Redacción
CANCÚN. – Los diputados locales, Ricardo Velazco, de Morena, y Hugo Alday, del PT, y el exalcalde de Cancún, Julián Ricalde, señalaron en que el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado debe regresar al control del Estado y no debe reprivatizarse, ya que el agua es un derecho humano y no un negocio.
En el contexto de la reciente sentencia del Juzgado Federal Octavo de Distrito, que debilita aún más la posición legal de la empresa Aguakán en su intento por mantener la concesión en cuatro municipios de Quintana Roo, los entrevistados señalaron que es momento de que el Estado y los municipios retomen la rectoría del servicio.
Velazco, ex militante del PMT-PSUM, subrayó que la privatización responde a intereses neoliberales y ha resultado en un servicio deficiente y costoso, mientras que Ricalde enfatizó que se debe garantizar un servicio público con control estatal, no delegado a empresas privadas con fines de lucro. Por su parte, Alday llamó a una entrega-recepción ordenada, en la que CAPA asuma la administración del servicio, como un ente público con capacidad para cumplir con esta responsabilidad.
Los tres referentes de la izquierda de Quintana Roo subrayaron en que esta coyuntura representa una oportunidad histórica para que el Estado garantice el acceso al agua como un derecho constitucional, establecido en el artículo 4º, y no como una mercancía manejada con lógica empresarial.
A continuación, las opiniones de Velazco, Ricalde y Alday
Ricardo Velazco
Esta sentencia deja cada vez más en una situación terminal, con respecto a la concesión de agua que tiene esta empresa de Aguakán, de proveer de agua, alcantarillado y drenaje a cuatro municipios mucho muy importantes del estado de Quintana Roo, como son Benito Juárez, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos.
Dicha sentencia dejó ya prácticamente en condiciones de que el Estado retome el control del servicio de este vital líquido, que es el agua, que es un derecho humano. Ya es un derecho humano contemplado en el artículo Cuarto de la Constitución, donde claramente establece que se reconoce el derecho al acceso, a la disposición y al saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Es un derecho humano contemplado en nuestra Constitución Política Mexicana.
Neoliberalismo
Los gobiernos de Morena, los gobiernos cuatroteístas, deben de ser congruentes con que se garantice el servicio de este vital líquido para la vida humana, para la vida en general, de proveer el servicio de agua potable por parte del Estado. Porque, generalmente, las concesiones son prácticas políticas y económicas que tienen un alto contenido de lo que nosotros hemos denominado el neoliberalismo. Cuando concesionamos servicios, concesionamos a privados, y del privado, el sector privado, las empresas, siempre buscan obviamente la ganancia como fin último y no el proveer servicios de calidad.
Lo hemos visto en otros servicios públicos que se han venido prestando a lo largo de los años en algunos de los municipios más importantes de Quintana Roo, como es Benito Juárez, como es Isla Mujeres e incluso Playa del Carmen. Se concesionan servicios y terminan siendo servicios caros y deficientes, como lo fue la misma empresa Aguakán. A lo largo de todos estos años que ha tenido la concesión, ha sido realmente una de las aguas más caras del país, y un servicio que deja mucho que desear. Ya está de más señalar todas las deficiencias de este servicio prestado por esta empresa denominada Aguakán.
Gran Oportunidad
Entonces, ante esa situación, nosotros consideramos que se presenta una gran oportunidad para que estos municipios retomen, además, esa facultad que tienen de acuerdo al artículo 115 constitucional, retomen la rectoría de prestar este servicio a sus habitantes. Puesto que no podemos dejar que un derecho humano de acceso y disposición al agua se quede en manos de empresas privadas, que finalmente lo que buscan es el lucro, es la ganancia, son altas tasas de rentabilidad.
En este caso, lo que nosotros queremos es que se garantice que el Estado sea el rector. Los municipios o las empresas que para ello se tengan que crear —empresas estatales, en su caso—, existe CAPA, pues pudiera ser un sistema también intermunicipalizado, una empresa intermunicipal, porque finalmente pudiera caerse, pero que pudiera ser el Estado mismo el que preste el servicio de proveer de agua, drenaje y alcantarillado a sus ciudadanos, a sus habitantes.
Esa es la gran oportunidad que se presenta ante este momento tan, tan importante.
Julián Ricalde
Esto es un debate que ha sido ya aclarado en términos de un derecho humano al agua. Lo ha dicho la presidenta de la República y, en ese orden de ideas, es el Estado quien debe encargarse, no de forma delegada a través de una concesión, a través de otra empresa —como ya vimos—, porque al final, las empresas tienen fines de lucro, las empresas privadas.
Control del estado
Y una empresa pública, como tal, pudiera ser una paraestatal, una paramunicipal inclusive, dependiendo de la infraestructura y la posibilidad de cada ayuntamiento, en este caso de los cuatro que están en este dilema. Pero tutelada absolutamente con control del Estado, donde lo que se dé sea un servicio, no un negocio.
Hugo Alday
Derivado de la reciente sentencia que emana obviamente del juicio de amparo promovido después del decreto de la Décima Legislatura, queda por concluida la concesión, obviamente acompañado de asuntos y de juicios administrativos y penales que presentó la actual gobernadora y el titular de CAPA en su momento.
Creo que es importante todavía esperar lo que suceda con el término, porque, bueno, la empresa todavía puede ir al amparo en revisión. Incluso podría solicitar, en su caso, la atracción de la Suprema Corte, cosa que quedó complicada. Pero desde mi punto de vista, lo más complicado en este momento —valga la redundancia— es cómo se va a hacer la entrega-recepción.
¿De qué manera va a recibir, en su caso, CAPA? Sería lo ideal que CAPA administrase. ¿Cómo va a recibir CAPA todos los bienes, todos los elementos que comprenden esta concesión? Porque pudiéramos caer tal vez en heredar más problemas de los que ya existen. Y obviamente con las campañas mediáticas que inició la empresa, y con la capacidad económica que tiene la EMT, pues seguramente trataría de boicotear esta aceptación, esta entrega-recepción que tenga el Estado.
CAPA, con capacidad
Entonces, yo creo que es importante que exista una entrega-recepción en su momento, después de que queden firmes y concluidos los juicios por parte del Estado, y que CAPA sea quien administre. Creo que tenemos un ente público con todos los elementos posibles, con toda la capacidad.
Sería regresarle al Estado una función en la cual es su obligación, y regresar a los municipios el control de la zona norte, el control de aquello que establece el 115 constitucional. Creo que por ahí tendremos que ir.
