Redacción
CAMPECHE.- La jueza de control interina del Sistema penal oral y acusatorio del estado, Ana Maribel de Atocha Huitz May, dictó nuevas medidas cautelares contra el comunicador Jorge Luis González Valdez y el periódico Tribuna, las cuales establecen que ambos contarán con interventores designados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para revisar qué pueden publicar. Se les prohibió de manera estricta referirse a la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores San Román.
Aunque se confirmó la suspensión definitiva de las medidas cautelares que consistían en la prohibición por dos años para ejercer el periodismo a González Valdez y que se suspendiera la publicación digital de Tribuna, De Atocha Huitz May condicionó el ejercicio del periodismo con nuevas medidas cautelares aberrantes, más drásticas y violatorias de mis garantías constitucionales, reprobó el comunidador afectado.
En la diligencia de ayer en la mañana, la jueza expuso que “para salvaguardar los derechos de la víctima (Sansores San Román), se determina la intervención judicial de la plataforma, esto es, que un representante del TSJ conozca antes de publicarse, el contenido de las notas y comentarios. La persona designada debe autorizar lo que se debe difundir respecto a la mandataria.
Al periodista se le advirtió que deberá abstenerse de actuar, declarar u opinar sobre Sansores San Román. Y que no escriba ni publique imágenes referentes a ella. Además, que todo lo relacionado con publicaciones, comentarios, opiniones y declaraciones deben ser supervisados y vigilados. La jueza puntualizó en su resolutivo que no se impide la libertad de expresión, pero hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la víctima, o sea la gobernadora.
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En apoyo a las peticiones del asesor jurídico de la política, Miguel Oliver Huchim Ortiz, y la representante del Ministerio Público, Jenny Clarivel Nah Mendieta, la juzgadora ordenó que el periodista Jorge Luis González sea acompañado por el censor oficial cuando grabe un programa, dé una conferencia u opine.
Al respecto, González Valdez consideró tales medidas como excesivas. No se había visto en los años recientes una decisión que confirma la censura y el ataque directo contra la libertad de expresión, manifestó el comunicador de 71 años, quien durante más de 40 fue director del diario Tribuna.
En diciembre de 2023, la gobernadora de Campeche demandó por los delitos de incitación al odio y la violencia a González Valdez y al periódico Tribuna, con el argumento de que sus publicaciones la ofendían, insultaban y humillaban por su condición de mujer, por su edad, su forma de vestir y por su cuerpo.
Allá no hay nada de libertad de expresión ni de información periodística, es un ataque sistemático contra mi persona, es libertad de agresión y de difamación, aseveró la mandataria.
El 13 de junio pasado, la jueza de control Guadalupe Martínez Taboada, vinculó a proceso a González Valdez, a quien prohibió ejercer el periodismo durante dos años y cerró la plataforma digital de Tribuna por ese mismo lapso. También vinculó a proceso al administrador de la página, Isidro Yerbes Cruz. El 9 de julio, el tribunal colegiado del 31 circuito judicial consideró inconstitucionales las medidas cautelares de Martínez Taboada y devolvió a González Valdez y a Tribuna su derecho a publicar y ejercer el periodismo.
Ayer De Atocha Huitz May confirmó la suspensión definitiva de las primeras medidas cautelares ordenadas por Martínez Taboada, pero decretó otras, como son la intervención judicial al periódico para que autoricen qué textos pueden subirse a dicha plataforma informativa.
González Valdez también enfrenta una sentencia judicial por daño moral contra el director estatal de Comunicación Social, Walther Patrón, a quien deberá pagar una indemnización de 2 millones de pesos. Para garantizar el pago, la autoridad judicial ordenó que la casa del periodista sea puesta en subasta pública.
Con información de La Jornada
