La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el gobierno federal trabaja en un plan de justicia social y laboral enfocado en los jornaleros agrícolas de San Quintín y Maneadero, Baja California. El objetivo es eliminar la contratación «a destajo» y garantizar seguridad social, infraestructura y servicios básicos.
El plan de justicia social para jornaleros de Baja California
El plan de atención a la región de San Quintín, Baja California, tiene como propósito principal la justicia social y laboral para los trabajadores del campo. En la conferencia mañanera del lunes 19 de enero de 2026, la mandataria federal remarcó que, si bien existen avances en las condiciones laborales, aún hay empresas que se niegan a formalizar contratos.
Sheinbaum Pardo recordó que este proyecto se trabaja desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y destacó el carácter histórico de la lucha emprendida por los jornaleros de la región. El problema persiste en las contrataciones «a destajo», un esquema donde los trabajadores cubren jornadas laborales que exceden las ocho horas diarias.
Las fallas de la contratación a destajo
El mismo lunes, La Jornada publicó en su edición impresa un análisis que profundiza en la explotación. Venustiano Hernández, uno de los líderes del movimiento laboral de San Quintín, denunció que la mayoría de los ranchos de la zona utilizan la práctica de «saliendo y pagando». Este mecanismo implica que los jornaleros carecen de prestaciones y, de manera más grave, quedan excluidos de la seguridad social. Estas condiciones fueron las mismas que motivaron la protesta masiva de empleados en 2015 en el sur de Baja California.
Estrategias de bienestar y regulación directa
La atención que se brindará a los jornaleros será particular y enfocada en el bienestar, según la presidenta. Las acciones programadas incluyen una lista de beneficios tangibles para el sector:
- Seguridad Social: Se procurará el acceso pleno a la seguridad social.
- Infraestructura: Se plantea la construcción de hospitales y escuelas, cubriendo los niveles desde primaria hasta media superior.
- Vivienda y Cuidados: Construcción de vivienda y guarderías para los hijos de los trabajadores.
- Regulación Directa: El objetivo central es que la contratación sea realmente directa, eliminando intermediarios y esquemas precarios.
Sheinbaum Pardo vinculó directamente la solución a la agricultura de exportación. Detalló que se está a la espera de la aprobación de un cambio de ley en febrero, el cual funcionará como una garantía legal. Esta ley obligaría a toda la agricultura de exportación a garantizar la seguridad social para todos los trabajadores que emplea.
En el contexto de las movilizaciones actuales, la presidenta anunció que la secretaria de Gobernación irá a San Quintín para presentar de manera formal el plan.
Agenda política y diplomática de la semana
La agenda del gobierno federal incluyó otros eventos de alto perfil.
Reunión con Canadá en medio de tensiones por el T-MEC
La presidenta recibirá a Mary Simon, la gobernadora general de Canadá, el martes a las 14 horas. Después de la bienvenida protocolaria, Sheinbaum Pardo y Simon sostendrán una reunión privada. El diálogo girará en torno a “valores compartidos”. Este encuentro sucede mientras continúan las tensiones causadas por los amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a la permanencia del T-MEC.
Protestas judiciales y respuesta diplomática
Frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se registró una protesta contra la votación de un proyecto judicial. Los manifestantes piden que se posponga la votación del proyecto de la ministra María Estela Ríos González, al que acusan de proponer la validación de los “desalojos forzados».
Finalmente, en materia diplomática, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió condolencias al pueblo y gobierno de España por las muertes ocurridas en un accidente ferroviario, a nombre del gobierno de México. La Cancillería también deseó pronta recuperación a las personas que resultaron heridas.
La implementación de este plan en San Quintín, ligada a una reforma legal que obligue a la poderosa agricultura de exportación a formalizar a sus trabajadores, será la verdadera prueba de fuego para medir la capacidad del gobierno federal de transformar un conflicto histórico en justicia laboral permanente.
