La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó hoy las implicaciones de las declaraciones de Ismael ‘El Mayo’ Zambada desde Palacio Nacional. Enfática, la mandataria aseguró que su administración no encubrirá a nadie, incluidos políticos o fuerzas armadas, que demuestren nexos con el crimen organizado, aunque actualmente no existan pruebas.
Postura presidencial ante las declaraciones de El Mayo Zambada
Desde Palacio Nacional, durante su conferencia del 27 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue contundente. México, afirmó, no encubrirá a ningún político, funcionario o elemento de las fuerzas armadas que pueda estar involucrado con el crimen organizado. Esta declaración surge a raíz de la culpabilidad de Ismael «El Mayo» Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, ante la justicia de Estados Unidos.
Sin embargo, la mandataria federal acotó en la «mañanera» de este miércoles que hasta ahora “no tenemos ninguna prueba” en ese sentido. Sheinbaum Pardo enfatizó:
- “Nosotros no establecemos relaciones de contubernio con nadie”.
- “Si en alguna investigación saliera una persona, político, funcionario público, vinculado con algún grupo delictivo, se presenta la denuncia y se hace la investigación”.
- “No tenemos en este momento ninguna prueba contra un servidor público, miembro del Ejército y de la Marina”.
- “Si se llegara a encontrar no se va a cubrir a nadie”.
Ante las preguntas sobre las afirmaciones del cofundador del Cártel de Sinaloa, la jefa del Ejecutivo reafirmó la postura de su administración: “Estamos en contra de cualquier soborno o cualquier acto de corrupción que tenga que ver con el tema de seguridad. Cualquier investigación es buena”.
La perspectiva de seguridad: Omar García Harfuch
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, complementó las declaraciones presidenciales. Aseveró que, a nivel nacional, no existen señalamientos contra políticos, militares o marinos por vínculos con el crimen organizado. El funcionario precisó que este tipo de involucramientos se han limitado principalmente al nivel de policías locales.
García Harfuch detalló:
- “Lo que en su momento tuvimos, y fueron detenciones que se realizaron, fueron autoridades locales”.
- “No hemos tenido al momento ningún militar, ningún marino involucrado en este tipo (de delitos)”.
- “Si llegara a haber una investigación lo trabajamos con las instituciones correspondientes”.
- Normalmente, las detenciones e involucramientos, incluidos homicidios de funcionarios locales, “han sido más en policías estatales y municipales”.
Al ser cuestionado directamente sobre la implicación de funcionarios públicos o políticos, el secretario respondió: “Al momento no, pero si llegara a haber cualquier investigación, como siempre con toda transparencia, se va a informar, vamos a hacer la investigación y detendríamos a quien tuviéramos que detener”.
En relación con el Cártel de Sinaloa, García Harfuch añadió que, a pesar de que “El Mayo” Zambada y “El Chapo” Guzmán están presos en Estados Unidos, el grupo no está extinto. Subrayó que “es un cártel que tiene como varias ramas” y se mantiene debido a la existencia de facciones.
Otros temas en la agenda política nacional
En el ámbito político, se han presentado otros acontecimientos relevantes:
- Investigación de la FGR: La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a siete personas por la sustitución de cocaína decomisada por leche en polvo. Arturo Ávila, vocero de los diputados morenistas, informó que Agustín Taboada, hermano del exalcalde de Benito Juárez, cuenta con una orden de captura por este delito.
- Casa de Noroña y dichos de la DEA: La presidenta Sheinbaum Pardo minimizó el “escándalo” por la compra de una propiedad valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán por parte del senador morenista. La mandataria señaló que lo más importante es que el exfuncionario García Luna haya sido puesto al mismo nivel que “El Mayo” o “El Chapo” por los dichos de la DEA, sugiriendo que el asunto de la casa desvía la atención de este hecho de mayor trascendencia.
La postura gubernamental ante las declaraciones de líderes del crimen organizado y la situación de seguridad nacional subraya una política de cero tolerancia. Sin embargo, la ausencia de pruebas concretas contra políticos y militares, según los funcionarios, plantea la pregunta crucial sobre cómo se desarrollarán estas investigaciones y si las estructuras criminales han permeado a otros niveles del poder público más allá de lo local.
