El Congreso de Tamaulipas está analizando una iniciativa clave para establecer la «cardio protección» como una obligación tanto en el sistema de salud pública como en el privado de la entidad. Esta propuesta, presentada por el diputado panista por Tampico, Pepe Schekaiban Ongay, busca mitigar una de las principales causas de mortalidad en el estado: las emergencias cardiovasculares, responsables de la muerte de al menos 6,679 personas al año.
La reforma propuesta a la Ley de Salud estatal exige que cualquier edificio con una afluencia superior a 150 personas cuente obligatoriamente con un Desfibrilador Externo Automático (DEA) y personal adecuadamente capacitado para su uso inmediato. El legislador Schekaiban Ongay argumentó que la actual ausencia de estos dispositivos en espacios de alta concentración vulnera directamente el derecho a la salud y a la vida, ya que la intervención oportuna en un paro cardíaco es una variable que hoy depende puramente del azar y la ubicación de la emergencia.
La base estadística del cambio: Tiempo y supervivencia
La necesidad de esta legislación se fundamenta en la diferencia crítica que marca el tiempo de respuesta. Como sostuvo el diputado, cuando se trata de una emergencia cardiaca, «cada minuto cuenta». La capacidad de un DEA para analizar el ritmo cardíaco y aplicar descargas restablece el flujo sanguíneo, un factor determinante para evitar la muerte o secuelas neurológicas irreversibles.
Los datos citados durante la exposición de motivos de la iniciativa son contundentes: el uso temprano de desfibriladores puede incrementar la probabilidad de supervivencia en casos de paro cardiaco hasta en 70 por ciento. La dispersión actual de esta tecnología es limitada en Tamaulipas, restringiéndose principalmente a aeropuertos, algunas plantas específicas del clúster petroquímico en Altamira, y recintos oficiales, como la sede del Congreso local.
Criterios obligatorios de cardio protección propuesta
El proyecto impulsado por Pepe Schekaiban busca una política preventiva que traslade la atención de la salud desde el ámbito exclusivamente hospitalario hacia el espacio público cotidiano. Esta expansión está enfocada en reducir la desigualdad en el acceso a la atención de urgencias y establecer un estándar sanitario mínimo.
Los espacios que deberían incorporar esta medida de protección sanitaria son:
- Edificios Públicos y Privados: Cualquier inmueble que maneje una afluencia superior a 150 personas.
- Instalación Clave: Contar de manera obligatoria con un Desfibrilador Externo Automático (DEA).
- Capacitación Requerida: Disponer de personal entrenado para la utilización inmediata del DEA.
El objetivo es ampliar la cobertura a centros comerciales, edificios administrativos, y otros sitios considerados de concurrencia masiva. La iniciativa fue formalmente turnada a comisiones para ser analizada bajo el marco de las obligaciones constitucionales del Estado para garantizar el derecho a la salud.
Contrastes regionales: Otros temas de seguridad y justicia
Paralelamente a la iniciativa de salud en Tamaulipas, otras entidades federativas han reportado incidentes que acapararon la atención pública y legislativa en enero de 2026:
- Morelos y la inseguridad vehicular: El municipio de Huitzilac fue señalado como el de mayor número de robo de automóviles con violencia en el país durante 2025. Se reportaron 210 ilícitos, lo que equivale a 8.57 delitos cometidos por cada cien mil habitantes. Los puntos de mayor incidencia de despojo se ubican en la carretera federal y la Autopista del Sol.
- Oaxaca: Exigencia de renuncia por opacidad: En Huatulco, la diputada local del partido Morena, Concepción Rueda, exigió al edil separarse del cargo. Esta demanda se produjo tras un accidente que resultó en la muerte de una influencer y la acusación de hermetismo en la investigación por parte de la legisladora.
- Guerrero y el crimen organizado: La organización Cipog-EZ demandó el despliegue inmediato de fuerzas federales en Tierra Colorada. La exigencia surge tras amenazas por parte de la agrupación «Los Ardillos», pidiendo justicia por 13 policías comunitarios asesinados en 2025, la liberación de presos políticos y el fin de la impunidad que propicia la expansión de la violencia.
La legislación de la cardio protección en Tamaulipas demuestra un avance en la conceptualización de la salud pública, reconociendo que la supervivencia a emergencias cardiacas no puede seguir dependiendo de la suerte. Establecer un mínimo estándar de seguridad en los espacios públicos es un paso directo hacia la reducción de desigualdades sanitarias y, más directamente, la salvaguarda de la vida.
