Redacción/CARIBE PENINSULAR
JOSÉ MARÍA MORELOS.- El presidente municipal Erik Borges Yam eliminó de último momento el punto relativo a la toma de protesta del regidor propietario Francisco Puc Cen (“Xiximac”), programado para la sesión de Cabildo de este viernes 31 de octubre, aplazando de nuevo una decisión que debía resolverse desde hace más de un mes.
El caso, que enfrenta al Ayuntamiento de José María Morelos con el regidor electo por Representación Proporcional, suma más de mes de dilación, pese a que el propio Cabildo fue notificado desde septiembre de la absolución penal del regidor y de la presunción de inocencia confirmada por el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).
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Según la convocatoria original, el Cabildo debía votar este viernes la restitución del cargo. Sin embargo, Borges Yam retiró el punto del orden del día y lo sustituyó por una “solicitud de aprobación de una reforma a la Constitución Política de Quintana Roo”, argumentando la necesidad de un “mayor análisis jurídico”.
El 26 de septiembre, Puc Cen fue absuelto por el Juzgado de Control, quedando sin efecto la medida cautelar que le impedía ejercer sus derechos políticos. Tres días después ingresó su solicitud formal de reincorporación, y a mediados de octubre el Ieqroo confirmó al Ayuntamiento que no existía sentencia en su contra ni impedimento para asumir la Séptima Regiduría.
A pesar de contar con esos elementos y de haber dispuesto de más de un mes para resolver, el Cabildo de José María Morelos aplazó la votación y no abordó el punto en la sesión de este viernes.
Eric Borges viola la Ley
La octava regidora, Sara Xiu, de Movimiento Ciudadano, presentó un oficio ante el Cabildo advirtiendo que la omisión y la negativa a someter el tema a votación violan los derechos político-electorales del ciudadano y contravienen la Tesis Jurisprudencial 20/2010 del TEPJF, que obliga a priorizar la restitución del derecho.
El documento también advierte que el acto constituye una falta administrativa por incumplimiento del principio de legalidad, conforme al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que podría derivar en sanciones para los integrantes del Cabildo.
Una fuente del equipo legal de Puc Cen afirmó que “la decisión del presidente municipal de cancelar la votación es una maniobra dilatoria y una violación al debido proceso.
El Cabildo tuvo todos los elementos, incluyendo la notificación de absolución de un juez y el dictamen del Ieqroo. Esta dilación injustificada, después de 33 días de análisis, será integrada como prueba en el juicio de impugnación ante el Tribunal Electoral, que podría ordenar la toma de protesta de forma inmediata.”
