de «repugnantes» las declaraciones de la gestión de Trump sobre el asesinato de su hijo, mientras que algunos republicanos expresaron públicamente su inquietud por las tácticas utilizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minesota.
Advertencia de la Casa Blanca sobre la obstrucción de operaciones migratorias
La administración Trump defendió la actuación federal, separando claramente los derechos constitucionales de las acciones de protesta.
La Casa Blanca sostuvo que el presidente respaldaba los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos “respetuosos de la ley”, pero afirmó que esta garantía constitucional no amparaba la obstrucción de las operaciones federales de control migratorio. Esta declaración se emitió precisamente tras el asesinato de Pretti.
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofreció una postura contundente: la tragedia que culminó en la muerte de Pretti fue, según ella, una consecuencia directa de que funcionarios estatales habían «alentado a manifestantes a obstruir la aplicación de las leyes migratorias». Leavitt aseguró que Trump no desea «ver gente lastimada o muerta en las calles de Estados Unidos».
La conversación entre el gobernador Walz y el presidente Trump evidencia una fractura compleja entre la autoridad estatal y el mandato federal en temas migratorios y de seguridad. La disposición de Trump a revisar el despliegue de agentes sugiere una estrategia política para apaciguar la crisis local, pero ¿qué margen real de maniobra tiene el DHS, un departamento que considera a los manifestantes como obstruccionistas de la ley, para retirarse de una zona que clasifica como problemática?
