Redacción
BACALAR.- Las obras de la llamada casa de descanso en Bacalar para la “estabilidad emocional” de mandos de la Sedena fue objeto de una nueva suspensión derivada de un amparo por daño ambiental, que fue promovido por un grupo de niños indígenas de esta localidad.
Y es que un juez de distrito le concedió la suspensión provisional a un grupo de niños y adolescentes indígenas de la comunidad de Bacalar, Quintana Roo que frena de manera temporal la construcción de un recinto hotelero a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en una laguna, por representar una grave amenaza al equilibrio ecológico de la zona federal de la laguna, además, afectaba el derecho a la infancia a un medio ambiente sano, al agua, salud y cultura, informó Orvelín Montiel, subdirector de vinculación del la unidad de litigo estratégico del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
Esta es la segunda medida cautelar que concede un juez de la entidad para evitar la edificación en la zona. La primera suspensión fue a favor de habitantes y organizaciones no gubernamentales de la entidad, quienes se oponen al proyecto.
Te puede interesar: “ESTABILIDAD EMOCIONAL”: Niega mando ecocidio en obra militar en Bacalar
En el caso de los infantes, el recurso lo promovieron defensores del IFDP el pasado 30 de abril ante el juzgado primero de distrito en el estado de Chetumal, Quintana Roo, donde los afectados reclamaron los trabajos de excavación, relleno con material pétreo, compactación, dragado, construcción, edificación, rehabilitación, mantenimiento y/o cualquier otra labor o trabajo que tenga por objeto la construcción del edificio que se pretende usar como lugar de descanso para personal de la Defensa en las inmediaciones de la Laguna de Bacalar.
Al respecto, el juez David Pacheco Monroy, requirió a las autoridades responsables rendir un informe donde justifiquen si son ciertos los actos reclamados. Les advirtió que si no lo presentan al resolver el fondo del asunto, les impondrá una multa de 11 mil 314 pesos.
En entrevista para el diario La Jornada Montiel indicó que el próximo 26 de mayo se llevará a cabo la audiencia donde el juez determinará si se mantiene vigente la suspensión provisional. Posteriormente, el juzgador fijará la fecha para la audiencia constitucional donde resolverá si concede la suspensión definitiva.
De acuerdo con el defensor público, la medida cautelar también es contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras autoridades, debido a que realizaron un Estudio de Impacto Ambiental en la zona para llevar a cabo esa construcción.
“La edificación está contaminando, afectando a la comunidad, la flora y fauna, al ecosistema lagunar de Bacalar. Además perjudicará la visibilidad del Museo El Fuerte de San Felipe, declarado Patrimonio Histórico Nacional, también afecta la Laguna porque están llevando a cabo excavación y relleno en la orilla”.
Con información de La Jornada
