En una urgencia nacional por la identificación de personas desaparecidas, seis entidades federativas de México –Nayarit, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Tlaxcala y Puebla– aún no concretan la firma de convenios cruciales con el Instituto Nacional Electoral (INE) para el uso de sus datos biométricos, la base de datos más grande del país. Esta demora, un tema central en la agenda política y social, resalta las complejidades y tensiones en la colaboración entre distintas autoridades del Estado mexicano.
La inercia en la firma de convenios de datos biométricos
El 7 de agosto de 2025, el consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión de Registro Federal Electoral del INE, externó un «extrañamiento» ante la falta de avances. Desde el pasado abril, el número de convenios pendientes se ha mantenido inalterado en estas seis entidades. Castillo atribuyó la tardanza a «resistencias por parte de las autoridades» e hizo un llamado urgente a la colaboración para «facilitar la identificación y búsqueda de personas desaparecidas», subrayando la delicadeza del tema en el país.
La consejera electoral Carla Humphrey corroboró que, desde 2016, el INE ha suscrito 37 convenios con instituciones federales y estatales, evidenciando que estas seis instancias son las únicas restantes. Específicamente, en Nayarit, Tabasco, Guerrero y Puebla, las fiscalías estatales son las que aún no han formalizado el acuerdo, mientras que en Chiapas y Tlaxcala son las Comisiones Estatales de Búsqueda las pendientes.
La relevancia de la base de datos biométrica del INE
Según el informe presentado en sesión extraordinaria del órgano electoral, estos convenios permiten que «el INE coadyuva, mediante el uso de la base de datos biométrica más grande del país, con las diferentes autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas». El objetivo primordial es «establecer los mecanismos de coordinación y colaboración» para la confronta de información.
Para ello, se emplean los sistemas de identificación del INE denominados AFIS (Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares) y ABIS (Sistema Automatizado de Identificación Biométrica), los cuales administran datos biométricos y huellas dactilares. La intención declarada es «lograr la identificación de personas no localizadas o de personas desconocidas que contengan huellas dactilares o biométricos susceptibles de ser analizados».
Impacto y alcances de la colaboración actual
Desde el inicio de la firma de estos convenios en 2016, los resultados han sido significativos, aunque con limitaciones. De 94 mil 672 solicitudes recibidas para la confronta de datos biométricos, 32 mil 578 (un 34.56 por ciento) han obtenido respuestas con al menos un registro para efectuar identificaciones. A la fecha, se han confirmado 17 mil 735 registros mediante dictamen pericial de las instituciones solicitantes. Sin embargo, el documento aclara que la confirmación y presentación de la persona a sus familiares, una vez efectuada la identificación, ya no es competencia del INE.
En lo que respecta a solicitudes de datos generales como nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, y CURP, la efectividad es aún mayor. De 306 mil 879 solicitudes, se han obtenido 156 mil 847 respuestas con al menos un registro, lo que representa un 51.11 por ciento de los casos. Esta mayor efectividad se atribuye a que la búsqueda se realiza a partir de los datos generales que proporcionan las instituciones.
El debate político: Uso de datos y la tragedia de las desapariciones
El tema ha escalado al terreno del debate político. Víctor Hugo Sondón, representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante el Consejo General del INE, enfatizó que no se trata de un problema técnico, sino de «una tragedia humana que golpea diariamente a miles de familias mexicanas». No obstante, advirtió firmemente que los «datos biométricos no deben ser jamás utilizados para espiar, para perseguir o vigilar a las y los ciudadanos». Sentenció que no permitirán que la información confiada al INE se convierta en una base de datos «al servicio de intereses políticos o de control social», y se pronunció contra un presunto «maquillado de cifras», exigiendo reconocer la crisis como estructural.
En réplica, Guillermo Rafael Santiago, representante de Morena, calificó de «lamentable y hasta ofensivo» el intento de «usar el dolor de miles de familias como bandera política, tratando de convertir la tragedia en un instrumento de golpeteo político». Reconoció la crisis de desapariciones como «un desafío de Estado que exige responsabilidad, empatía y trabajo constante», contraponiéndola a la «mezquindad de quienes durante décadas ignoraron o agravaron el problema y ahora se presentan como paladines de la verdad». Además, defendió que las cifras reportadas son resultado de una transparencia «nunca antes vista en gobiernos anteriores», en contraste con prácticas pasadas de «esconderlo debajo de la alfombra» por parte de administraciones del PAN.
La persistencia de seis estados sin firmar estos convenios cruciales para la búsqueda de desaparecidos, sumada a la polarización política sobre el uso y la transparencia de los datos biométricos del INE, plantea interrogantes fundamentales sobre la voluntad de colaboración interinstitucional en uno de los problemas humanitarios más apremiantes de México. ¿Prevalecerá la coordinación en pro de la identificación de personas, o las «resistencias» y el cálculo político continuarán ralentizando esta vital labor?
