Redacción
CHETUMAL.- Los diputados Ricardo Velazco Rodríguez (Morena) y Hugo Alday Nieto (Partido del Trabajo) solicitaron formalmente la comparecencia del fiscal anticorrupción, Édgar Ramírez Morales, ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Quintana Roo, para que informe sobre el estado actual de las investigaciones contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo y excolaboradores.
La petición se da tras la reciente concesión de un amparo a favor de Borge, lo que ha generado preocupación entre legisladores y sectores sociales respecto al rumbo de los procesos judiciales abiertos por corrupción durante su administración.
El diputado Velazco Rodríguez calificó el gobierno de Borge como un “sexenio negro” y señaló que es indispensable garantizar transparencia en los procedimientos que aún están en curso.
Borge Angulo enfrenta cargos por peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada. Desde marzo de 2023, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial de Ayala, Morelos, tras ser vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Te puede interesar:Confirman libertad para “Beto” Borge por delito de aprovechamiento ilícito del poder (DOCUMENTOS)
Sin embargo, el ex mandatario promovió recientemente un nuevo juicio de amparo para intentar sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, un procedimiento judicial que apenas inicia y que podría alargarse por varios años.
Red de complicidad y desvío millonario
Durante su gestión, Borge fue señalado por presuntamente desviar más de 16 mil millones de pesos, lo que representó cerca del 60% del presupuesto estatal de aquel entonces. Según diversas denuncias, esta operación se habría realizado mediante una red de al menos 50 exfuncionarios que operaron en complicidad con el entonces gobernador.
Impunidad negociada en administración anterior
La comparecencia del fiscal anticorrupción también busca despejar señalamientos surgidos en meses recientes, que apuntan a que en la administración anterior se habría pactado la liberación o protección de excolaboradores borgistas a cambio de dinero o favores políticos.
Entre los casos que más generan suspicacias están los de Juan Pablo Guillermo Molina, quien fuera secretario de Finanzas y Planeación durante el borgismo, y Eliezer Villanueva Lanz, entonces subsecretario técnico hacendario. Ambos estuvieron señalados por su presunta participación en la red de desvíos y favorecimientos ilícitos, pero sus expedientes permanecen sin avances significativos, pese a las múltiples denuncias.
