El regreso de Tomás Yarrington a México tras su extradición ha reactivado sus frentes judiciales. Sus abogados buscan protegerlo de nuevas órdenes de aprehensión.
El nuevo capítulo judicial de Yarrington
Una defensa a contrarreloj
Los representantes legales del exgobernador de Tamaulipas solicitaron de forma urgente la suspensión de las órdenes de aprehensión giradas por un juez federal.
El documento, ingresado en marzo al Juzgado Primero de Distrito en materia Penal en Toluca, señala la necesidad de frenar los efectos de dos procesos penales: delitos contra la salud y lavado de dinero.
“Solicitamos la suspensión provisional y, en su momento, la definitiva. Esto, con base en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo”, expone el escrito legal.
La postura del juez federal
El juez Juan Pablo Cortés Torres aceptó abrir el incidente de suspensión. Sin embargo, no aclaró si ya fue concedida alguna medida cautelar.
La decisión aún no modifica la situación legal del exmandatario, pero abre una ruta para su defensa legal, justo cuando la FGR prepara la audiencia de imputación formal.
Contexto: la caída del exgobernador tamaulipeco
De Estados Unidos al Altiplano
Tomás Yarrington fue deportado a México tras enfrentar cargos en tribunales estadounidenses. Fue detenido en Italia en 2017, extraditado a EE.UU., y devuelto en 2024.
A su llegada, fue reingresado al penal federal del Altiplano, bajo resguardo por los delitos federales que aún enfrenta en México.
Delitos que se le imputan
La Fiscalía General de la República acusa al exgobernador por:
- Delitos contra la salud, ligados a presuntos nexos con el narcotráfico.
- Lavado de dinero, mediante operaciones ilícitas durante su mandato (1999-2004).
Ambos procesos se encuentran bajo jurisdicción del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales.
Una estrategia jurídica con múltiples aristas
El juicio de amparo como último recurso
El juicio de amparo promovido por la defensa tiene como objetivo impedir que Yarrington sea procesado nuevamente, aludiendo a posibles violaciones al debido proceso.
Este tipo de mecanismos, si bien son parte del marco legal, han sido fuertemente cuestionados por permitir dilaciones judiciales en casos de alto perfil.
“El sistema de justicia mexicano permite a los imputados recurrir a mecanismos legítimos para su defensa, pero también abre puertas a estrategias dilatorias”, advierten especialistas en derecho penal.
¿Un caso emblemático para el sistema judicial?
La resolución de este caso tendrá repercusiones en al menos tres niveles:
- Justicia federal: ¿se logrará procesar plenamente a un exgobernador por delitos graves?
- Percepción pública: ¿cómo se interpreta esta estrategia legal en un país marcado por la impunidad?
- Relaciones internacionales: la colaboración con Estados Unidos exige resultados concretos tras su deportación.
El futuro judicial de Tomás Yarrington depende no solo de sus abogados, sino del pulso entre la justicia mexicana y la presión social por castigo ejemplar.
