La jornada electoral del 30 de noviembre de 2025 en Honduras concluyó en un clima de aparente tranquilidad cívica, pero bajo máxima polarización y la omnipresente sombra del estamento militar. Con al menos 2.8 millones de personas participando en las urnas, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el país centroamericano se adentra en un conteo de votos marcado por la tensión y las denuncias anticipadas de fraude.
La sombra del fraude y la disputa por el conteo
El recuento de votos comenzó formalmente el 1 de diciembre de 2025, esperándose un primer corte oficial a las 21:00, hora local. Los hondureños fueron llamados a elegir a su próximo presidente para el periodo 2026-2030, además de los 128 integrantes del parlamento y las autoridades de los 298 municipios.
La decisión se centra entre la continuidad que representa el Partido Libertad y Refundación (Libre), fundado por el expresidente Manuel Zelaya y que llevó a su esposa, Xiomara Castro, al cargo, o un giro hacia la derecha con Salvador Nasralla, del Partido Liberal, o Nasry Asfura, el candidato que el Partido Nacional y el Partido Conservador impulsaron.
Declaraciones de victoria y la soberanía popular
La tensión postelectoral escaló rápidamente, alimentada por las declaraciones de los aspirantes a la presidencia, quienes publicaron resultados a boca de urna:
- Rixi Moncada (Libre): A través de la red social X, la abanderada oficialista aseguró que «el reporte de todo el país, es excelente», añadiendo categóricamente: «Estamos ganando las elecciones».
- Salvador Nasralla (Partido Liberal): El rival más cercano también se declaró victorioso del proceso. Aseguró que triunfaría con el “50% de los votos” y sostuvo: “Voy a ser presidente. Aquí prácticamente todo el mundo vota por mí”.
El Consejo Nacional Electoral es la única institución que tendrá la última palabra, mostrando el resultado del recuento de las actas electorales que reflejan la decisión de los más de 6.5 millones de hondureños convocados a votar.
El factor militar y el estado de excepción
Si bien la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) desplegó 101 observadores en los 18 departamentos y el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Francisco Assis, calificó la elección de “fiesta cívica”, la sombra militar fue omnipresente en una jornada que se desarrolló en un clima de máxima polarización.
Honduras votó bajo un estado de excepción, una controvertida medida impuesta por la presidenta Castro para luchar contra la violencia generada por las pandillas y las redes del narcotráfico. Además, la presidenta Castro asignó a las Fuerzas Armadas una función que la ley no les atribuye: el aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados.
El general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, afirmó el viernes previo a la elección que su institución solo reconocerá a las nuevas autoridades presidenciales cuando el CNE publique el resultado oficial del total de las actas.
Dudas sobre el sistema TREP
La desconfianza en los sistemas preliminares es una clave de la jornada. Los militares han dejado claro que no harán caso de los datos que arroje el sistema de resultados preliminares, llamado TREP (Transmisión de Resultados Preliminares), el cual ha sido altamente cuestionado por el oficialismo.
- Xiomara Castro valoró que el TREP no es determinante y solicitó aguardar los cómputos oficiales a partir del conteo de las actas físicas.
- Manuel Zelaya, coordinador general del Partido Libre, fue más contundente: “El TREP no es confiable, nosotros estamos por el final de la votación con las actas a nivel nacional, los resultados están en las actas y su sumatoria definitiva”.
En Tegucigalpa, Jair Rico, un custodio del Partido Libre, reportó que al inicio de la jornada hubo “pequeñas interrupciones con el sistema biométrico”, debido a que el sistema del CNE estaba un poco lento por el ingreso de datos.
La intimidación y las denuncias de observadores
Las organizaciones de derechos humanos y observadores locales habían pedido al Gobierno que relajara la norma del estado de excepción, temiendo que la presencia militar en los puestos de votación persuadiera al electorado.
La Red de Defensa de la Democracia (RDD), una organización hondureña, documentó 4,427 incidencias, entre las que se mencionaron urnas que no fueron instaladas, además de material electoral dañado o incompleto y problemas con los aparatos del sistema biométrico. Además, los representantes de la RDD denunciaron que en algunos centros de votación los militares exigieron credenciales a los observadores, lo cual no está dentro de sus facultades.
Luis Fuentes, observador electoral de la RDD en la escuela del Perú de Tegucigalpa, reprendió a militares por establecer un retén en el ingreso del centro, señalando: “Tengo observando cinco elecciones presidenciales y jamás había habido un retén militar para ingresar a una escuela. Las aulas donde se vota están vacías, pero la gente está afuera, bajo el sol”. Fuentes insistió en que la presencia de los militares intimida a los electores.
La injerencia internacional: Trump, Milei y Zelaya
La campaña electoral estuvo marcada por la intromisión de figuras políticas internacionales en apoyo a los candidatos de derecha.
- Donald Trump, el exmandatario estadounidense, dio su espaldarazo a Nasry Asfura en los días previos a la elección. Trump también ha prometido indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
- El presidente argentino Javier Milei también dio su apoyo a Asfura.
Interrogada sobre el mensaje injerencista de Trump, la presidenta Xiomara Castro señaló que «ese tipo de expresiones internacionales se pueden tomar en cuenta, pero lo que vale es la soberanía del pueblo”. Castro emitió su voto junto a Manuel Zelaya en Olancho.
Por su parte, el expresidente Manuel Zelaya aprovechó el contexto para criticar a Salvador Nasralla, señalando que el magnate estadounidense Trump «es quien mejor ha definido la retorcida personalidad de Salvador Nasralla», al haber dicho que no era una persona confiable y que era un oportunista.
La agenda pendiente: corrupción y el desafío de la CICIH
Más allá de la contienda, las principales preocupaciones de los votantes se centraron en la economía, la migración y la política exterior. Sin embargo, la rampante corrupción fue un tema central para los electores.
Nicolás Carrasco, un votante en Tegucigalpa, acudió a votar con la preocupación de que la corrupción “carcome” al país. Carrasco lamentó que “el pueblo quería que se instaurara la CICIH, era una de nuestras prioridades”, en referencia a la comisión internacional anticorrupción, cuyo avance va a «paso de tortuga».
La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) fue una promesa que la presidenta Castro deja inconclusa. Tras emitir su voto, la mandataria se resignó: “Quiero ser muy clara con los medios. Todo lo que estuvo en mis manos para que la CICIH viniera a nuestro país, lo llevamos acá”.
Al defender su gestión, Castro, quien llamó a defender la soberanía con el voto, dijo que Honduras ya comenzó un proceso de «refundación» y está lista para despegar con el nuevo gobierno. Zelaya agregó que el principal desafío del próximo gobierno será «romper el poder de los 25 grupos económicos y 10 familias que mantienen privilegios para pocos hondureños».
El futuro de Honduras, entre las declaraciones de triunfo anticipado, el peso del estado de excepción militar y las promesas incumplidas de lucha contra la corrupción, pende ahora del veredicto final que el Consejo Nacional Electoral se apresure a dar. La legitimidad de las Elecciones Honduras 2025 será puesta a prueba por la capacidad de las autoridades para disipar las dudas sobre el conteo y la polarización extrema que caracterizó la jornada.
