La escena política mexicana y las relaciones bilaterales con Estados Unidos se tensan tras las recientes declaraciones de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, sobre la extradición de Rafael Caro Quintero. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha salido al paso, rechazando categóricamente la versión de una orden directa del expresidente Donald Trump y reafirmando la soberanía nacional en decisiones clave de seguridad.
La polémica por la extradición de Caro Quintero
El narcotraficante Rafael Caro Quintero se encuentra en el centro de un nuevo diferendo diplomático. En febrero de 2025, Caro Quintero fue ilustrado por Jane Rosenberg/Artincourt en la sala del Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, lo que evidencia el alcance de este caso.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, intensificó la controversia al difundir una imagen junto al hijo de Enrique Camarena, agente de la DEA asesinado en 1985. Bondi afirmó en redes sociales que Caro Quintero fue entregado a las autoridades estadounidenses por México «por órdenes del presidente Trump».
La respuesta de la presidenta Sheinbaum
Ante estos dichos, la presidenta Sheinbaum Pardo fue directamente cuestionada en la Ciudad de México el 18 de septiembre de 2025. Su respuesta fue contundente: la decisión de entregar a Caro Quintero fue una determinación de seguridad nacional. «La decisión se tomó aquí en el Consejo de Seguridad por razones de seguridad», enfatizó.
Sheinbaum Pardo reiteró que, si bien «sí había petición de ellos» por parte de Estados Unidos, la acción de extradición recayó en el Consejo de Seguridad Nacional. Asimismo, la mandataria explicó que el envío de «este importante número de personas de la delincuencia organizada» forma parte de una política de seguridad nacional. La presidenta también confirmó que existen «más peticiones de extradición» por parte de Estados Unidos, lo que sugiere una agenda bilateral activa en materia de seguridad.
Contexto de la lucha contra el narcotráfico y la agenda bilateral
Este episodio no es aislado. La fiscal general Pam Bondi ha mantenido una postura firme contra el crimen organizado. Recientemente, tras la culpabilidad de «El Mayo», declaró: «No hemos terminado, vamos por todos los ‘narcoterroristas'». Esta declaración subraya la presión estadounidense por la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.
Paralelamente, el proceso legal de Caro Quintero sigue su curso. Se ha ampliado el plazo para analizar las condiciones de su reclusión, lo que indica la complejidad y el meticuloso escrutinio legal que rodea su caso.
La negación presidencial de la injerencia de Donald Trump en la extradición de Caro Quintero subraya la delicada balanza entre la soberanía nacional y las presiones internacionales en la lucha contra el crimen organizado. ¿Hasta qué punto las agendas de seguridad de dos naciones pueden alinearse sin erosionar la autonomía decisoria de cada una?
