Tabasco, un epicentro del huachicol, revela una alarmante simbiosis criminal y política. La organización “La Barredora”, presuntamente fundada por altos mandos de seguridad durante la 4T, transformó el Robo de combustible en una operación industrial. Este análisis desvela una crisis sin precedentes.
El nuevo epicentro del huachicol: el auge ilícito en Tabasco
Esta sección establece el contexto y la magnitud del problema, demostrando cómo Tabasco pasó de ser un estado con un robo de combustible insignificante a un punto crítico a nivel nacional. Se detallan los métodos utilizados y el devastador impacto en la sociedad y el medio ambiente, pintando un cuadro de una crisis que se desarrolló con una velocidad y escala alarmantes.
De insignificante a notorio: anatomía de la crisis
La transformación de Tabasco en un centro neurálgico para el robo de hidrocarburos se puede cuantificar a través de datos oficiales y de organizaciones de la sociedad civil, los cuales dibujan una curva de crecimiento exponencial que desafía las narrativas nacionales de éxito en el combate a este delito.
El indicador más contundente de la escalada de la crisis es el aumento vertiginoso en el número de tomas clandestinas. Durante el primer trimestre de 2025, las autoridades detectaron 52 tomas ilegales en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que atraviesan el territorio tabasqueño. Esta cifra se traduce en el hallazgo de una nueva zona de Huachicol cada 38 horas. Lo que hace a este dato particularmente alarmante es la comparación interanual: representa un incremento del 2,500% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el delito era prácticamente inexistente en los registros oficiales. Este aumento súbito y masivo señala una irrupción abrupta y organizada de la actividad criminal en la región.
A nivel nacional, estados como Hidalgo continúan liderando en el número absoluto de perforaciones, con 610 tomas identificadas en el mismo trimestre. Sin embargo, la tasa de crecimiento de Tabasco es lo que lo posiciona como el nuevo foco rojo. Esta tendencia sugiere una estratégica reconfiguración de las operaciones criminales hacia el sureste del país, una región que hasta hace poco no figuraba en el mapa del huachicol.
Un análisis del sexenio completo del presidente Andrés Manuel López Obrador (2019-2024) confirma esta tendencia al alza. A pesar de una disminución inicial, los robos repuntaron a partir de 2023, resultando en un total de 1,764 incidentes reportados hasta agosto de 2024. Esta cifra representa un incremento del 30% en comparación con los 1,265 casos registrados durante todo el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto, evidenciando un fracaso en la estrategia de contención a nivel estatal.
La crisis se concentra geográficamente en municipios específicos que se han convertido en verdaderos epicentros del delito. Durante el primer trimestre de 2025, los municipios de Cárdenas (con 25 tomas), Huimanguillo (con 17 tomas) y Cunduacán (con 7 tomas) acumularon la gran mayoría de los incidentes. A lo largo del periodo 2019-2024, Huimanguillo y Cárdenas fueron consistentemente los municipios más afectados, lo que indica una presencia criminal consolidada en esta zona.
Un aspecto sociológico interesante es la discrepancia entre los datos oficiales de tomas y la percepción ciudadana. Una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que Tabasco es el estado con el mayor porcentaje de población que reporta haber presenciado actividades de huachicol cerca de sus hogares, con casi un 20% de los encuestados. Esto contrasta marcadamente con Hidalgo, que, a pesar de tener un número mucho mayor de tomas, solo reporta un 10% de percepción ciudadana. Esta diferencia sugiere que en Tabasco el delito es más visible, descarado y posiblemente más integrado en la vida cotidiana de las comunidades, lo que habla de un nivel de impunidad que permite que las operaciones se realicen a plena luz del día.
Este fenómeno no puede explicarse simplemente como una expansión geográfica casual. Expertos en seguridad señalan que el crecimiento del huachicol en el sureste refleja una “reconfiguración de las rutas criminales”. Si bien factores como la “accesibilidad territorial y las dinámicas de migración” pueden jugar un papel, no son suficientes para justificar un aumento del 2,500%. Una escalada de esta magnitud requiere condiciones excepcionalmente favorables. La variable clave que completa el panorama es la existencia de un entorno operativo altamente permisivo, garantizado por una presunta protección política al más alto nivel del aparato de seguridad estatal.
La evidencia apunta a que la administración estatal de ese periodo, a través de sus mandos de seguridad, no solo toleró sino que presuntamente orquestó la actividad criminal. Por lo tanto, la “reconfiguración” de rutas no fue una deriva aleatoria, sino un movimiento calculado de las redes criminales hacia un territorio donde la ecuación de riesgo-recompensa fue drásticamente alterada a su favor por la captura del estado. El boom del huachicol en Tabasco es, en esencia, un síntoma directo de esta simbiosis político-criminal.Tabla 1: La escalada del huachicol en Tabasco (2019-2025)
| Periodo | Tomas Clandestinas (Tabasco) | Variación Anual/Interanual | Volumen Decomisado (Litros) | Municipios Clave |
| 2019 | 536 | – | No especificado | Huimanguillo, Cárdenas |
| 2021 | 182 | -65.9% (vs 2019) | No especificado | Huimanguillo, Cárdenas |
| 2022 | 152 | -16.5% (vs 2021) | No especificado | Huimanguillo, Cárdenas |
| 2023 | 417 | +174.3% (vs 2022) | No especificado | Huimanguillo, Cárdenas |
| 2019-Ago 2024 | 1,764 (Total) | +30% (vs sexenio EPN) | Múltiples decomisos millonarios | Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán |
| Q1 2025 | 52 | +2500% (vs Q1 2024) | +4.5 millones (en 2 operativos) | Cárdenas (25), Huimanguillo (17), Cunduacán (7) |
El modus operandi: de tomas a ventas transnacionales
Las operaciones de robo de combustible en Tabasco trascendieron rápidamente la simple “ordeña” de ductos para convertirse en una empresa criminal verticalmente integrada y de alcance internacional. La escala y sofisticación de las operaciones, reveladas a través de una serie de decomisos históricos, demuestran una capacidad logística y de procesamiento que va mucho más allá del crimen común.
Los operativos de las fuerzas federales y estatales han sacado a la luz la magnitud industrial de la red. En mayo de 2025, se realizaron dos decomisos masivos que ilustran este punto. Primero, en el municipio de Comalcalco, las autoridades aseguraron 1.5 millones de litros de hidrocarburo. Pocas semanas después, en un predio de la ranchería Plátano y Cacao, municipio de Centro, se llevó a cabo lo que se calificó como un decomiso histórico: más de 3 millones de litros de combustible robado, almacenados en 3,904 contenedores de gran capacidad. La logística para mover y almacenar tales volúmenes requiere una red compleja que incluye flotas de tractocamiones, autotanques, pipas y múltiples inmuebles utilizados como centros de acopio y distribución.
La sofisticación de la red no se limita al almacenamiento. Las redadas han descubierto que los grupos criminales no solo roban el combustible, sino que también lo procesan. En uno de los operativos en Comalcalco, se aseguró “una máquina procesadora de petróleo y tres presas de crudo, donde se separa aceite y petróleo”. Este hallazgo es crucial, ya que demuestra que la organización criminal había desarrollado la capacidad de refinar el petróleo crudo robado para obtener productos de mayor valor, un paso que indica una inversión significativa y un conocimiento técnico avanzado, muy lejos de la imagen del huachicolero artesanal.
La operación se extiende más allá de las fronteras de México, insertándose en una compleja red transnacional. Autoridades de Estados Unidos han identificado un *modus operandi* en el que cárteles mexicanos, como el CJNG y el Cártel de Sinaloa, roban petróleo y sus derivados a Pemex para luego venderlos con grandes descuentos en los mercados energéticos internacionales. Este esquema involucra a importadores estadounidenses cómplices que ayudan a blanquear el producto robado y reintroducirlo en el mercado legal. Esta dimensión ha elevado el problema a una emergencia de seguridad binacional, llevando a agencias como el Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EE. UU. a sancionar estas redes. Este modelo, conocido como “huachicol fiscal“, se basa en el uso de documentación de importación y exportación fraudulenta para dar una apariencia de legalidad al combustible robado, lo que no solo financia al crimen organizado sino que también representa una pérdida masiva de ingresos fiscales para el Estado mexicano.
A nivel local, la red de distribución del combustible robado también ha penetrado el mercado formal. El gobierno federal ha detectado que numerosas estaciones de servicio facturan ventas de combustible muy superiores a las compras que registran oficialmente ante Pemex, una clara evidencia de que están comercializando producto de origen ilícito. Para ocultar estas operaciones, algunas gasolineras utilizan software especializado, como el conocido “El Rastrillo“, un programa pirata que se añade a los sistemas de control volumétrico para manipular las cifras reportadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a Pemex. En respuesta, se han llevado a cabo operativos conjuntos entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Guardia Nacional y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en gasolineras de Tabasco y otros estados, con el objetivo de desmantelar esta faceta de la red criminal.
La sombra del oro negro: costo socioeconómico y ambiental
El auge del huachicol en Tabasco ha dejado una profunda y dolorosa cicatriz en el tejido social, la economía formal y el medio ambiente del estado. Lejos de ser un delito sin víctimas, el robo de combustible ha actuado como un catalizador de la violencia, la descomposición social y la devastación ecológica, afectando directamente la vida de miles de ciudadanos.
El impacto más visible es la erosión del tejido social y el colapso de la seguridad pública. La lucha por el control de este mercado multimillonario ha generado una “espiral de violencia, corrupción y miedo” en las comunidades tabasqueñas. Esta violencia se manifiesta de múltiples formas: desde enfrentamientos directos entre grupos criminales y fuerzas del orden, que han dejado víctimas en ambos bandos, hasta una ola de delitos conexos que aterrorizan a la población. La extorsión, o “cobro de piso”, se ha convertido en una práctica endémica, siendo una de las principales actividades de “La Barredora“. Esta práctica ha forzado el cierre de negocios y ha creado un clima de terror, ejemplificado por incidentes como el secuestro a plena luz del día de un empresario en Huimanguillo y ataques violentos contra tiendas de conveniencia y otros comercios.
Los testimonios de los ciudadanos reflejan un profundo sentimiento de pérdida y vulnerabilidad. Una líder comunitaria de Comalcalco lamentó: “No solo perdimos la tranquilidad, también la confianza”. Los habitantes de las zonas más afectadas se han convertido en testigos de balaceras y vehículos incendiados, y sus palabras transmiten el miedo que se ha apoderado de su vida diaria: “ay es que sí que está muy mal la verdad, mucha la inseguridad que hay aquí”. Esta atmósfera de inseguridad constante perturba el orden social y debilita los lazos comunitarios.
Económicamente, el daño es igualmente severo. Las pérdidas financieras para Pemex y el Estado mexicano son astronómicas. Se estima que entre 2019 y 2024, la sustracción ilegal de combustibles costó a Pemex más de 75.7 mil millones de pesos. El huachicol fiscal por sí solo le cuesta al gobierno aproximadamente 485 millones de pesos al día en ingresos no percibidos. Estos son recursos públicos que podrían haberse destinado a salud, educación o infraestructura, pero que en cambio financian a las redes criminales. Además, la existencia de un mercado negro de combustible, que según estimaciones podría representar hasta el 30% de la oferta nacional, distorsiona gravemente la economía formal. El combustible ilícito, vendido a precios tan bajos como 17 pesos por litro frente a un precio de mercado superior a los 24 pesos, crea una competencia desleal que ahoga a las gasolineras legítimas y afecta toda la cadena de suministro.
Finalmente, el impacto ambiental es devastador y a menudo irreversible. Los métodos rudimentarios y peligrosos utilizados para perforar los ductos provocan frecuentes derrames que contaminan el suelo y el agua. En Tabasco, se estima que más de 750 hectáreas de tierras agrícolas fueron contaminadas por derrames de hidrocarburos entre 2019 y 2024, concentrándose la mayor parte del daño en los municipios de Huimanguillo y Cárdenas. Estos derrames no solo destruyen la flora y la fauna, sino que también arruinan las tierras de cultivo, dejando a decenas de familias de agricultores sin su principal medio de sustento y contaminando el patrimonio natural del estado.
Anatomía de un híbrido criminal-político: “La Barredora”
Esta sección disecciona al actor criminal central, “La Barredora”, argumentando que su estructura y orígenes son fundamentalmente distintos a los de los cárteles tradicionales mexicanos. En lugar de ser una organización criminal que corrompe al Estado desde fuera, la evidencia apunta a una génesis dentro del propio aparato de seguridad estatal, configurando un modelo de delincuencia organizada sin precedentes en la región.
Orígenes no convencionales: ¿un cártel nacido del estado?
La estructura de “La Barredora” en Tabasco desafía las concepciones tradicionales de los cárteles mexicanos. A diferencia de organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el CJNG, que históricamente se construyeron en torno a figuras carismáticas que ascendieron desde las bases del mundo criminal, “La Barredora” parece ser una organización concebida y dirigida desde la cúpula del poder político y de seguridad.
El analista de seguridad Óscar Balmen ofrece una descripción reveladora de esta estructura atípica. Señala que, en ausencia de un líder criminal reconocido y con una trayectoria propia, “lo que sí hay hasta arriba son un grupo de políticos… principalmente ligados al campo de la seguridad en Tabasco quienes fundan la barredora”. Esta es una distinción fundamental. No se trata de un grupo criminal externo que compra protección estatal, sino de un modelo que sugiere la creación de una empresa criminal por parte de los mismos funcionarios encargados de combatirla. Este enfoque de “arriba hacia abajo” implica que la organización nació con acceso privilegiado a información, recursos y, sobre todo, impunidad.
Es crucial diferenciar a este grupo de su homónimo en Guerrero. La “La Barredora” original surgió en Acapulco alrededor de 2010 como una escisión de la Organización de los Beltrán Leyva. Aunque comparten el nombre, la entidad de Tabasco posee un origen, un liderazgo y un nexo operativo completamente distintos, íntimamente ligados al gobierno estatal de ese periodo. El nombre pudo haber sido cooptado para infundir temor o podría indicar un modelo de “franquicia” criminal, pero sus estructuras de mando son independientes y responden a lógicas diferentes.
Los informes sobre su formación inicial indican que el grupo, que en sus inicios era conocido como “La Hermandad“, fue creado con el propósito de dominar diversas economías ilícitas en la región, con un enfoque particular en el lucrativo negocio del huachicol. De hecho, un periodista ha llegado a afirmar que el entonces gobernador Adán Augusto López le pidió directamente a su jefe de seguridad, Hernán Bermúdez, que formara una célula criminal para organizar y controlar a los huachicoleros de la región, lo que sugiere un propósito fundacional directamente ligado al robo de combustible.
La estructura de mando: del “Comandante H” a los sicarios
La jerarquía de “La Barredora” refleja su origen híbrido, con una cúpula presuntamente ocupada por altos mandos de seguridad y una red de operadores y sicarios en los niveles inferiores, muchos de ellos también con experiencia en las fuerzas del orden.El presunto cerebro: Hernán Bermúdez Requena (“Comandante H”)
El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (2019-2024), Hernán Bermúdez Requena, es identificado de manera consistente en informes de inteligencia y por analistas como el líder supremo de la organización, conocido con el alias de “Comandante H“. Las acusaciones van más allá de la simple facilitación de actividades criminales; se le atribuye el ejercicio de un “liderazgo directo sobre la barredora”. Su extensa carrera en las fuerzas de seguridad, habiendo servido bajo múltiples gobernadores de distintos partidos (PRI y MORENA), le proporcionó un profundo conocimiento del aparato estatal y una red de contactos políticos que trascendía las administraciones. Actualmente, Bermúdez Requena es un prófugo de la justicia, con una ficha roja de Interpol en su contra, y se presume que su última ubicación conocida fue Brasil.Tenientes y operadores clave
Bajo el mando del “Comandante H” operaba un núcleo de subordinados que constituían el brazo ejecutor de la organización. Muchos de ellos compartían un pasado en las corporaciones policiales, lo que facilitaba la infiltración y la obtención de información privilegiada.
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- Carlos Tomás Díaz Rodríguez (“El Lic” o “El Tomasín”): Identificado como uno de los principales generadores de violencia y líder operativo del grupo, fue detenido en Puebla en enero de 2025. Los informes de inteligencia de los “Guacamaya Leaks” lo señalan como asesor directo de Bermúdez y lo colocan inmediatamente debajo del “Comandante H” en el organigrama de la red de robo de combustible en el puerto de Dos Bocas.
- Francisco Javier Custodio Luna (“El Guasón”): Un expolicía estatal que se convirtió en un líder clave de las células de “La Barredora” en varios municipios. Era responsable de la venta de drogas, la extorsión a comerciantes y los ataques contra grupos rivales. Durante su tiempo como agente activo, presuntamente utilizó su posición para proporcionar protección e inteligencia al grupo criminal, facilitando su expansión. Su arresto en marzo de 2025 representó un golpe significativo para la estructura operativa de la organización.
- Otras figuras: La red se extendía para incluir a otros policías en activo, como los apodados “El Blas” y “El Tostón“, quienes presuntamente filtraban información sobre operativos federales al grupo, así como a otros líderes criminales que operaban bajo esta estructura, como “El Pantera“, “Prada“, “El Calimba” y “La Mosca“.
El portafolio criminal de “La Barredora” era diverso. Aunque el huachicol era una de sus fuentes de ingresos más importantes, sus actividades abarcaban un amplio espectro de delitos de alto impacto, incluyendo la extorsión sistemática, el narcotráfico, el tráfico de personas y el asesinato selectivo.Tabla 2: Actores clave en la red criminal-política de Tabasco
| Nombre | Alias | Cargo(s) Oficial(es) | Presunto Rol en “La Barredora” | Estatus Legal Actual |
| Hernán Bermúdez Requena | Comandante H | Secretario de Seguridad de Tabasco (2019-2024) | Líder supremo / Fundador | Prófugo (Ficha Roja de Interpol) |
| Adán Augusto López H. | N/A | Gobernador de Tabasco (2019-2021); Senador | Presunto protector político / Quien lo nombró | Bajo escrutinio público, sin investigación formal |
| Carlos Tomás Díaz R. | El Lic, El Tomasín | Asesor del Director de la Policía Ministerial | Líder operativo / Segundo al mando | Detenido y vinculado a proceso |
| Francisco Javier Custodio L. | El Guasón | Expolicía estatal | Líder de células operativas / Extorsión | Detenido |
| Carlos Merino Campos | N/A | Gobernador Interino de Tabasco (2021-2024) | Mantuvo a Bermúdez en el cargo | Director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares |
| Javier May Rodríguez | N/A | Gobernador de Tabasco (2024-Actualidad) | Denunciante de la red criminal | En funciones |
Fractura y guerra: ruptura con el cjng y escalada violenta
La relación entre “La Barredora” y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es un capítulo complejo y violento que define en gran medida la crisis de seguridad en Tabasco. La evidencia sugiere una alianza inicial que degeneró en una guerra abierta por el control del estado.
Inicialmente, algunas fuentes describían a “La Barredora” como una célula o un brazo armado aliado del CJNG en Tabasco. Esta asociación le habría permitido al grupo local ganar fuerza y territorio rápidamente, aprovechando el poder y la reputación de la organización transnacional. Sin embargo, esta alianza parece haber sido de conveniencia y de corta duración.
La narrativa más plausible, respaldada por análisis de inteligencia y la cronología de la violencia, es que “La Barredora”, sintiéndose empoderada por su presunta protección institucional, decidió romper con el CJNG para operar de manera independiente y quedarse con la totalidad del botín criminal. Se cree que esta ruptura se consolidó alrededor del año 2023 y fue el detonante directo de una escalada de violencia sin precedentes en la historia reciente de Tabasco. El estado se convirtió en un campo de batalla entre estas dos facciones. La tasa de homicidios se disparó de manera dramática, pasando de 253 casos en 2023 a 894 en 2024, un aumento de más del 250%.
Este conflicto se manifestó en las formas más brutales de la violencia del crimen organizado: masacres públicas en bares y restaurantes, asesinatos de policías y periodistas, motines sangrientos en los penales, narcomensajes, cuerpos desmembrados abandonados en la vía pública y bloqueos carreteros con vehículos incendiados, sumiendo al estado en una profunda crisis de seguridad.
Este escenario revela una dinámica mucho más profunda y peligrosa que la simple corrupción. El caso de Hernán Bermúdez y “La Barredora” ha sido comparado por analistas y opositores con el de Genaro García Luna a nivel federal, calificándolo como un “mini García Luna dentro de Tabasco”. Sin embargo, existe una diferencia crucial. Mientras que García Luna fue acusado de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, Bermúdez es acusado de liderar su propia organización criminal. Esto representa una evolución del modelo de narco-Estado. La guerra violenta contra el CJNG es la prueba clave de esta distinción. No se trataba simplemente de recibir dinero para ignorar las actividades de un cártel. Presuntamente, se trataba de utilizar activamente el poder y los recursos del aparato de seguridad del estado —como la inteligencia proporcionada por agentes en activo como “El Guasón”— como un arma en una guerra territorial contra una organización criminal rival. Esto implica que el monopolio de la violencia del Estado no solo fue comprometido, sino que fue presuntamente privatizado y desplegado para el beneficio de un actor criminal contra otro. El Estado, a través de sus funcionarios, se habría convertido en un combatiente más en el inframundo criminal, una perversión fundamental de su propósito y una manifestación extrema de la captura institucional.
La conexión 4T: complicidad estatal y crisis política
Esta sección aborda directamente la cuestión central de los vínculos con el gobierno de la “Cuarta Transformación”. Se presenta la evidencia de la presunta complicidad, centrándose en el papel del entonces gobernador Adán Augusto López y las explosivas revelaciones de los “Guacamaya Leaks”. Asimismo, se analiza la consiguiente fractura política dentro de MORENA, que sacó el escándalo a la luz pública.
El arquitecto del poder: el rol de adán augusto lópez
La figura de Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco de 2019 a 2021 y posteriormente una figura de peso en el gabinete federal y en el Senado, es central en esta trama. Su papel como la autoridad que designó y sostuvo a Hernán Bermúdez Requena al frente de la seguridad del estado es el nexo principal que conecta a “La Barredora” con la cúpula del poder político de la 4T en la entidad.
El 11 de diciembre de 2019, el gobernador Adán Augusto López nombró a Bermúdez Requena como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Bermúdez se mantuvo en este cargo de enorme poder no solo durante el resto del mandato de López, sino también durante el de su sucesor, el gobernador interino Carlos Merino, consolidando su control sobre las fuerzas de seguridad estatales por casi cinco años.
Lo que hace que este nombramiento sea tan polémico es que, según múltiples fuentes, se realizó a pesar de existir claras advertencias de inteligencia que señalaban los presuntos nexos criminales de Bermúdez.
Un informe enviado a los servicios de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en noviembre de 2019, es decir, antes de que se oficializara el nombramiento, ya alertaba sobre los supuestos vínculos de Bermúdez con grupos criminales.
Más revelador aún, en 2018, una empresa de consultoría contratada por el propio Adán Augusto López para elaborar un programa de seguridad le advirtió que el nombre de Bermúdez aparecía como persona de interés en bases de datos de inteligencia federal relacionadas con la delincuencia organizada. Según los informes, la reacción de López fue cortar la relación con los consultores y proceder con el nombramiento de Bermúdez de todos modos.
Estos antecedentes sugieren que la decisión de empoderar a Bermúdez no fue un error por falta de información, sino una elección deliberada que ignoró o desestimó activamente las señales de alerta de alto riesgo. Implica una responsabilidad política directa en la colocación de un individuo con un historial cuestionable al mando de la seguridad de todo un estado.
Posteriormente, a medida que la violencia se intensificaba y las acusaciones comenzaban a surgir en la prensa y en informes de inteligencia, la postura de Adán Augusto López fue de negación y evasión. Negó consistentemente la existencia de un grupo como “La Barredora” en Tabasco y desvió las preguntas sobre las actividades de su exsecretario de seguridad, a pesar de la creciente evidencia en contrario.
El expediente guacamaya: desvelando la complicidad
Los documentos de inteligencia militar hackeados al ejército mexicano por el colectivo de hacktivistas “Guacamaya” en 2022 constituyen la pieza de evidencia más contundente y no politizada de la presunta complicidad estatal. Estos informes de la SEDENA, elaborados durante el sexenio del presidente López Obrador, detallaban la existencia y operación de la red criminal-política en Tabasco años antes de que el escándalo estallara en la esfera pública.
Las filtraciones, lejos de ser vagas, contienen acusaciones específicas y detalladas:
- Los informes nombran explícitamente a Hernán Bermúdez Requena (“Comandante H”) y a sus colaboradores, como Carlos Tomás Díaz Rodríguez (“El Tomasín”), como parte integral de la estructura de “La Barredora”, a la que en algunos documentos se le vinculaba con el CJNG.
- Un reporte de inteligencia de mayo de 2021, de particular gravedad, cita a una fuente criminal que afirma: “Pantera (líder del grupo criminal) está con el gobierno, está con el gobernador”, una declaración que implica directamente a la oficina del más alto cargo ejecutivo del estado en ese momento.
- Otro documento detalla un plan específico para robar 38 millones de litros de combustible del estratégico puerto de Dos Bocas. Este informe incluye un organigrama de la “Red de Vínculos” criminal, en el cual la fotografía y el nombre de Hernán Bermúdez Requena aparecen en la cúspide, con “El Tomasín” directamente debajo de él.
Los documentos filtrados revelan que el ejército mexicano tenía conocimiento de estos presuntos nexos criminales al menos desde febrero de 2021. A pesar de que esta información de inteligencia existía dentro del propio aparato de seguridad del gobierno federal, Bermúdez permaneció en su cargo como Secretario de Seguridad de Tabasco durante tres años más, hasta su renuncia en enero de 2024. Esto plantea serias preguntas sobre la inacción o la falta de comunicación entre las agencias de inteligencia federales y las autoridades políticas estatales y federales.
Una casa dividida: la fisura may vs. lópez en morena
Las tensiones latentes entre las facciones políticas de MORENA en Tabasco estallaron públicamente tras la llegada de Javier May Rodríguez a la gubernatura a finales de 2024. Lejos de mantener una continuidad o un pacto de silencio, May comenzó casi de inmediato a señalar a la administración de su predecesor, Adán Augusto López, como la responsable directa de la grave crisis de seguridad que heredaba.
Este quiebre público se materializó en una serie de declaraciones contundentes. May acusó a la administración anterior de haber permitido que el crimen organizado echara raíces en el estado, afirmando sin rodeos que “quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto“. La acusación más directa y citada fue su ya famosa declaración: “Todos saben, aquí era vox populi, quién comandaba La Barredora. ¿O no sabemos?“. Esta pregunta retórica fue interpretada unánimemente por la prensa y la clase política como una referencia inequívoca a Hernán Bermúdez y, por extensión, al hombre que lo nombró y sostuvo: Adán Augusto López.
Este enfrentamiento no puede entenderse únicamente como un acto de justicia o transparencia. Es, en su núcleo, una intensa lucha de poder por el control político de Tabasco, un estado de inmenso valor simbólico para el movimiento de la 4T por ser la cuna de su fundador, Andrés Manuel López Obrador. Las acusaciones de May son vistas por muchos analistas como una maniobra estratégica para desmantelar la estructura de poder e influencia que su antecesor, Adán Augusto, había construido en el estado, y para consolidar su propio liderazgo.
La disputa recibió una capa adicional de validación interna con las declaraciones de José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente y actual Secretario de Gobierno en la administración de May. Al ser cuestionado sobre el caso Bermúdez, afirmó que “está saliendo toda la pudrición” de la administración pasada. Que una figura con ese apellido y cargo respalde, aunque sea implícitamente, las acusaciones de May, subraya la profundidad de la fractura dentro del partido gobernante en la entidad.Tabla 3: Cronología de la violencia, la política y las revelaciones (2022-2025)
| Fecha | Evento | Actores Clave |
| Oct 2022 | Filtración “Guacamaya Leaks” revela informes de SEDENA que vinculan a Bermúdez con “La Barredora”. | SEDENA, Hernán Bermúdez |
| 2023-2024 | Escalada masiva de la violencia en Tabasco; homicidios aumentan más del 250%. | La Barredora, CJNG |
| Ene 2024 | Hernán Bermúdez Requena renuncia como Secretario de Seguridad de Tabasco. | Hernán Bermúdez |
| Finales 2024 | Javier May asume la gubernatura y comienza a culpar públicamente a la administración anterior. | Javier May, Adán Augusto López |
| Ene 2025 | Detención de Carlos Tomás Díaz Rodríguez (“El Tomasín”) en Puebla. | SSPC, FGR, “El Tomasín” |
| Feb 2025 | Se gira orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez; huye del país el mismo día. | FGR, Hernán Bermúdez, Interpol |
| Mar 2025 | Detención de Francisco Javier Custodio Luna (“El Guasón”). | Fuerzas Federales, “El Guasón” |
| May 2025 | Decomisos históricos de combustible (1.5 y 3 millones de litros) en Tabasco. | SSPC, SEDENA, SEMAR |
| Jul 2025 | Gobierno Federal y MORENA declaran que Adán Augusto no es investigado, pero que la indagatoria contra Bermúdez continúa. | Claudia Sheinbaum, Luisa María Alcalde |
Respuesta nacional: contención y control de daños
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La respuesta del gobierno federal y de la dirigencia nacional de MORENA ante el escándalo de Tabasco ha seguido una estrategia dual, diseñada para mostrar acción en el frente de la seguridad mientras se contienen los daños políticos y se protege a una de las figuras más prominentes del partido.
Por un lado, se ha desplegado una ofensiva de seguridad visible. Bajo la nueva dirección del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las fuerzas federales han lanzado una serie de operativos de alto impacto en Tabasco. Estas acciones han resultado en los ya mencionados decomisos masivos de combustible y en las detenciones de lugartenientes clave de “La Barredora”, como “El Tomasín” y “El Guasón”. El objetivo de estos operativos es proyectar una imagen de autoridad y control, demostrando que el gobierno está combatiendo activamente el problema del huachicol y desmantelando las redes criminales en el estado.
Por otro lado, en el ámbito político, la estrategia ha sido de contención y de creación de un cortafuegos. La línea oficial, articulada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia de MORENA, consiste en separar la responsabilidad penal del exsecretario prófugo de la responsabilidad política del senador que lo designó. La presidenta Sheinbaum ha declarado explícitamente que Adán Augusto López no está siendo investigado por el gobierno federal. Al mismo tiempo, ha asegurado que la investigación contra Hernán Bermúdez continuará “tope hasta donde tope” y que en su gobierno “no hay nadie protegido”.
Esta postura crea una distinción cuidadosa: se persigue al ejecutor, pero se exime al responsable político de su nombramiento. La dirigencia nacional de MORENA, a través de su presidenta Luisa María Alcalde y de comunicados de su bancada en el Senado, ha reforzado esta línea. Han negado que el escándalo dañe la imagen del partido, han cerrado filas en apoyo a Adán Augusto López y han enmarcado las acusaciones como un “golpeteo mediático” y una campaña de desprestigio orquestada por la oposición.
Esta estrategia, sin embargo, ha sido recibida con escepticismo por la oposición y una parte de la opinión pública. Los partidos de oposición han aprovechado el caso para señalar la presunta hipocresía del discurso anticorrupción de la 4T, bautizando el escándalo como “el García Luna de los Morenacos” y acusando al partido gobernante de aplicar una justicia selectiva que protege a sus propias figuras. En las redes sociales y en comentarios de ciudadanos, especialmente de Tabasco, prevalece la incredulidad ante la versión oficial. Muchos afirman que la conexión entre Adán Augusto y la red criminal era un secreto a voces en el estado, como lo resume un comentario popular: “TODO TABASCO SABIA QUE ERA ADAN“.
Conclusiones y recomendaciones estratégicas
El análisis exhaustivo de la crisis del huachicol, la operación de “La Barredora” y sus nexos con el poder en Tabasco conduce a una serie de conclusiones críticas sobre la naturaleza de la criminalidad y la gobernanza en México. A partir de estas conclusiones, se proponen recomendaciones estratégicas diseñadas para abordar no solo los síntomas de la violencia y la corrupción, sino las causas estructurales que permiten su existencia.
Síntesis de hallazgos: la captura regional del estado
Los eventos ocurridos en Tabasco entre 2019 y 2025 trascienden la definición convencional de corrupción para constituir un caso paradigmático de captura regional del Estado. La evidencia presentada a lo largo de este informe no apunta a una simple colusión en la que funcionarios aceptan sobornos de criminales externos. En cambio, sugiere un modelo mucho más profundo y peligroso, en el que elementos del propio aparato de seguridad del estado se convirtieron en los arquitectos, comandantes y principales beneficiarios de la empresa criminal dominante en la región.
Se concluye que “La Barredora” operó como un híbrido criminal-político. Esta organización utilizó el poder, la inteligencia y la impunidad que le confería su presunta conexión con la Secretaría de Seguridad estatal para construir un lucrativo imperio ilícito centrado en el huachicol, la extorsión y otras actividades delictivas. La posterior guerra territorial contra el CJNG no fue simplemente un conflicto entre dos bandas rivales, sino una disputa en la que uno de los combatientes estaba, presuntamente, respaldado por la fuerza institucional y los recursos del gobierno del estado. Esto representa la privatización de la seguridad pública para fines criminales.
La crisis política interna en MORENA, manifestada en el enfrentamiento entre el gobernador Javier May y su predecesor Adán Augusto López, fue el catalizador que sacó a la luz pública gran parte de esta información. Si bien este conflicto fue instrumental para la exposición del escándalo, también revela la alarmante capacidad de las redes narco-políticas para persistir e incluso prosperar dentro de un partido en el poder, independientemente de su retórica anticorrupción. La respuesta del gobierno federal, caracterizada por una dualidad entre la acción operativa y la protección política, subraya el desafío persistente de la impunidad selectiva en México, donde la justicia a menudo se detiene antes de alcanzar los niveles más altos del poder político.
Recomendaciones para desmantelar redes narco-políticas
Para romper el ciclo de violencia y corrupción evidenciado en el caso de Tabasco, se requieren reformas estructurales que vayan más allá de los operativos policiales. Se proponen las siguientes recomendaciones estratégicas:
- Fortalecer la autonomía judicial y fiscal: Es imperativo implementar reformas que garanticen la plena autonomía, tanto presupuestaria como operativa, de las fiscalías estatales y federales. Esto debe incluir la creación de mecanismos para que puedan investigar a figuras políticas de alto nivel sin temor a represalias o interferencia política. Un componente clave de esta recomendación es el fortalecimiento de los programas de protección de testigos, para incentivar que funcionarios y miembros de redes criminales con información crucial (insiders) puedan testificar de manera segura.
- Implementar un mecanismo de veto y supervisión para nombramientos de seguridad: La lección principal del caso Bermúdez es que las advertencias de inteligencia fueron presuntamente ignoradas. Se recomienda la creación de un organismo de supervisión independiente y externo, con participación ciudadana y de expertos, encargado de vetar todos los nombramientos de alto nivel en las secretarías de seguridad estatales y fiscalías. Este organismo tendría la facultad de bloquear nombramientos que presenten un alto riesgo basado en inteligencia creíble y análisis de antecedentes, evitando que la decisión final recaiga únicamente en la discrecionalidad del poder ejecutivo.
- Intensificar los esfuerzos antilavado de dinero (ALD) con enfoque binacional: El huachicol fiscal es un problema transnacional que requiere una respuesta coordinada. Se propone la creación de una fuerza de tarea binacional permanente entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la FinCEN de Estados Unidos. Su mandato específico sería investigar y desmantelar las redes de lavado de dinero asociadas al robo y contrabando de combustible, centrándose en las empresas de importación/exportación, agentes aduanales e instituciones financieras cómplices en ambos lados de la frontera.
- Crear un fondo federal para la protección del periodismo de investigación y denunciantes: El periodismo y las filtraciones de denunciantes (whistleblowers) demostraron ser cruciales para exponer la red de Tabasco cuando las instituciones formales fallaron o guardaron silencio. Se recomienda destinar mayores recursos federales y fortalecer los marcos legales para la protección de periodistas y ciudadanos que exponen la corrupción narco-política. Esto debe ir más allá de los mecanismos actuales, ofreciendo apoyo legal, seguridad física y, de ser necesario, reubicación para quienes enfrentan amenazas por su labor.
- Aplicación de sanciones internacionales dirigidas: La comunidad internacional, y en particular socios clave como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, deben utilizar herramientas de sanción como la Ley Global Magnitsky. Se recomienda la imposición de sanciones dirigidas (congelación de activos, prohibición de visas) contra funcionarios y políticos mexicanos sobre quienes pesen acusaciones creíbles de gran corrupción y colusión con el crimen organizado. Estas sanciones pueden aplicarse incluso en ausencia de una condena judicial en México, elevando así el costo de la impunidad y creando una forma de rendición de cuentas externa cuando los sistemas internos se muestran incapaces o renuentes a actuar.
Este caso, más allá de cifras y nombres, interpela directamente la capacidad del Estado mexicano para despojarse de las sombras que lo habitan. ¿Es posible desmantelar las redes narco-políticas cuando la verdad parece detenerse en los umbrales del poder?
