El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), junto con organizaciones de la sociedad civil y comités estatales, ha solicitado formalmente a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, que pida licencia temporal a su cargo mientras se esclarece la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta contra su ex esposo, Carlos Torres. La FGR investiga a Torres por presuntos vínculos con una red de extorsión, tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero en la entidad. Esta petición, emitida públicamente el 24 de enero de 2026, se justifica como una «medida prudencial» para proteger la confianza institucional y la gobernabilidad, sin constituir una condena previa.
La presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, y la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, argumentaron que, aunque respetan la presunción de inocencia, la existencia de una investigación abierta puede comprometer la legitimidad del ejercicio del poder, ya sea por percepción pública o por posibles interferencias. Esta postura rigurosa busca fortalecer el Estado de derecho y ofrecer certezas a la población, en lugar de mantener una sospecha permanente.
El llamado formal del Sistema Nacional Anticorrupción
El posicionamiento oficial fue respaldado por integrantes de los sistemas estatales anticorrupción de Puebla, Durango, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, además de siete organizaciones de la sociedad civil y activistas.
En el comunicado, los firmantes insistieron en la necesidad de que la gobernadora morenista se separe temporalmente del cargo hasta que la FGR determine lo conducente. Este llamado se basa en dos principios democráticos clave: el derecho de la población a vivir en un ambiente libre de corrupción y el derecho a un buen gobierno.
Baja California, como entidad fronteriza, presenta un contexto que exige respuestas institucionales firmes ante cualquier señalamiento que implique la vulneración del Estado de derecho. Vania Pérez Morales aclaró que la solicitud no es una afirmación de responsabilidad, sino una acción orientada a proteger el interés público sobre cualquier interés particular.
Cronología y contexto de las acusaciones de la FGR
La Fiscalía General de la República investiga a Carlos Torres, ex esposo de Ávila Olmeda, por su presunta pertenencia a una compleja red delictiva. La gobernadora confirmó la existencia de esta investigación públicamente el miércoles 21 de enero de 2026, señalando que confía plenamente en el rigor de la FGR.
Detalles de la carpeta de investigación
La carpeta de investigación a la que tuvo acceso el medio N+ recoge detalles precisos sobre las supuestas actividades ilícitas.Cargos principales contra Carlos Torres:
- Pertenencia a una red de extorsión.
- Tráfico de armas.
- Narcotráfico y lavado de dinero.
Según la investigación, Torres habría aceptado sobornos por 150 mil dólares mensuales, provenientes de Pedro Ariel Mendívil García, exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali. El objetivo de estos pagos era permitir que el Cártel de Los Rusos, una facción operativa del Cártel de Sinaloa, pudiera operar sin restricciones en la entidad.
Antecedentes clave y contexto político
Los señalamientos contra Carlos Torres no son recientes y se enmarcan en una serie de eventos políticos y personales que precedieron la investigación formal:
- Mayo de 2025: Autoridades estadounidenses revocaron la visa a Marina del Pilar Ávila y a Carlos Torres, un hecho que detonó los cuestionamientos públicos.
- Junio de 2025: La investigación de la FGR comenzó a raíz de una denuncia anónima presentada el 11 de junio de 2025. Torres se defendió diciendo que se trataba de un «procedimiento protocolario ante un dicho sin rostro», aunque afirmó confiar en la Fiscalía para desestimar las falsedades.
- 3 de junio de 2025: Carlos Torres abandonó su cargo honorario como coordinador de portentos estratégicos en Baja California, días después del retiro de las visas y en medio de los crecientes señalamientos.
- Trayectoria Política: Torres tuvo una larga carrera en el PAN, llegando a ser diputado federal y local, antes de cambiar su afiliación a Morena, partido al que pertenece Ávila. Marina del Pilar Ávila anunció su divorcio de Carlos Torres tras el retiro de la visa.
Estructura de la presunta red ilícita
La carpeta de investigación sugiere una trama que involucra a varios funcionarios y figuras cercanas al poder.
Checklist: Funcionarios e implicados señalados en la trama
La denuncia establece que la red de extorsiones consistía en detener mercancías o envíos en las aduanas del Estado, exigiendo sumas millonarias para su liberación. Adicionalmente, se indaga si los montos obtenidos del tráfico de armas, dinero y drogas eran invertidos en bienes raíces en Estados Unidos.
El dilema de la integridad pública
Los organismos anticorrupción exhortaron a las autoridades competentes a conducir la investigación con la máxima celeridad, imparcialidad, rigor, legalidad y transparencia. La exigencia de licencia a Marina del Pilar Ávila (a quien le restan cerca de dos años de mandato en Baja California, con elecciones en junio de 2027) no solo mide la gobernabilidad de la entidad ante el crimen organizado, sino la capacidad del aparato político de tomar medidas preventivas cuando la confianza institucional está en juego. Lo que se pide es una decisión responsable y temporal que contribuya al fortalecimiento del Estado de derecho en Baja California y, por extensión, en México.
