La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el 29 de enero de 2026 que su administración reforzará «aún más» la seguridad en Sinaloa. Esta decisión surge como respuesta directa al ataque a balazos contra dos diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán y el plagio de diez ingenieros de una mina canadiense en La Concordia. Sheinbaum confirmó que ya se habían efectuado detenciones relacionadas con estos eventos y que se mantiene una estrecha colaboración con el gobierno del estado.
Como medida inmediata, el gobierno federal desplegó 1,600 militares en Sinaloa para contener la nueva ola de violencia desatada. La acción militar responde a la urgencia generada por los ataques dirigidos a figuras políticas y la desaparición de personal especializado en la región, un matiz que escala el nivel de intervención federal requerido.
La respuesta federal ante la crisis de seguridad en Sinaloa
Durante su conferencia matutina del jueves 29 de enero de 2026, ofrecida desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum detalló las acciones emprendidas por el gabinete de seguridad. La colaboración intergubernamental fue identificada como clave para el manejo de la crisis.
La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comunicó directamente con el presidente de Movimiento Ciudadano para ofrecer el apoyo total del gobierno federal tras el atentado contra sus legisladores.
Planes de visita y evaluación
La presidenta Sheinbaum confirmó que pronto realizará una visita a Sinaloa para evaluar la situación directamente. Aunque no precisó la fecha exacta, indicó que sería «la otra [semana] o a la que sigue», y que se reuniría con su gabinete de seguridad, así como con ciudadanos y empresarios locales para obtener una perspectiva amplia de las necesidades de la entidad.
Cuando se le preguntó específicamente si se reforzaría la seguridad, su respuesta fue categórica: «Sí, por supuesto, todo lo que requiera el pueblo de Sinaloa».
El despliegue de 1,600 militares: Acción inmediata
El despliegue de mil 600 militares en Sinaloa representa la respuesta de fuerza concreta del gobierno federal a los incidentes violentos. Esta acción busca restablecer el orden luego del ataque a los dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán y la desaparición forzada de diez empleados de una empresa minera.
Según reportes vinculados al incidente minero en la comunidad de La Concordia, inicialmente se reportó la desaparición de al menos 14 trabajadores de la mina canadiense, aunque la presidenta se refirió al plagio de diez ingenieros en sus declaraciones. Este incremento en la presencia militar busca disuadir futuros actos criminales de alto impacto.
Contexto de seguridad y asuntos diplomáticos
Además de las acciones en Sinaloa, la Presidenta abordó otros temas relevantes durante su conferencia, destacando la vigilancia federal en puntos clave como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Decomiso en el AICM
Autoridades federales informaron de un decomiso sustancial en el AICM, donde se aseguraron más de 88 toneladas y 55 millones de piezas de cigarrillos apócrifos. Este contrabando tiene un valor estimado superior a 400 millones de pesos en el mercado negro, demostrando los esfuerzos de seguridad en aduanas.
Postura ante Estados Unidos
Respecto a las relaciones diplomáticas, Sheinbaum aseguró que la red consular de México en Estados Unidos no interviene en asuntos políticos internos de ese país. Esta declaración se dio a raíz de un libro promovido en redes sociales por Donald Trump, que advertía sobre un supuesto «golpe de Estado invisible» contra Estados Unidos orquestado por México. La Presidenta aclaró que el contenido fue elaborado por una persona que no forma parte de la actual administración del gobierno estadounidense.
La promesa de reforzar la seguridad en Sinaloa, acompañada del despliegue de militares, subraya la complejidad de enfrentar la violencia que afecta tanto a la clase política como al sector productivo. La efectividad de estas medidas se medirá no solo por las detenciones puntuales, sino por la capacidad del gobierno federal de estabilizar una entidad que parece estar en constante ebullición, obligando a la propia presidenta a modificar su agenda para abordar la crisis in situ.
