Transparencia bajo la lupa: Guanajuato exige rendición de cuentas por 38 mil millones de pesos

La revelación sobre la opacidad en el manejo de 38 mil millones de pesos por parte del CONSAINCEG y la subsiguiente promesa de transparencia de la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, ponen en el centro del debate la necesidad de una rendición de cuentas efectiva y la redefinición del papel de los órganos consultivos. ¿Podrá Guanajuato sentar un precedente en la fiscalización de recursos y restaurar la confianza pública en sus instituciones?
Transparencia bajo la lupa: Guanajuato exige rendición de cuentas por 38 mil millones de pesos

La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, ha anunciado un informe exhaustivo sobre el destino de casi 38 mil millones de pesos no transparentados por administraciones previas. Esta iniciativa marca un punto de inflexión en la gestión de la transparencia de fondos en Guanajuato, prometiendo acceso público a la información largamente reservada.

La promesa de transparencia: Desvelando 38 mil millones de pesos

El Consejo Consultivo para el Seguimiento a la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares (CONSAINCEG) rendirá un informe detallado. Además, se harán públicas las actas de las sesiones donde se aprobó el destino de casi 38 mil millones de pesos correspondientes a los ejercicios fiscales del 2019 al 2024. La gobernadora García Muñoz Ledo, quien también preside el consejo, aseguró: “A mi llegada hemos estado haciendo una revisión muy puntual de todo aquello que con transparencia proactiva se pueda dar a conocer”.

Ella adelantó que “por supuesto que vamos a estar transparentando las sesiones y que se rinda un informe muy puntual de cómo fue que se dio el recurso”. La medida surge tras un periodo de opacidad que generó múltiples cuestionamientos en el estado.

Un legado de opacidad: El sexenio de Rodríguez Vallejo y el CONSAINCEG

Durante el sexenio del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (2018-2024), el CONSAINCEG nunca rindió un informe sobre el destino de estos casi 38 mil millones de pesos. Esto ocurrió a pesar de la obligación establecida en el decreto que creó el organismo.

Aunque el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo había reservado las actas de las sesiones del Consejo Consultivo, donde el sector empresarial posee una participación mayoritaria, García Muñoz Ledo ha declarado que estos documentos serán de acceso público. La gobernadora reconoció que la reserva previa “lo único que hace es generar suspicacias” y afirmó: “Yo estoy por la apertura total”.

En una acción similar a la adoptada con los contratos en seguridad, la gobernadora agregó que “habrá que establecer los proyectos de manera general, que den a conocer el uso y el destino de los recursos”.

El debate sobre la naturaleza del CONSAINCEG: ¿Órgano consultivo o decisorio?

La actual administración está llevando a cabo una revisión puntual sobre la pertinencia y el futuro del CONSAINCEG. Al ser cuestionada sobre si el consejo debería extinguirse, García Muñoz Ledo señaló la importancia de las «voces ciudadanas» para comprender las necesidades más allá de la visión municipal.

El exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reformó el decreto del Consejo, transformándolo de un “órgano de consulta” a un “ente que se encargue de incidir en el destino y aplicación de los recursos”. No obstante, la actual gobernadora considera que para tomar decisiones de esta magnitud, “habría que considerar la planeación del estado, la planeación de los municipios”.

Libia García Muñoz Ledo cree que el Consejo debería regresar a su origen consultivo, con la función de dar seguimiento a los proyectos principales. “No tengo ningún inconveniente en poner a disposición los proyectos, lo que se ha venido trabajando, pero con una visión de planeación y de crecimiento ordenado”, mencionó.

Además, refirió que el sector empresarial, que tiene una mayoría en el Consejo, debería enriquecerse con la participación de más sectores de la sociedad. “Hay muchos ciudadanos, incluso expertos en planeación urbana, en movilidad segura, por ejemplo, sería sano porque muchas veces los proyectos con la visión desde los gobiernos pueden enriquecerse”, sostuvo.

Al preguntarle sobre la necesidad de que la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Honestidad auditen la aplicación de los 38 mil millones de pesos, la gobernadora afirmó: “Lo que creo es que los ejercicios de transparencia, lo que nos permiten es justamente saber hacia dónde va el recurso, que no se genere improvisación, sino planeación estratégica y que los recursos verdaderamente vayan a proyectos de impacto social”.

Los números de la discordia: Un análisis financiero

De acuerdo con los presupuestos de ingresos entre 2019 y 2024, el gobierno del estado de Guanajuato proyectó una recaudación de 33 mil 144 millones 426 mil 710 pesos por el Impuesto a la Nómina y de 4 mil 822 millones 935 mil 394 pesos del impuesto cedular. Estos montos suman los casi 38 mil millones de pesos cuyo destino no fue transparentado.

En cuanto al presupuesto de ingresos para 2025, se proyectó una recaudación de 9 mil 456 millones 282 mil 310 pesos por el impuesto a la nómina y de mil 478 millones 234 mil 947 pesos del cedular. La gobernadora reveló que, en lo que va de su administración, el Consejo ha sesionado una vez, pero no se han aprobado acuerdos sobre el destino de los casi 11 mil millones de pesos proyectados para este año. “No se ha tomado ningún acuerdo del destino de los recursos; sesionó para temas, digamos, de seguimiento, pero no ha habido una determinación que se tome adicional”, aseguró. En las próximas semanas se esperan noticias sobre el destino de estos recursos, su inversión y las actas de las sesiones.

El poder del sector empresarial en el consejo

En el Consejo Consultivo tiene mayoría la representación de los consejos coordinadores empresariales de León, Salamanca, Irapuato, Guanajuato, Celaya, San Miguel de Allende, así como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Estos empresarios son quienes deciden sobre los apoyos destinados al “estímulo del empleo, atracción de inversiones, apoyos a la competitividad, fortalecimiento a la pequeña y mediana empresa, capacitación”, según lo estipulado en el artículo 4 del Decreto que rige al CONSAINCEG.

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