En un incidente que pone de manifiesto la creciente tensión por la tenencia de la tierra en Tepoztlán, comuneros de San Juan Tlacotenco se manifestaron frente a la residencia del senador Gerardo Fernández Noroña, acusándolo de adquirir una propiedad en suelo comunal mediante un crédito bancario, práctica prohibida y de gran controversia.
Un desafío directo a la propiedad comunal en San Juan Tlacotenco
A las 11 de la mañana del 29 de agosto de 2025, unos 20 comuneros de San Juan Tlacotenco, en el municipio morelense de Tepoztlán, se congregaron frente a la casa del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña. La protesta, que duró aproximadamente 20 minutos, tuvo como objetivo denunciar la supuesta adquisición irregular de un inmueble en una zona donde la mayoría de la tierra es comunal y, por tanto, no puede ser vendida como propiedad privada, y mucho menos mediante créditos bancarios.
«Aquí no se puede vender, ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros, y aquí está la gente y los comuneros», afirmó uno de los habitantes de San Juan Tlacotenco, localidad ubicada al norte de la cabecera municipal. Los manifestantes sugirieron que Fernández Noroña pudo haber utilizado sus influencias como ex presidente del senado del Congreso de la Unión para conseguir la casa, ya que la asamblea comunal no fue informada de ninguna transacción. «Es un error, grave, gravísimo, porque está usufructuando bienes que no le corresponden, aquí este es un bien inmueble perteneciente a los comuneros de Tepoztlán», sentenciaron.
Durante la manifestación, los inconformes, muchos de ellos cubriendo sus rostros con pancartas para evitar ser identificados, exhibieron mantas con mensajes contundentes. «Tepoztlán no se deja. El pueblo de Tepoztlán exige que se respete esta propiedad del pueblo, el suelo de Tepoztlán es comunal, ya basta de fraude y de corrupción», vociferó otro de los inconformes. Una manta particular plasmaba imágenes del interior de la casa y una caricatura de Noroña, con la leyenda: «Al pueblo lo del pueblo, exigimos que se restituya esta propiedad al pueblo de Tepoztlán. El suelo de Tepoztlán es comunal. Ya basta de fraudes y corrupción».
Los comuneros dejaron sus cartulinas fosforescentes afuera del portón y la barda de piedra del inmueble antes de retirarse. La finca en cuestión abarca aproximadamente mil 200 metros cuadrados y cuenta con una casa de unos 250 metros. De acuerdo con trabajadores del ayuntamiento, la propiedad se encuentra dentro de un área donde se permite la edificación de viviendas.
Tepoztlán: Un epicentro de irregularidades territoriales
Este incidente no es un hecho aislado. En agosto de 2022, un reportaje de La Jornada ya había expuesto varias construcciones ilegales en las faldas del Tepozteco. En esa investigación, ex autoridades municipales y actuales, ambientalistas y comuneros denunciaron que empresarios, extranjeros y políticos de los tres niveles de gobierno habían adquirido terrenos en las partes baja y media del Parque Nacional El Tepozteco. Estas edificaciones se levantaron de manera indiscriminada e ilegal, a pesar de que la franja es parte del corredor biológico Chichinautzin y obstruyen el paso de manantiales y los accesos a las partes altas de los cerros.
El sexenio de Graco Ramírez y la dualidad de comités
Las mismas fuentes informativas aseguraron que la invasión de tierras se intensificó durante el sexenio del ex gobernador Graco Ramírez. En aquel periodo, se impuso un nuevo comité de Bienes Comunales con la participación de algunos habitantes de San Juan Tlacotenco, con la finalidad de apoyar la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla. Desde entonces, coexisten dos comités de bienes comunales: uno conformado por habitantes de San Juan Tlacotenco y otro por vecinos de la cabecera municipal de Tepoztlán, lo que añade complejidad a la gobernanza territorial de la región.
Este contexto histórico subraya la profunda problemática de la tierra en Tepoztlán y la recurrente vulneración de los derechos de los comuneros. La reciente protesta contra el senador Fernández Noroña no solo reaviva el debate sobre la legitimidad de ciertas adquisiciones inmobiliarias, sino que también pone en entredicho la transparencia y la legalidad en la gestión del patrimonio comunal. ¿Hasta qué punto la influencia política seguirá desdibujando los límites de la propiedad y la justicia en comunidades como Tepoztlán?
