El megaproyecto Tren Maya enfrenta una triple crisis en el sureste de México. Mientras se resuelve un conflicto legal clave sobre la Terminal Multimodal de Cancún, el deterioro de infraestructura vial afecta a Quintana Roo. Lo más delicado es la revelación de contratos millonarios adjudicados al Grupo Pryse, una empresa de seguridad que opera bajo suspensión de una inhabilitación federal, lo que agrava las Tren Maya controversias.
La batalla legal por la Terminal Multimodal y el medio ambiente
La polémica alrededor de la obra federal se intensifica en los tribunales. Actualmente, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Cancún tiene en sus manos la responsabilidad de determinar el futuro de una solicitud de amparo crucial. Este recurso legal fue promovido por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) contra el desmonte de la terminal de carga de Cancún.
El Cemda solicitó el amparo desde septiembre pasado, argumentando probables violaciones al derecho a un medio ambiente sano. La acción legal se dirige específicamente contra la autorización otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la promotora del proyecto denominado “Terminal Multimodal Cancún” en su modalidad de carga.
El camino legal de este amparo ha estado plagado de conflictos de competencia:
- Rechazo inicial: El juez Quinto de Distrito de Quintana Roo se negó a resolver la solicitud. Alegó que, debido a un acuerdo emitido en 2021, todos los juicios contra el Tren Maya deben concentrarse en el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán.
- Segundo rechazo: Al recibir la demanda, la jueza de Distrito de dicho órgano en Yucatán también rechazó resolver la controversia. Su argumento fue que la terminal ya no forma parte del proyecto original del Tren Maya, el cual opera desde hace meses en su modalidad de pasajeros.
Ante estas negativas, fue el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán el que remitió la opinión al Tribunal Colegiado, dejando en manos de este último la resolución del conflicto judicial.
Retraso en las obras viales: la afectación en Quintana Roo
A la controversia ambiental se suman los problemas de infraestructura que han generado el Tren Maya en Quintana Roo. La secretaria de gobierno de la entidad, Cristina Torres, confirmó el 31 de octubre de 2025 que se mantienen las gestiones ante el gobierno federal para cumplir con el compromiso de reconstruir las vías afectadas por las obras.
Torres detalló que estos trayectos están a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dependencia que aún continúa con el proceso de licitación. Por tal motivo, pidió paciencia a la ciudadanía, ya que no existe una fecha determinada para el inicio de las obras.
Los pendientes de la SICT
La funcionaria explicó que la SICT tiene dos tramos que todavía están en proceso de licitación, los cuales “trae en cartera”. Por ello, se desconoce la fecha exacta en que se aplicará el recurso destinado, ni el tiempo que durarían las reparaciones en la carretera que conecta a Chetumal con Cancún.
Aunque la programación oficial indica la posibilidad de que los trabajos puedan estar listos antes de que concluya el año 2025, todo depende de los tiempos de la dependencia federal. La administración estatal seguirá insistiendo en que se atiendan estos daños para garantizar la seguridad vial y dar mantenimiento integral a las zonas que, aunque ya fueron atendidas, presentan un desgaste.
- Exigencia empresarial: Los sectores empresariales de la zona sur han levantado la voz para exigir la conclusión de la rehabilitación carretera. Las principales quejas son el deterioro que presenta la vía y la falta de señalización, elementos que incrementan la posibilidad de accidentes de tránsito.
- Contexto de daños: Previamente, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza confirmó que el Tren Maya ha generado daños graves y permanentes en el sureste de México, calificándolos como ecocidio y etnocidio.
El escándalo de Grupo Pryse: Contratos millonarios pese a la inhabilitación
Quizás el punto más delicado en la operación del megaproyecto es la seguridad. El Grupo de Seguridad Privada Pryse de México (Grupo Pryse) está actualmente a cargo de la vigilancia del Tren Maya, a pesar de ser objeto de sanciones y controversias administrativas por diversas irregularidades en contratos con dependencias federales.
En septiembre de 2025, la compañía fue inhabilitada por un año por la Secretaría de Anticorrupción y del Buen Gobierno. No obstante, Pryse consiguió una suspensión provisional que le permite seguir operando y manteniendo contratos con instituciones clave como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Banobras y Fonatur.
Detalles del contrato con el Tren Maya
Documentos públicos consultados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y la página de Fonatur Tren Maya confirman que Grupo Pryse forma parte del consorcio que brinda servicios de vigilancia y resguardo.
- Clave del contrato: FTM/PTM/LP/005/2024.
- Fecha de firma: Mediados de 2024.
- Monto: Un mínimo de 9.36 millones de pesos y un máximo de 14.97 millones de pesos, más IVA.
- Concepto: “Servicio integral de seguridad, protección y vigilancia en las oficinas e instalaciones” del Tren Maya.
- Consorcio: La adjudicación fue compartida con Protección Resguardo y Servicios Empresariales y Servicios Integrales Valbón.
Cronología de la sanción y suspensión provisional
El conflicto que derivó en la sanción se originó el 4 de junio de 2025, cuando varios museos —incluyendo el Museo Nacional de Antropología— cerraron temporalmente. Esto ocurrió después de que la seguridad de los recintos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pasara a manos de empresas privadas, entre ellas Pryse, a través de la licitación LA-48-D00-042-D0001-N-20-2025.
La entonces Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso una inhabilitación por 12 meses, cuya publicación se dio el 15 de septiembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras detectarse presuntas irregularidades. Pryse había obtenido la vigilancia de 10 museos en Guanajuato, 25 en Tamaulipas y 29 en Zacatecas.
Semanas después, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concedió una suspensión provisional a Pryse, permitiéndole seguir participando en licitaciones mientras se resuelve el fondo del caso.
El 2 de octubre de 2025, la Secretaría de Anticorrupción y del Buen Gobierno oficializó la suspensión provisional. Justificó la medida señalando que “se actualiza la apariencia del buen derecho y se atiende al interés social y al orden público”, puesto que los servicios de seguridad en instituciones de salud son esenciales.
Contratos federales millonarios pese a los señalamientos
A pesar de la inhabilitación y las denuncias, Grupo Pryse mantiene contratos estratégicos con múltiples dependencias:
- IMSS-Bienestar: Contrato abierto por “servicio de seguridad subrogada” que le otorgó recursos por más de 915 millones de pesos durante 2024. Adicionalmente, otro contrato similar por 270 millones de pesos con el IMSS.
- Banobras/Fonadin: El 24 de julio de 2025 se formalizó el contrato DAGA/076/2025 para la vigilancia y seguridad integral del Tren Interurbano México–Toluca, dentro del Fideicomiso F1936 Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
- Otras dependencias: La página oficial de Pryse indica que prestan servicios a la Secretaría de Salud, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banco del Bienestar, Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), además de Fonatur, Tren Maya, INAH y Fonadin.
La empresa ha sido señalada por presunta simulación de competencia y por impago a sus trabajadores, quienes han reportado retrasos salariales, falta de equipo y deficiencias en sus condiciones laborales, según denuncias difundidas por diversos medios.
La complejidad que rodea al Tren Maya, desde los tribunales que resuelven litigios ambientales hasta los tramos carreteros dañados y los controversiales contratos de seguridad, dibuja un panorama donde la velocidad de la obra parece haber superado la fiscalización y el cumplimiento normativo. ¿Quién responderá por los daños y las irregularidades mientras una empresa sancionada sigue protegiendo una obra prioritaria?
