Una nueva era sin garantías: la transparencia bajo el control del poder
El 20 de marzo de 2025 marcó un antes y un después en la historia reciente de México. Con un paquete de reformas aprobado con celeridad, el gobierno federal dio un giro inesperado a las leyes que regulan la transparencia y datos personales.
Aunque los cambios fueron presentados como “una modernización necesaria”, lo cierto es que las nuevas disposiciones despiertan más dudas que certezas, especialmente en un contexto como el del sureste mexicano, donde la opacidad institucional ha sido históricamente una constante.
¿Qué cambió en la Ley de Transparencia?
Nuevo órgano garante: una autoridad sin dientes
La modificación más significativa es la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como órgano garante.
En su lugar, surge “Transparencia para el Pueblo”, una entidad desconcentrada de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El nombre suena bien, pero la realidad es que pierde la autonomía constitucional que había caracterizado al INAI.
A nivel local, cada contraloría estatal y municipal asumirá el rol de autoridad garante. En estados como Quintana Roo, donde los órganos de control interno han sido señalados por su cercanía con el Ejecutivo, esto abre la puerta a una posible manipulación de la información pública.
“La transparencia no puede depender del poder al que debe vigilar”, advierte Mariana Pérez, investigadora del CIDE especializada en derecho público.
La Plataforma Nacional de Transparencia, sin dientes
Aunque se mantiene la existencia del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública y su Plataforma, estas ya no serán responsables de proteger datos personales. Su papel se reduce al de meros canales de recepción, lo cual limita su capacidad de intervención frente a abusos o negligencias.
¿Y la protección de datos personales?
En el sector público: sin autonomía, sin garantías
La protección de los datos personales en poder del gobierno quedará en manos de los órganos de contraloría interna de cada dependencia. Además, cada institución deberá contar con un Comité y una Unidad de Transparencia. Pero al depender todos de la misma estructura jerárquica, los posibles conflictos de interés son evidentes.
Se introduce un recurso de revisión para los ciudadanos que sientan vulnerados sus derechos. Sin embargo, este recurso será resuelto por las mismas instancias que cometieron la presunta infracción. Esto contraviene los principios de imparcialidad establecidos en acuerdos internacionales como el Convenio 108+ del Consejo de Europa.
En el sector privado: un paso adelante, dos atrás
Las nuevas disposiciones refuerzan la idea del consentimiento como base para el tratamiento de datos personales, exigiendo que sea libre, específico e informado. También se reconoce el derecho de oposición al uso de datos en herramientas de inteligencia artificial.
Pero hay omisiones graves. No se aborda el uso de datos biométricos, ni el interés legítimo como fundamento para el tratamiento de información. El ecosistema digital, donde la trazabilidad de datos es constante, queda sin una regulación clara. Todo esto debilita a México frente a estándares internacionales como el RGPD europeo.
La amenaza al sistema de pesos y contrapesos
Uno de los puntos más críticos de la reforma es la pérdida de autonomía de la autoridad garante. Al quedar bajo la tutela de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, tanto la transparencia como la protección de datos se subordinan al Ejecutivo.
En palabras del ex comisionado Joel Salas Suárez:
“Estamos viendo un retroceso de más de dos décadas en materia de derechos fundamentales. Sin una institución autónoma que garantice la información pública, se debilita la democracia”.
El impacto en el sureste mexicano
Contexto local: opacidad estructural
En entidades como Yucatán, Campeche y Quintana Roo, los mecanismos de rendición de cuentas ya enfrentaban severas limitaciones. Ahora, con las contralorías como garantes de transparencia, las probabilidades de que se limite el acceso a información crítica —como contratos de obra pública, licitaciones o gasto en turismo— aumentan considerablemente.
En Playa del Carmen, activistas del colectivo “Riviera Transparente” denuncian que las unidades de transparencia municipales no responden solicitudes desde hace meses. Con la nueva ley, temen que la situación se normalice sin consecuencias.
Periodismo en riesgo
Los medios locales, particularmente los independientes, dependen de las solicitudes de información para revelar actos de corrupción, conflictos de interés o mal manejo de recursos. Si el acceso se restringe aún más, se pone en riesgo la labor de vigilancia cívica.
¿Hay algo positivo en la reforma?
Tribunales especializados: una luz al final del túnel
La creación de tribunales especializados en acceso a la información y protección de datos personales, dentro del Poder Judicial, representa una oportunidad. Si se les dota de tecnología, independencia y presupuesto, podrían convertirse en un contrapeso real.
Además, el uso de lenguaje incluyente y la intención de facilitar la accesibilidad digital son señales de una voluntad de modernización, aunque limitadas frente al retroceso estructural.
¿Una ventana cerrada al escrutinio público?
La transparencia es un pilar de la democracia. Sin ella, se debilita el control ciudadano, se favorece la corrupción y se restringe el ejercicio del periodismo crítico. Las reformas promulgadas el 20 de marzo de 2025 podrían representar el inicio de una etapa de opacidad institucional con consecuencias profundas, sobre todo en regiones donde el acceso a la información ya era limitado.
La ciudadanía, los periodistas y las organizaciones civiles tendrán que redoblar esfuerzos para mantener abiertos los canales de fiscalización. De lo contrario, el precio será demasiado alto: perder el derecho a saber.
