La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se apresta a una decisión que podría sentar un polémico precedente. El 28 de julio de 2025, se debatirá el aval al triunfo de Irlanda Pacheco Torres como jueza de distrito, pese a serios cuestionamientos sobre su reputación y un pasado ligado a procesos penales.
El epicentro de la controversia: una postulación bajo escrutinio
La candidatura a jueza de distrito en materia penal por el distrito 1 de Iztapalapa, que pretende avalar el TEPJF, ha desatado una pugna que expone las fragilidades en los procesos de selección judicial. Luisa Amanda Rivero Espinosa, quien aspira al mismo cargo e impugnó el resultado, ha señalado contundentemente que Irlanda Pacheco Torres no cumple con la normativa que exige a los aspirantes «gozar de buena reputación» y no haber sido condenados por delitos que afecten la fama pública.
Rivero Espinosa ha recordado que su contendiente está vinculada a un proceso penal. Asimismo, ha señalado un conflicto de interés alarmante: siendo directora general de evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas y, por tanto, servidora pública, Pacheco Torres fungió simultáneamente como abogada particular de Luis Erick Barajas García, presuntamente relacionado con la Unión Tepito. Este doble rol, según la impugnante, erosiona la credibilidad de su postulación.
El debate jurídico: ¿Sentencia firme o confesión de parte?
El meollo del análisis reside en la interpretación que el TEPJF dará al requisito de «buena reputación». Se prevé que los magistrados confirmen la elegibilidad de Pacheco Torres bajo el argumento de que no existe una sentencia condenatoria y firme en su contra. Esto, a pesar de que fue vinculada a proceso por presentar un documento falso ante un juez para favorecer los intereses de la persona que representaba.
Lo más preocupante, según Luisa Amanda Rivero, es que Irlanda Pacheco Torres aceptó dicho hecho. A pesar de su confesión, logró un acuerdo para obtener un mecanismo alternativo de solución, reparando el daño a la víctima.
Un precedente que desafía la integridad judicial
Rivero Espinosa ha urgido a los magistrados del TEPJF a no declarar el triunfo de su oponente o, en su defecto, a retirar el proyecto para un análisis exhaustivo. Su argumento central es irrefutable: «Aquí el tema no es si fue sentenciada, sino que aceptó las acusaciones.» Subraya que el fraude procesal, por definición, implica «realizar un acto ilegal para inducir al error a un juez y que este resuelva su favor».
Considerar que solo una sentencia condenatoria puede determinar la falta de buena reputación, ha enfatizado Rivero Espinosa, «sería una terrible decisión, un pésimo precedente jurídico», al ignorar principios fundamentales del derecho como «a confesión de parte relevo de pruebas». Si el TEPJF avala a Irlanda Pacheco, la Sala Superior estaría «ignorando la importancia de este requisito constitucional de gozar de buena reputación». El mensaje implícito sería claro: «para ser juzgador no importa que hayas confesado la comisión de un delito como puede ser justamente defraudar a la propia administración de justicia.» La decisión del TEPJF no solo definirá un cargo, sino que trazará las líneas de la integridad y la confianza en el sistema de justicia mexicano.
