Alejandro Peza
CHETUMAL.- La instalación del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Quintana Roo en Cancún, con Rafael Manuel Ponce Pacheco como presidente, ha generado reclamos entre sectores de la sociedad y del foro jurídico en el sur del estado, quienes consideran que la decisión representa un nuevo golpe político para Chetumal como capital.
El organismo, encargado de la gestión de recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial, se ubicará en Cancún, lo que en los hechos traslada el centro de decisiones administrativas fuera de la capital, donde históricamente han operado las instituciones estatales.
Un dato importante es que el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de Quintana Roo sustituye las funciones del extinto Consejo de la Judicatura, aunque abogados y actores políticos han señalado que la medida profundiza el rezago institucional de Chetumal y refuerza la concentración de poder en el norte del estado, en detrimento de la capital. Además, cuestionan que la decisión se tomó sin un proceso de consulta ni justificación pública clara sobre los beneficios de establecer la sede en Cancún.
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El Órgano de Administración Judicial tendrá bajo su control la gestión de recursos financieros, humanos y materiales, mientras que el Tribunal Superior de Justicia mantendrá la función jurisdiccional. Aunque en el discurso oficial se plantea que esto garantizará un mejor uso de los recursos públicos, persiste la preocupación sobre quién vigilará verdaderamente la transparencia en un poder históricamente señalado por opacidad y vínculos políticos.
Aunque oficialmente se ha argumentado que el traslado busca modernizar los procesos y garantizar mayor eficiencia, críticos advierten que la medida también puede incrementar la centralización y dificultar la cercanía con los usuarios del sistema judicial en el sur.
Además de que la falta de mecanismos de evaluación externa y la concentración de decisiones en un reducido grupo de magistrados podría debilitar, en lugar de fortalecer, la confianza ciudadana en la justicia de Quintana Roo.
El reclamo se suma a una serie de inconformidades que han acompañado las recientes decisiones del Poder Judicial, lo que mantiene abierto el debate sobre la transparencia y la orientación de las reformas en la impartición de justicia en Quintana Roo.
