Un motín en el penal de Tuxpan, Veracruz, cobró la vida de siete personas y dejó a once heridas. Los disturbios, que requirieron la intervención de fuerzas federales, destaparon graves acusaciones sobre una red de extorsión operando impunemente desde el interior del centro de reinserción social.
Consecuencias mortales y restablecimiento del orden
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz confirmó el saldo trágico del Motín ocurrido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) del municipio de Tuxpan el pasado sábado 2 de agosto. El incidente dejó siete personas muertas y once lesionadas, estas últimas trasladadas a hospitales cercanos para su atención médica.
Las autoridades informaron que tres presos, identificados como los principales provocadores del disturbio, fueron trasladados al penal de Pánuco como medida de contención inmediata.
El control total del penal fue recuperado durante la mañana del 3 de agosto de 2025, alrededor de las 09:00 horas, gracias a un operativo coordinado. En la intervención participaron elementos de la Marina, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Los incendios provocados por la quema de diversos objetos dentro del penal fueron completamente extinguidos tras el disturbio de este fin de semana.
El gobierno del estado de Veracruz emitió un comunicado oficial, en el que reitera su compromiso con la gobernabilidad, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios, siempre en estricto apego a la ley y en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.
La red de extorsión que detonó la violencia
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Sin embargo, detrás de la versión oficial, emergen testimonios que apuntan a una causa profunda de los disturbios. De acuerdo con videos grabados por los propios presos del penal, la gresca se habría iniciado ante el hartazgo generalizado de los reclusos por el abuso de un grupo criminal conocido como el Grupo Sombra.
Este grupo es señalado de llevar a cabo extorsiones y amenazas constantes a los internos y sus familias, operando directamente desde el interior del CERESO de Tuxpan. Las grabaciones, que representan una ventana directa a la desesperación interna, corroboran el punto de inflexión que la extorsión y la amenaza permanente significaron para los reclusos.
Acusaciones directas y la sombra del contubernio
Una de las grabaciones divulgadas, cuya autenticidad exige una investigación profunda, muestra a un hombre identificado como Alonso Delgado. En sus declaraciones, Delgado afirma haber tenido el control del penal en nombre del Grupo Sombra, hasta que fue relevado de sus funciones.
Las denuncias no se quedan solo en la extorsión. Delgado asevera que el Grupo Sombra no solo controla los cobros de cuotas, sino también el ingreso de droga y la comisión de otros delitos, todo ello con el apoyo de las propias autoridades penitenciarias. Estas graves acusaciones delinean un panorama de corrupción y complicidad que apunta directamente a las estructuras de control dentro del sistema carcelario veracruzano.
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El silencio oficial ante las graves denuncias
Frente a estos señalamientos directos y las grabaciones que exponen la presunta operación criminal desde el interior del penal, el gobierno de Rocio Nahle García no ha emitido ninguna postura oficial. Hasta el momento, tampoco se ha desmentido públicamente lo difundido ampliamente en redes sociales y en las grabaciones de los propios reclusos. La falta de una postura clara del gobierno genera interrogantes sobre la voluntad de abordar de fondo las causas estructurales de la violencia penitenciaria.
Mientras las autoridades destacan el restablecimiento del orden, las grabaciones de los reclusos desnudan una realidad inquietante: la violencia al interior de los penales no es un hecho aislado, sino la trágica consecuencia de estructuras de poder y extorsión no desmanteladas. ¿Hasta cuándo tolerará el estado de Veracruz la complicidad que permite la operación de grupos criminales dentro de sus propios centros de reinserción social?
