Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El Congreso del Estado informó que no hay fecha para la reinstalación del monumento a don Andrés Quintana Roo, debido a que aún no se resuelven los amparos interpuestos contra la construcción de la cafetería en la plazoleta del Congreso del Estado.
El diputado Saulo Aguilar aseguró que aún faltan por resolverse varios de los once recursos de amparos que promovió el Consejo Ciudadano de Chetumal contra la construcción de una cafetería y la remodelación del edificio del Poder Legislativo.
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El pasado 18 de marzo los integrantes del comité directivo del Consejo Ciudadano de Chetumal (CCCH) informaron que a través de una resolución de amparo se obliga a la XVIII Legislatura a restituir el monumento a Andrés Quintana Roo y el asta bandera de la plaza cívica del Congreso del Estado que fueron retirados cuando ahí se pretendió construir una cafetería.
La presidenta del CCCH, Georgina Marzuca, informó que tras 11 recursos de amparo lograron que el Poder Legislativo cancelara el polémico proyecto de la construcción de la cafetería en la plazoleta del Congreso del Estado.
Los integrantes del Consejo Ciudadano de Chetumal solicitaron que en un plazo no mayor 30 días se reinstale tanto la estatua de Andrés Quintana Roo, como el asta Bandera de la plaza cívica del edificio del Congreso del Estado.
Tras los 30 días de plazo que otorgó el CCCH no hay hasta ahora ningún trabajo que indique que se va a reinstalar el monumento a Andrés Quintana Roo y mucho menos se nota alguna obra para la restitución del asta bandera.
Hay que destacar que además, aún queda pendiente saber dónde quedaron los más de 6 millones de pesos que fueron pagados entre contratos por construcción, asesoría profesional, licencias y estudios de suelo de este proyecto.
En documentos oficiales se establece que el Congreso del Estado ejerció un total de 6 millones 419 mil 812.45 pesos para gastos diversos en el desarrollo del proyecto de la cafetería, no obstante que nunca se construyó.
Hay que señalar que el Congreso del Estado cubrió el pago de los casi 7 millones de pesos, pese a que desde hace meses el trabajo de obra pública fue detenido, por lo que queda la duda el porqué se siguieron realizando los procedimientos para realizar la construcción a pesar de que la obra quedo cancelada.
