La reciente instauración del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) marca un hito en la reforma judicial de México. Este nuevo organismo promete ser un Tribunal de Disciplina Judicial implacable contra la corrupción y el retardo, buscando recuperar la confianza ciudadana en la impartición de justicia.
La consolidación de la reforma judicial
El 02 de septiembre de 2025, en la sede de lo que fuera el extinto Consejo de la Judicatura Federal, se celebró una ceremonia trascendental. Durante el evento, se formalizó la creación del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), un organismo esencial de la reforma al Poder Judicial, integrado por los ganadores de la elección extraordinaria de junio pasado.
En presencia de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del Congreso de la Unión, se delineó la misión del TDJ.
Compromiso contra la corrupción y la impunidad
La magistrada Celia Maya García, presidenta del TDJ, enfatizó la postura inquebrantable del tribunal ante las malas prácticas. «No se debe tolerar que haya conductas inadecuadas o indolentes», afirmó, subrayando la inadmisibilidad de la impunidad de los malos juzgadores y el inaceptable retardo en la resolución de asuntos. Este posicionamiento es una medida vigorosa para combatir la corrupción interna en el Poder Judicial.
La voz de la presidencia del TDJ
Maya García aseguró que el TDJ cuenta con atribuciones claras para sancionar a los juzgadores que incurran en desviación de la función judicial. Precisó que la reforma no afecta a la mayoría de jueces y magistrados. Por el contrario, garantiza su libertad, autonomía e independencia en la valoración racional del derecho, al no modificar los criterios ni los valores de la jurisdicción. La presidenta fue enfática: «Cuando se haya de proceder con una causa justificada [contra jueces o magistrados que incurran en actos de corrupción, nepotismo o retardo en la impartición de justicia], siempre se actuará bajo los estándares legales y convencionales del debido proceso y del respeto a los derechos humanos». El compromiso final es «contribuir a la recuperación de la confianza de la ciudadanía en los órganos encargados de impartir justicia».
Fin a la «aristocracia judicial»
Bernardo Bátiz Vázquez, miembro del TDJ, aclaró que el tribunal no operará como una «inquisición» ni como un órgano persecutor de amigos o enemigos. Hizo una crítica retrospectiva al pasado Poder Judicial Federal (PJF), señalando que se había gestado una «especie de aristocracia judicial», un gremio unido y capaz, pero sin reglas precisas en la aplicación estricta del derecho. Este escenario, aseguró, «se ha terminado con la reforma judicial, que fue una verdadera revolución». En esta nueva etapa del PJF, los integrantes del TDJ cumplirán con «estricto apego a la ley, con seriedad, con energía y con convicción de que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, castigo y sanción al que lo merezca y reconocimiento al que tenga el derecho».
Hacia una justicia más democrática e imparcial
El magistrado Rufino H. León Tovar se sumó a las declaraciones, manifestando que desde el TDJ se velará por una justicia más democrática. Esta justicia, aseguró, «sin distinción de género, condición física, económica o social, credo, orientación sexual u origen étnico, se aplique de manera imparcial, pronta, expedita y gratuita».
Enfoque en los más vulnerables
León Tovar reafirmó la voluntad de alcanzar «justicia para todos, pero principalmente para las personas que menos oportunidades tienen». Su declaración incluyó la promesa de «respeto a los derechos humanos y aplicaciones de la ley por encima de privilegios», sentenciando: «Daremos cárcel a los jueces corruptos y sanciones severas a quienes retarden o resuelvan injustamente los casos». El magistrado instó a desterrar la noción de que el acceso a la justicia en México se limita a quienes tienen poder o dinero, calificando este momento como la oportunidad de «pagar a los mexicanos una deuda histórica de justicia porque donde no hay justicia tampoco hay libertad».
Mecanismos de control y transparencia
El TDJ establecerá un sistema de control y supervisión integral que impactará todas las instancias del PJF. Este incluye mecanismos de capacitación y programas preventivos para evitar conductas irregulares. En casos de presunta corrupción o falta de ética, se garantizará «certeza y celeridad en la investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad», siempre con apego a la legalidad y respetando los derechos y garantías de los servidores públicos sujetos al régimen disciplinario.
Finalmente, Verónica De Gyvés Zárate, también miembro del TDJ, detalló que el nuevo tribunal revisará la agilidad de los procesos, investigará cualquier duda de honestidad y exigirá conocimiento profundo de los asuntos, «pero sobre todo que resuelvan con justicia». De Gyvés Zárate concluyó que el tribunal tiene la misión de cambiar la percepción pública del PJF, persiguiendo a «las personas servidoras públicas que no comulguen con la reforma», consolidándose como un organismo que vigilará las conductas que se aparten de la ley.
La inauguración del Tribunal de Disciplina Judicial representa una declaración de intenciones contundente. ¿Será este nuevo organismo la palanca definitiva para erradicar la corrupción y la indolencia en el sistema de justicia mexicano y recuperar la fe de la ciudadanía?
