La capital mexicana se conmueve por la reciente tragedia de una explosión de pipa en Iztapalapa. Este evento ha puesto de manifiesto la compleja red de responsabilidades legales y el compromiso gubernamental para atender a las víctimas, un caso que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México proyecta llevar a tribunales.
La investigación judicial y sus implicaciones penales
El caso de la explosión de la pipa de gas LP en la zona del distribuidor vial La Concordia, en Iztapalapa, «pudiera ir a tribunales», según informó Bertha Alcalde, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México. Un primer dictamen de hechos de tránsito señala un «posible exceso de velocidad por parte del conductor», quien, aunque no está detenido, permanece bajo custodia policiaca.
Configuración de delitos y diligencias periciales
Integrar la carpeta de investigación permitirá a la dependencia configurar los delitos de homicidio, lesiones y daños contra quien resulte responsable de la explosión, propiedad de Transportadora Silza. La fiscal Alcalde prefirió no informar la velocidad exacta del vehículo para mantener el sigilo de la indagatoria, enfatizando que «este dictamen después puede ser controvertido» y que un juez valorará la información.
Rechazó que la volcadura haya sido originada por un bache, al mencionar que la fractura de 40 centímetros en la pipa fue ocasionada por el golpe del contenedor en el pavimento y con parte del muro de contención. Alcalde prefirió reservar el origen y destino del viaje de la pipa mientras los análisis periciales continúan, por lo que aún se desconoce la fecha de caducidad del tanque. Agregó que personal de la empresa Silza ya compareció y se corroboró que cuenta con pólizas de seguro vigentes.
Las víctimas y el respaldo institucional
Hasta el momento, la explosión ha dejado 13 personas fallecidas y 40 hospitalizadas, de las cuales 17 se encuentran en estado crítico, incluyendo al chofer del tractocamión.
Acompañamiento y apoyos a las familias afectadas
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que dará acompañamiento integral a las familias, garantizando una reparación del daño «que va más allá de las pólizas». Anunció que desde el viernes se entregaron 20 mil pesos a los familiares de personas lesionadas y 50 mil para quienes enfrentan el fallecimiento de sus seres queridos.
En tanto, la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Red de Abogadas Feministas (Redafem) ofrecieron asesoría jurídica gratuita a los heridos, así como los servicios legales del bufete jurídico de la Casa Abierta al Tiempo. Por su parte, el secretario de Salud federal, David Kershenobich, realizó recorridos en hospitales para evaluar la atención y evolución clínica de los pacientes, asegurando los insumos necesarios para el tratamiento de quemaduras.
La investigación de la explosión en Iztapalapa revela no solo una tragedia humana, sino también un complejo escenario de responsabilidades legales y sociales. La justicia deberá determinar la cadena de culpas, mientras el Estado procura la reparación integral del daño. ¿Será este caso un punto de inflexión para la regulación del transporte de sustancias peligrosas en la capital?
