El conflicto entre la celeridad gubernamental y la protección ambiental escaló de nuevo. A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) carece de la autorización requerida para el cambio de uso de suelo, dos juzgados federales se negaron a admitir un amparo clave. El rechazo judicial ocurre en medio de la controversia sobre la integración del Tren Maya nuevo Poder Judicial y pone en duda la viabilidad legal de la Terminal Multimodal Cancún.
El amparo ambiental y el muro judicial
Jueces federales en Quintana Roo y Yucatán se negaron a admitir la nueva solicitud de amparo promovida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) contra el desmonte de selva. Esta destrucción se realiza para la construcción de la Terminal Multimodal del Tren Maya, en su modalidad de carga, ubicada en las afueras de Cancún.
La demanda fue presentada por el Cemda desde septiembre pasado con el objetivo de que el Ejército, encargado de la obra, cumpla con medidas de protección del ecosistema que ya está siendo impactado, o, en su defecto, que las labores sean detenidas. Esta acción legal se fundamenta en que los trabajos de remoción de vegetación y construcción de la infraestructura se ejecutan sin la necesaria autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Esta anuencia, según lo estipulado, debe ir aparejada con el resolutivo de impacto ambiental que fue autorizado en agosto último. El Cemda solicitó el amparo contra probables violaciones del derecho a un medio ambiente sano derivadas de la autorización otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Sedena, la promovente del proyecto “Terminal Multimodal Cancún”.
El rechazo cruzado de los jueces
El amparo, esencial para detener la afectación de la selva, encontró dos obstáculos judiciales inmediatos:
- El juez Quinto de Distrito de Quintana Roo, Alonso Robles Cuétara, rechazó inicialmente resolver la solicitud. Su argumento fue que, debido a un acuerdo emitido en 2021, todos los juicios contra el Tren Maya deben concentrarse en el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán. Es relevante señalar que Robles Cuétara no participó en la elección judicial, esto gracias a la insaculación que fue promovida por Morena.
- El Juzgado Primero de Distrito de Yucatán, encabezado por la jueza Tania Gabriela González Rosas, también rechazó recibir la demanda interpuesta por el Cemda. Su argumento central es que el proyecto de la Terminal Multimodal ya no forma parte del proyecto original del Tren Maya, el cual opera en esta parte del país desde hace meses en su modalidad de pasajeros.
Debido a la posición de ambos juzgados de distrito, será el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo quien, tras largas deliberaciones, resuelva cuál juzgado federal deberá finalmente tomar el asunto y conocer del fondo del planteamiento.
El contexto político de la nueva judicatura
El rechazo del amparo en Yucatán ha puesto el foco sobre la figura de la jueza Tania Gabriela González Rosas. Hasta febrero último, González Rosas se desempeñaba como directora del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, cargo dependiente del morenista Joaquín Díaz Mena, gobernador de aquel estado.
La jueza fue electa en la pasada elección judicial, aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó en un primer momento invalidar su triunfo como jueza de Distrito. La invalidación del INE se debió a que no cumplió con el promedio mínimo de 8, establecido como requisito en la convocatoria. Sin embargo, posteriormente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó esta determinación del INE, permitiendo su toma de posesión.
González Rosas tomó el lugar que anteriormente ocupaba Adrián Novelo Pérez. Cuando Novelo Pérez estuvo al frente de dicho juzgado, entregó a los ambientalistas suspensiones contra las obras del Tren Maya. Según versiones citadas por el círculo judicial, Novelo Pérez presuntamente recibió presiones de Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para fallar en favor del proyecto federal.
Obras sin permisos y riesgos omitidos
Miguel Solís, abogado de la oficina sureste del Cemda, sostuvo que este nuevo desmonte de selva, ubicado a un lado de la estación Tren Maya Cancún Aeropuerto, es, definitivamente, parte del proyecto original erigido durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Solís explica que, aunque la Terminal Multimodal forma parte del megaproyecto Tren Maya y por ende debería ser competencia del Juzgado Primero de Yucatán, la prioridad del Cemda es que la justicia federal conozca de fondo su planteamiento.
En la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), así como en la resolución, “se omite cómo van a ser los impactos una vez que esta terminal entre en operación”, señala Solís. No obstante, la principal preocupación es que “la autoridad haya comenzado con las obras sin tener el correspondiente permiso de cambio de uso de suelo forestal”.
Proceso dio a conocer en agosto último que la Semarnat autorizó un desmonte de selva para la construcción de la terminal de carga del Tren Maya.
Datos del proyecto autorizado por Semarnat
- Superficie afectada: 261 hectáreas ubicadas en las afueras de Cancún.
- Riesgo faunístico: Se prevé el desplazamiento de 12 especies de fauna en riesgo, de acuerdo con el resolutivo publicado en la Gaceta Ecológica.
- Inversión y plazo: Se otorgó a la Sedena un plazo de 18 meses para su edificación, con una inversión pública de siete mil 760 millones de pesos.
- Infraestructura de carga: La Terminal Multimodal Cancún contará con 28 elementos para brindar el servicio de tren de carga, entre los que se incluyen: almacén de residuos peligrosos, alojamiento de la Guardia Nacional, alojamiento para tripulantes, antena tetra, recinto fiscalizador, báscula, bodegas de vía pública y caseta de acceso vehicular.
Finalmente, la Semarnat aclaró a la Sedena que aún deberá tramitar un permiso especial para la instalación de dos tanques de almacenamiento de diésel. Estos tanques tendrán una capacidad total de 240 mil litros para el consumo de las locomotoras. Este permiso aún queda pendiente de emitir por la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA).
La verdad en la política, aunque no absoluta, exige que el periodismo documente las inconsistencias. La negativa de los jueces, particularmente en el contexto de un nuevo Poder Judicial y la falta de un permiso crítico como el de cambio de uso de suelo, plantea una interrogante fundamental: ¿la urgencia de la obra está por encima del Estado de derecho ambiental?
