La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó su acuerdo con las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, derivadas del diálogo en la Cámara de Diputados. Sostuvo el 03 de diciembre de 2025 que, con esta legislación, se busca imponer orden y poner fin a la corrupción en el manejo del recurso hídrico, protegiendo el agua y evitando su sobreexplotación.
Poniendo orden en las concesiones y acabando con los privilegios
La presidenta Sheinbaum Pardo, en declaraciones recogidas por Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia, afirmó que la Ley de Aguas Nacionales está diseñada para «poner orden y poner fin a la corrupción». Explicó que quienes se oponen a los cambios son aquellos que gozan de «privilegios» y que poseen numerosas concesiones de agua que no utilizan o que son francamente ilegales, y que ahora deberán ser regularizadas.
La mandataria federal sostuvo que la esencia fundamental de esta propuesta radica en:
- Proteger el recurso natural.
- Evitar la sobreexplotación.
- Garantizar el derecho al agua.
- Dejar de ver el recurso natural como una mercancía.
Sheinbaum recordó que la orden de poner en regla las concesiones de agua fue una indicación que le dio el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante el periodo de transición, con el fin de evitar la corrupción y garantizar el abasto.
Transparencia y límites a la mercantilización
Para alcanzar estos objetivos, el nuevo marco legal limita la posibilidad de que se pueda mercantilizar la transmisión de derechos. Este mecanismo, subrayó, ha generado mucha corrupción y acaparamiento de agua.
La jefa del ejecutivo detalló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tendrá un papel central en este proceso, ya que su participación será obligatoria en la transmisión de derechos, llevándose a cabo de una manera:
- Expedita.
- Totalmente transparente.
Además, informó que se está creando una sola base de datos para todas las concesiones, lo que brindará una mayor transparencia y asegurará que los permisos de agua operen bajo un modelo completamente claro. En los lugares donde exista escasez, se buscará privilegiar el consumo humano.
Clarificaciones para la producción agropecuaria
Durante las mesas de diálogo que precedieron la ratificación, se clarificaron diversos temas para los productores, especialmente para los ejidatarios.
La presidenta Sheinbaum Pardo explicó dos puntos clave de las modificaciones adoptadas:
- Transmisión expedita: Respecto al agua para riego, se aclaró que si un ejidatario cede sus derechos a un familiar, por ejemplo, para el uso de un pozo, la transmisión se realizará de manera expedita.
- Uso sin cambio de permiso: Se dejó en claro que si el agua concesionada para agricultura se utiliza también para ganadería, no será necesario cambiar el permiso, ya que ambos usos están considerados como derechos para la producción agropecuaria.
Sheinbaum afirmó que estos temas se fueron clarificando ante la «preocupación» que había surgido, la cual achacó en gran medida a «noticias que no son ciertas».
El rechazo en el campo y la agenda legislativa
Mientras diversas agrupaciones empresariales y sociales expresaron su apoyo a las modificaciones a través de un desplegado, el rechazo del sector agrícola ha sido notorio y contundente.
Productores agrícolas de Puebla, Tlaxcala y Veracruz se han movilizado, realizando bloqueos en protesta.
La resistencia se ha centralizado en el norte del país, donde:
- Comuneros de Zacatecas insisten en el rechazo total al proyecto de la presa Milpillas.
- La Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas también rechaza la Ley de Aguas y ha anunciado la toma de casetas en señal de protesta.
Campesinos han exigido, mediante protestas con tractores, que se tome en cuenta su opinión y sus observaciones sobre la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales antes de su aprobación final en la Cámara de Diputados. Precisamente, la Comisión de Recursos Hidráulicos está convocada este miércoles para discutir y, de ser el caso, aprobar el dictamen.
Otros temas en la agenda política nacional
Paralelamente a la discusión hídrica, otros temas relevantes ocupan la agenda política del país:
- Defensa del asilo diplomático: México defendió ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la vigencia de la Convención de Asilo Diplomático de 1954. Se denunció que el Consejo de la OEA carece de facultades para revisar un tratado internacional, y que la iniciativa de Perú no responde a un interés jurídico regional, sino a un intento de dirimir un caso particular, en referencia al de la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.
- Caso Javier Duarte: Guatemala autorizó a México aumentar los cargos contra el exgobernador Javier Duarte. La jueza determinó no conceder la libertad vigilada, considerando que Duarte de Ochoa enfrenta actualmente una acusación por el delito de desaparición forzada.
La promesa de poner orden y transparencia en la distribución del agua se enfrenta a una resistencia organizada que acusa desatención a sus observaciones. Si bien la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que el nuevo marco legal solo afecta a quienes gozan de concesiones ilegales o privilegios, la persistencia de los bloqueos y las movilizaciones revela que el consenso sobre la Ley de Aguas Nacionales aún está lejos de alcanzarse en la esfera pública y legislativa. ¿Podrá el gobierno conciliar la necesidad de proteger el recurso con las demandas históricas de los productores rurales?
