El ‘góber precioso’ busca retomar el control de su defensa
Aislado, sin contacto con su abogada ni con su familia, Mario Marín Torres volvió al penal del Altiplano el pasado 2 de abril. Desde entonces, denuncia haber sido incomunicado. Pero esta semana, un juez le concedió una suspensión que podría cambiar el rumbo de su proceso penal por la tortura de la periodista Lydia Cacho.
El regreso al Altiplano y una defensa en silencio
El revés judicial que lo devolvió a prisión federal
El exgobernador de Puebla, Mario Marín, conocido por su escandalosa implicación en el caso de Lydia Cacho, había logrado prisión domiciliaria en agosto de 2023.
Durante casi ocho meses, vivió en su casa de Xilotzingo, Puebla, bajo estricta vigilancia. Pero el 2 de abril de 2025, esa medida fue revocada. Volvió al Centro Federal de Reinserción Social número 1, mejor conocido como el Altiplano, en el Estado de México.
Denuncia por incomunicación
La defensa legal de Marín, encabezada por la abogada Pamela de Jesús Ramírez Cruz, asegura que desde su reingreso al penal ha sido víctima de incomunicación.
La abogada señaló en el amparo interpuesto el 14 de abril ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, que no ha podido comunicarse con su cliente, ni en locutorios ni vía telefónica.
“Solo se le permite una llamada de 10 minutos a la semana, la cual debe elegir si usarla con su familia o con su abogado”, explicó Ramírez Cruz, calificando la medida como una “violación grave al derecho humano de defensa técnica”.
El juez ordena el fin del aislamiento
Suspensión de plano a favor de Marín
El juez Juan Pablo Cortés Torres concedió una suspensión de plano, obligando a las autoridades del Altiplano a cesar la incomunicación de inmediato. Esto implica que Marín podrá entrevistarse tanto con su defensa legal como con sus familiares sin restricciones arbitrarias.
Esta resolución no implica su libertad, pero sí restituye un derecho clave en cualquier proceso penal: la posibilidad de organizar una defensa adecuada.
Contexto del caso: tortura, impunidad y poder político
El origen del conflicto legal
El caso contra Mario Marín se remonta a 2005, cuando la periodista Lydia Cacho denunció haber sido detenida ilegalmente y torturada tras la publicación de su libro Los demonios del Edén, donde reveló una red de explotación sexual infantil presuntamente protegida por el empresario Kamel Nacif, amigo cercano del exmandatario poblano.
La detención arbitraria de Cacho fue ejecutada con abuso de poder. Grabaciones filtradas más tarde expusieron una conversación entre Marín y Nacif donde celebraban la agresión contra la periodista. Esa evidencia fue clave para que años después, en 2019, la FGR reactivara el caso.
Tres años de prisión preventiva
En 2021, Marín fue capturado en Acapulco y trasladado al penal del Altiplano, donde permaneció en prisión preventiva hasta 2023. La medida cautelar fue modificada a prisión domiciliaria tras alegatos de salud, pero ahora, en 2025, fue revocada sin que se hagan públicos los argumentos judiciales.
Derechos humanos vs. sistema penitenciario
¿Puede un imputado estar incomunicado?
Legalmente, toda persona privada de su libertad conserva el derecho a comunicarse con su defensa y familiares. La incomunicación solo se justifica en casos de seguridad extrema o por razones plenamente fundadas. En este caso, según la defensa, el argumento fue administrativo, no judicial.
La situación de Marín vuelve a poner sobre la mesa la opacidad del sistema penitenciario mexicano. Casos de incomunicación, restricciones sin sustento y condiciones de aislamiento han sido denunciados no solo por defensores de derechos humanos, sino también por organismos internacionales.
Una defensa activa: ¿estrategia o desesperación?
El nuevo amparo podría ser parte de una estrategia más amplia para frenar el avance del juicio. Si Marín logra probar que su derecho a una defensa adecuada fue violentado, podría abrir la puerta a nulidades procesales, retrasos o incluso beneficios penitenciarios.
Pero también hay otra lectura: el exgobernador necesita urgentemente reorganizar su defensa ante un juicio que avanza con más fuerza. La figura de Lydia Cacho, respaldada por organismos nacionales e internacionales, sigue siendo central en el caso.
El caso Marín: reflejo del poder que no quiere caer
El ‘góber precioso’ y la red de complicidades
Mario Marín simboliza una etapa del viejo PRI donde el poder se ejercía sin pudor, con complicidades empresariales, judiciales y mediáticas. Su apodo de “góber precioso” no solo es un eco de aquella conversación con Nacif, sino una muestra de la impunidad que durante años marcó al sistema político mexicano.
Hoy, su presencia en el Altiplano, enfrentando un proceso penal por tortura, es una imagen potente. Pero también lo es su lucha judicial por restituir sus derechos procesales. En un país con un sistema judicial muchas veces cuestionado, este tipo de resoluciones ponen a prueba los principios del debido proceso.
¿Qué sigue para Marín?
La suspensión no es una victoria definitiva, pero sí una pausa significativa. Le permite reactivar su defensa legal, contactar a su equipo y enfrentar lo que viene con mayor preparación. El juicio sigue, el caso no se cierra.
Para la opinión pública y el círculo rojo, este episodio es un recordatorio de que los personajes más oscuros del pasado reciente aún tienen cuentas pendientes. La justicia avanza, aunque a veces a paso lento.
Un caso vivo que aún puede marcar precedentes
La suspensión otorgada a Mario Marín por incomunicación no es solo una nota judicial: es un punto de inflexión en un proceso que ha captado la atención nacional. En un país que exige justicia para las víctimas, y donde el poder busca mantenerse a flote, cada resolución cuenta.
La defensa técnica no es un privilegio: es un derecho. Si ese derecho se viola, incluso el acusado más polémico tiene recursos para exigirlo. Lo importante será vigilar que el fondo del caso —la tortura a Lydia Cacho— no quede opacado por la forma.
